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Los próximos días serán clave para los 400 ahorristas que invirtieron en acciones o en bonos en las empresas corredores de bolsa de la inversionista Sara Goldring.

Las pérdidas millonarias alegadas por la empresa generaron denuncias penales, que hoy son investigadas por el fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez. Los denunciantes manejan que la estafa realizada por la inversionista supera los US$ 100 millones. Por su parte, la empresaria sostuvo que el déficit financiero se debió a la caída de las acciones.

Para definir los alcances del conflicto, el Banco Central del Uruguay (BCU) y la Bolsa de Valores realizaron un trabajo minucioso para que cada cuenta de los clientes refleje el monto que corresponde.

Después de esa engorrosa tarea, el BCU resolvió, el 28 de diciembre de 2022, encomendar a la Bolsa de Valores de Montevideo S.A. -en su calidad de interventor de la empresa de Sara Goldring, Custodia de Valores Inmobiliarios (CVM) Corredora de Bolsa- la notificación a los clientes de sus saldos. Y ello ocurrirá en los próximos días, como informó El Observador.

Esta resolución, a la que tuvo acceso El País, tiene una vital importancia para los inversionistas, ya que días atrás fueron citados por uno de los hijos de Goldring para acordar, en forma rápida, los montos que tendrían en cada cuenta. Por ejemplo, si el inversionista BB acordaba en forma privada con el hijo de Goldring y una asesora que iba a recibir US$ 20.000, pero el Banco Central establece que, en la cuenta de BB había US$ 200.000, el cliente hubiera perdido US$ 180.000. Ninguno de los clientes citados por la empresa rubricó un acuerdo.

A los inversores convocados para realizar esos acuerdos les llamó la atención que, en las reuniones, participara uno de los hijos de Goldring que no figura como titular o socio en la firma corredora de Bolsa, señalaron las fuentes.

“Ese hijo de Sara tomó la rienda de la empresa”, agregaron.

Liquidación

El segundo punto de la resolución del Banco Central del Uruguay, firmada por el Superintendente de Servicios financieros de la entidad pública, Juan Pedro Cantera, dispone la disolución y consiguiente liquidación en sede administrativa de Custodia de valores Mobiliario la firma (CVM) Corredora de Bolsa S.A.

El tercer punto de la resolución, designa en carácter de liquidador delegado del Banco Central del Uruguay en la empresa corredora de Bolsa de Goldring a la Liga Comercial.

Consultado por El País, el abogado de un grupo importante de damnificados, Nicolás Guizzo, dijo que no lo toma por sorpresa esta resolución en virtud que investigó en profundidad y mantuvo contacto permanente con el BCU.

“Es importante que esa información se vuelva oficial, ya que la empresa provocó un apagón informático en los meses de mayo y junio. Los clientes no recibieron información sobre sus cuentas. Ello provocó muchísima angustia en virtud de la incertidumbre que eso generó”, dijo Guizzo.

Y agregó que la resolución del BCU representa un “importante avance” ya que planteará un nuevo escenario para los damnificados puesto que sabrán en qué lugar y monto se encuentran sus inversiones al día de hoy para la toma de futuras decisiones.

Guizzo, que representa a 48 víctimas, destacó la importancia de recibir datos ciertos por parte de entidades responsables.

“Y se demuestra la ‘ficción’ que pretendía generar el hijo de Sara Goldring en las reuniones haciendo creer que las pérdidas era un 90% para todos los clientes cuando esto no era así”, sostuvo el profesional.

Embargo

Por otra parte, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Elena Mainard, decretó el embargo de bienes de la corredora de Bolsa Sara Goldring ubicados en Estados Unidos y valorados en unos US$ 20 millones.

La mayoría de esos activos se encuentran a nombre de sociedades o en bancos de inversión.

La resolución de la jueza Mainard, a la que tuvo acceso El País, se realiza a pedido del fiscal Rodríguez, tras un escrito presentado por el estudio Donnángelo-Durán-Sasson, que representa a casi un centenar de damnificados. Estos ahorristas sufrieron pérdidas por unos US$ 20 millones, según dijo el abogado Pablo Donnángelo a El País.

La resolución de la jueza, fechada el 14 de diciembre de 2022, señala que dispondrá medidas sobre los bienes de Goldring, pero advierte que los denunciantes tienen que saber que deberán presentar una demanda civil contra la corredora de Bolsa de Valores dentro de un plazo de 60 días de efectivizadas las medidas.

Mainard dispuso, además, que se trabe un embargo respecto del dinero y valores que se encuentran depositados en varias cuentas y que notifiquen de ello a la Bolsa de Valores de Montevideo.

También resolvió embargar la totalidad del paquete accionario de las empresas de Goldring radicadas en el extranjero y, además, estableció la medida de no innovar. Por ejemplo, Goldring y sus familiares directos no podrán vender esas empresas a terceros.