El fiscal Fernando Romano tiene como uno de sus casos prioritarios la denuncia de Rosario Barrera, la madre de una mujer de 41 años y sin complicaciones médicas que el 25 de octubre pasado se sometió a una operación de rutina y desde entonces quedó en un coma profundo por irregularidades que se están investigando.

La indagatoria comenzó a tener actividad entre fines de marzo y principios de este mes, cuando fueron citados ocho testigos, todos médicos, enfermeros e instrumentistas quirúrgicos de la institución; y continuó con novedades las semanas siguientes, hasta completar una grilla de 19 profesionales de la mutualista que fueron interrogados por Romano.

Al mismo tiempo, el fiscal espera resultados de otras diligencias de su investigación.

Aguarda, por ejemplo, que el SMI le envíe el expediente con la investigación interna sobre lo ocurrido esa noche de octubre, cuando Soledad Barrera ingresó a la sala de operaciones para que le extrajeran la vesícula -una intervención quirúrgica menor de unos escasos minutos- y de forma imprevista sufrió un paro cardíaco que le generó un severo daño cerebral, para desesperación de su madre, Rosario, que por aquellos días no lograba que las autoridades de la institución le dieran una respuesta convincente sobre lo que le había pasado a su hija.

De lo que sí estaba convencida la madre de Barrera era que la anestesista que intervino en la operación tuvo responsabilidad en lo sucedido.

Y esta investigación que lidera Romano, según indicaron a El País fuentes de la indagatoria, tiene a esa mujer en la mira.

La anestesista, que en todo momento defendió su actuación en esta operación (ver recuadro), fue apartada de la institución en forma preventiva mientras se desarrollaba la investigación interna -posterior a que El País divulgara el testimonio de la madre de Barrera, el pasado 31 de diciembre-, y en los últimos días desvinculada del SMI, hecho del que están al tanto en el equipo que lidera Romano.

Por eso es que para la Fiscalía los detalles de ese expediente de la mutualista serán “determinantes” para el desenlace de este caso, en donde se podría configurar una “mala praxis” médica.

Es un hecho, señalaron las fuentes consultadas, que la anestesista será citada como indagada por Romano en las próximas semanas -probablemente sobre el mes de mayo.

Pero antes de eso, el fiscal espera conocer no solo lo que concluyó el informe legal de la mutualista para la que trabajaba la anestesista sino la respuesta de oficios que envió a otras instituciones en las que esta profesional se desempeñó, como los hospitales Policial y Militar. Porque el fiscal busca averiguar si esta mujer “tiene antecedentes” de irregularidades médicas. “Quiere saber si ella ya afrontó sumarios o investigaciones”, señalaron los informantes, algo que Romano “sospecha”, según supo El País, en base a “indicios” en ese sentido.

En la interna del SMI, la anestesista ha sido señalada por haber modificado la ficha de control anestésica de la paciente días después del procedimiento quirúrgico. De hecho, esto está puntualmente descrito en la denuncia de Barrera, redactada por el abogado Diego Bais, y fue señalado por parte del equipo de intensivistas de la institución, que advirtieron por una “adulteración de un documento médico-legal” por parte de la anestesista.

Pero la clave del caso estará en definir qué responsabilidad tuvo esta profesional en el paro cardíaco que sufrió Soledad Barrera durante la operación.

Ya está a disposición de Romano un informe médico-legal que las fuentes del caso definieron como “contundente”, pero el debate continuará porque atañe al corazón de la investigación: la duración del paro que sufrió Rosario -sobre lo cual hay distintas versiones- y, por supuesto, qué fue lo que lo desencadenó.

La versión de la anestesista es que el daño cerebral que sufrió la paciente puede explicarse por diversos “motivos fisiológicos” propios de las cirugías laparoscópicas, pero hay informes médicos que descartan esta posibilidad.

Foto: Archivo El País