MANIOBRA MILLONARIA

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Una denuncia penal presentada por la asociación de jubilados y pensionados venezolanos residentes en Uruguay -a los que Caracas no les paga sus haberes desde diciembre de 2015-, puso en conocimiento del fiscal de Corte que el Banco Bandes Uruguay mantenía depósitos en cuatro bancos internacionales, y que esta operación -autorizada por el Banco Central del Uruguay (BCU)- pudo haber permitido que el dinero llegara luego a Venezuela. El escrito fue elaborado por el abogado Álvaro Diez de Medina, representante de la asociación.

Según documentos oficiales, los depósitos se encontraban en el Novo Banco de Portugal (por US$ 8,6 millones); en el DZ Bank Alemania (por US$ 2,6 millones); en el Banco do Brasil sucursal Nueva York (por US$ 1,2 millones) y en JP Morgan sucursal Nueva York (por US$ 2,2 millones). El setiembre de 2020 habrían cedido el dinero a un tercero. Todo esto se habría hecho con la autorización del BCU. El total de los depósitos era de US$ 15 millones.

Los denunciantes habían recurrido, en primera instancia, al BCU a fin de obtener respuesta a sus preguntas en relación con esta operación: si, en efecto, los depósitos se hallaban a nombre de Bandes Uruguay o del propio BCU, así como quiénes resultaron los beneficiarios de las cesiones (si el Bandes Venezuela, o terceros designados). El BCU desestimó responder amparado en el secreto bancario.

Concomitantemente a las sanciones, Bandes Uruguay solicitó autorización al BCU a fin de cancelar depósitos a plazo fijo por el mismo monto (US$ 15 millones) mantenidos en esa institución por Bandes Venezuela lo que, a juicio de los denunciantes, completaría una forma indirecta de transferir fondos burlando las sanciones financieras dispuestas tanto por el gobierno de Estados Unidos como los de la Unión Europea, dice el escrito presentado en la Justicia

La denuncia, también patrocinada por el abogado Pedro Montano, fue presentada ante el fiscal de Corte, Juan Gómez, y apunta a la responsabilidad de cinco funcionarios de primera línea del BCU. Se les identifica como partícipes necesarios de la autorización de la que resultara una transferencia millonaria que violaría no solamente la normativa sancionatoria internacional contra Venezuela, sino también normas de contabilidad financiera internacional y nacionales, así como las relacionadas con el lavado de activos. Tras conocer las transferencias millonarias, la asociación de jubilados de Venezuela actuó en representación de 63 de sus integrantes que han demandado al Estado venezolano a fin de obtener el pago de sus jubilaciones.

Interrogados por El País, algunos han informado que presentarán la semana próxima una ampliación de su denuncia, agregando un informe contable sobre los movimientos financieros identificados a partir de notas incluidas en los balances de Banco Bandes Uruguay publicados en la página web del BCU. El mismo fue elaborado por el reconocido perito judicial contador Júpiter Pérez.

“El BCU ha negado en vía administrativa toda información sobre estas operaciones”, manifiesta Adelaida Guevara, presidenta de la asociación. “Es por ello que solo resta ir por la vía penal, que es la que permite levantar el secreto bancario. Está en el interés de nuestros asociados que hoy litigan recibir respuestas, pero también del Uruguay, cuyas autoridades no podrían facilitar una operación violatoria de sanciones internacionales”, dijo Guevara. Y agregó: “Por eso queremos saber: ¿a quién se le cedieron esos depósitos? ¿al Bandes Venezuela? ¿podrían hacerlo así entidades reguladas? ¿o se cedieron a entidades privadas? ¿corporativas o individuales? Si eso fue así, ¿a qué título?, ¿por qué causa?, ¿qué controles se tomaron y qué información se recabó?”.

Además, advirtió que pese a estar internacionalmente sancionado, Bandes Venezuela ya logró reducir de US$ 120 millones a US$ 74 millones sus depósitos ubicados en Bandes Uruguay. “¿Cómo lo hizo?”, se pregunta.

En su demanda ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18° Turno, los 63 pensionistas y jubilados venezolanos y uruguayos reclamaron US$ 7 millones al gobierno de Venezuela porque, al igual que miles de personas en su misma situación en muchos países del planeta, intempestivamente dejaron de percibir sus pensiones y jubilaciones en diciembre de 2015.

En esas actuaciones, la sede judicial inicialmente entendió que Venezuela gozaba de inmunidad de jurisdicción, resolución judicial que fuera apelada y finalmente dejada sin efecto por la Suprema Corte de Justicia en una sentencia del 12 de marzo de 2020. En el mismo proceso judicial, y por decisión del Tribunal de Apelaciones, se obtuvo una medida cautelar, consistente en la inscripción preventiva de la litis contra nueve inmuebles propiedad de Bandes Uruguay.

En esta grave situación se encuentran alrededor de 15.000 personas en el mundo, en tanto en Uruguay habría más de 500, no todas ellas integrantes de la asociación denunciante. “Mucha gente quedó en la miseria. Hay personas viviendo en garajes de las casas de sus hermanos, y situaciones de emergencias médicas graves. Mientras en España o Italia la Cruz Roja ha debido tomar cartas en el asunto, en Uruguay ni siquiera se menciona este problema humanitario”, han explicado desde la asociación.