En 2020 trascendió quetres funcionarios de Fiscalía eran investigados por filtrar la denuncia realizada por la presidenta de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía, al entonces director de ese organismo, Nicolás Cendoya.

Los funcionarios habían sido denunciados por el fiscal que investiga la denuncia de Aramendía, Diego Pérez. Posteriormente, fueron formalizados, condenados por la Justicia y destituidos por el Parlamento. No obstante, se desconocía la entidad del daño provocado por los trabajadores removidos de Fiscalía.

En una audiencia realizada el 18 de mayo de este año ante el juez Fernando Islas, uno de los abogados de Cendoya, Diego Camaño, alertó que un documento contenía las contraseñas de fiscales y que ese material se encontraba en la carpeta investigativa del caso.

En la acusación, el fiscal Pérez señaló que Cendoya era responsable por la destrucción de documentos del organismo por parte de un funcionario allegado a él, por la filtración de una denuncia penal elaborada por el abogado de Aramendía, Jorge Barrera, y por el respaldo en forma irregular que otorgó a radios de Palmitas, Soriano, y Bemba FM de Salto. Y le solicitó una pena de 22 meses de prisión (excarcelable).

En la audiencia donde se discutió el sobreseimiento de Cendoya, Camaño señaló al juez Islas que en 40 días el fiscal Pérez subió al expediente penal “200.000 mil archivos en más de 2.000 carpetas”. “Es imposiblemente materialmente que podamos analizar eso en un mes”, criticó.

Camaño, quien pidió una prórroga de 120 días para estudiar la carpeta, remarcó que tendrá que “revisar la basura. Por ejemplo, dentro de esa información (brindada por Pérez) hay cartas de amor entre funcionarios o entre funcionarios y fiscales”.

La carta de amor expresa: “Vos decís que yo quiero TODO, como algo abrumador y todo bien, pero me malinterpretas. Nunca hablé de querer llevarte a un altar, de presentarse en sociedad como ‘novios’, de plantear un proyecto absorbente. Me interesé por una cosa de adultos, de ser un compañero en las distintas cosas que implica una pareja”.

En la audiencia, Camaño señaló al juez Islas que en la carpeta investigativa del caso Cendoya también hay un especie de “voto por NO a un amigo invisible”, organizado por un grupo de compañeros en la Fiscalía.

Tras enumerar estos casos, Camaño redobló la apuesta. “En la carpeta investigativa están las contraseñas y las cédulas de identidad de todos los fiscales. Por ejemplo, su clave -dirigiéndose al fiscal Pérez- es Diegopérez2016 si no la cambió”. Y agregó que Pérez, a nivel interno en la Fiscalía General de la Nación, “tendrá que explicar sobre el acceso a esa información” reservada.

El abogado penalista, Rodrigo Martínez, también defensor de Cendoya, siguió la misma línea de Camaño. En la carpeta investigativa, dijo, “hay 200.000 archivos que incluyen un montón de basura e información reservada de la Fiscalía; habrá que ver qué pasa con una filtración que puede llevar a la revelación de datos sensibles” del Ministerio Público.

Armar una lista con los nombres de fiscales, sus cédulas de identidad y contraseñas revela que se trató de una estrategia que demandó cierta organización y la participación de varios administrativos de dos pisos de la Fiscalía.

Fiscales consultados por El País señalaron que los funcionarios que tenían acceso a esas contraseñas podrían brindar información reservada de carpetas investigativas a grupos criminales o a abogados que podrían realizar procuraciones desde sus propias computadores. Es decir, un abogado con una contraseña de una fiscal podría saber, por ejemplo, si esta ordenó allanamientos o interceptaciones telefónicas y luego avisar a sus clientes para obstaculizar esas medidas.

Un fiscal sostuvo que la seguridad de Fiscalía “hace agua” y agregó que el organismo no contrata trabajadores capacitados ni compra infraestructura nueva.

A juicio del fiscal, la situación es peligrosa. “Con el mínimo conocimiento, cualquiera puede acceder a información clasificada. Tampoco hay cursos de seguridad informática”, advirtió.

La lista de claves revela que ese fiscal está en lo cierto. La mayoría de las contraseñas de los fiscales se relacionan con temas banales. Solo una minoría utilizó claves con números y letras sin un significado.

En tanto, una alta fuente de la Fiscalía relativizó el problema al señalar que la filtración ocurrió en 2020 y agregó que los tres funcionarios partícipes fueron condenados y destituidos. Sostuvo además que luego de detectado el problema, se aconsejó a los fiscales cambiar sus contraseñas.

De todas formas, expresó que no sabía las razones que llevaron a Pérez a incluir la filtración en la carpeta investigativa del caso Cendoya.

El País consultó a varios fiscales que estaban en la lista y estos coincidieron en que cambiaron sus claves en 2020 y cada vez que lo exige el sistema informático de la Fiscalía

De todas formas, manifestaron su malestar por el hecho de que sus nombres, cédulas de identidad y contraseñas fueran incluidos en una carpeta investigativa de un caso.

Con respecto a la filtración de documentos internos de la Fiscalía, el fiscal Pérez replicó que el propio Cendoya fue quien pidió que se le enviara la denuncia de Aramendía y los audios de las audiencias.

“Eso fue denunciado en la sede correspondiente por mí”, agregó el fiscal al juez Islas.

Pérez fue más allá. “Supongo que la información basura que recibió el doctor Camaño tiene que ver con la investigación administrativa de funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que fueron formalizados y condenados por extraer claves de la novedad policial que terminó en el celular de Cendoya”, insistió.

En otro tramo de su intervención, el fiscal reconoció que “es materialmente imposible” para la Fiscalía controlar todos los archivos que fueron subidos a la carpeta investigativa. “La Fiscalía no pudo controlar toda la información. Hicimos lo que pudimos. El poder del Estado es muy limitado. Quien habla hace dos meses que casi no duerme”, expresó Pérez.

Sostuvo que la oficina que dirige elaboró todos los informes pidiendo apoyo a otras unidades de la Fiscalía de la Nación y recordó que, pese a las carencias, cumplió con los plazos del proceso penal.

Dirigiéndose al juez Islas, Pérez insistió en que está convencido de que “la plataforma fáctica” que acusa a Cendoya se encuentra en la carpeta investigativa e insistió en que el exjerarca de la Ursec cometió tres delitos de abuso de funciones.

Al finalizar la audiencia, el juez otorgó una prórroga de 120 días para que la defensa de Cendoya pudiera controlar la carpeta investigativa.