Durante al menos dos años, un joven denunció a su pareja, madre de su hija, por violencia hacia la menor y tambén contra él. Reportó en varias oportunidades a la Policía que ella les pegaba y lo amenazaba con prohibirle ver a su hija. Hace un año, la madre del hombre también presentó una denuncia, señalando que su hijo tenía una herida en la cabeza y que de forma recurrente era amenazado con que, si se iba de su casa, lo iba a asesinar. Él, “por temor y por vergüenza”, en palabras de la Fiscalía, no quiso denunciar ese episodio concreto. El 29 de febrero de 2024, su pareja le dio una puñalada que le causó la muerte.

Este mes, la jueza Viviana Galleto condenó a la asesina a 11 años de cárcel por haber cometido un homicidio muy especialmente agravado. La agravante muy especial computada es aquella que castiga a quienes asesinan a parientes cercanos, parejas o exparejas. La Fiscalía de Homicidios de 3^er Turno, encabezada por Adriana Edelman, inicialmente había pedido que la pena fuera de 14 años, pero tras la confesión de la acusada tuvo en cuenta ese atenuante y solicitó que la pena sea de 11 años. En la audiencia en la que se llevó adelante el proceso simplificado, la Fiscalía estuvo representada por Edelman y la fiscal adscripta Paula Goyeni.

La víctima, sostuvo la Fiscalía en su demanda acusatoria, solía quedarse a dormir en una construcción al fondo de la casa de su pareja, con la que tenía una relación tormentosa y violenta en la que cortaban y retomaban la relación una y otra vez. De todas formas, en el último tiempo, trataban de únicamente cruzarse para hablar sobre la hija que tenían en común.

En la mañana del 29 de febrero de 2024, luego de una discusión, la víctima salió de su vivienda hacia el patio, pretendiendo abandonar el lugar, y allí fue que la mujer lo siguió y le terminó dando una única puñalada. En seguida, ella llamó a su hermana y a su cuñada para que fueran a asistirlo. Al llegar, notaron que él aún respiraba y junto a otro vecino lo trasladaron hasta la Policlínica de Malinas, donde finalmente falleció.

En ese momento, la acusada dijo a la Policía que no sabía qué era lo que había pasado con su pareja. Relató que le habían avisado que había sido atacado, por lo que ella había ido hasta el lugar para ayudarlo. Sin embargo, cuando los policías comenzaron a pedirle más detalles para poder relevar la posible escena del crimen, empezó a “mostrarse dubitativa” y confesó el crimen.

“Yo no quise matarlo, estábamos discutiendo como habitualmente lo hacíamos, él me sacó dos cuchillos, yo saqué uno y a la altura de las costillas le di una puñalada, pero no pensé que lo fuera a matar", dijo, según relató la fiscal adscripta Goyeni. Luego, en el contexto de una pericia psiquiátrica que le realizaron, agregó que el fallecido había pretendido ahorcarla.

No hubo elementos objetivos que demostraran que la víctima haya querido agredirla. En la autopsia de él se constataron heridas defensivas.

La pericia psiquiátrica indicó que la condenada tiene un “mal manejo de la ira, la impulsividad y baja tolerancia a las frustraciones”, y por eso “siempre quiere ganar las peleas o discusiones”.

El contexto del vinculo era de extrema violencia y, según declararon varios testigos en Fiscalía, esta era ejercida siempre por ella. A tal punto que la víctima había tenido “inconvenientes para concurrir a su trabajo” porque ella se ponía celosa y no quería que tuviera contacto con otras mujeres.

Así, tanto la víctima como su madre habían presentado denuncias en la Policía y también en la Línea Azul de INAU respecto de la niña. Una de las que hizo el propio fallecido, señalaba que su pareja le había pegado con un palo de escoba. Para ese entonces, él ya “había solicitado la imposición de medidas de restricción, incluso había solicitado hacerse cargo de su hija en virtud del ambiente en que la misma estaba creciendo, pero evidentemente eso no fue dispuesto oportunamente”, informó la fiscal.

"La agresión partió de ella misma, no hubo una provocación de la víctima, quien no hace más que huir, justamente intenta salir de la finca por los fondos, evidentemente sin éxito. No existió racionalidad alguna", resumió Goyeni.

El homicidio muy especialmente agravado tiene una pena mínima de 10 años y máxima de 24 años. En este caso, se tuvo en cuenta como atenuante la confesión del crimen y el hecho de que la mujer no tenía antecedentes penales.