"OPERACIÓN ÁRTICO"

La “Operación Ártico” conmocionó a Paysandú. Doce personas resultaron procesadas por la Justicia por la explotación sexual de seis víctimas adolescentes.

La operación policial, dirigida por la fiscal sanducera, Carolina Martínez, comenzó en febrero del año pasado cuando una funcionaria del INAU denunció a la Policía que una menor era supuestamente abusada por un adulto.

La Policía dio cuenta de la denuncia a la Fiscalía, que ordenó continuar con la indagatoria del caso.

Efectivos de investigaciones e inteligencia de la Policía de Paysandú comenzaron a buscar en las redes sociales (Instagram y Facebook) de la víctima y descubrieron que estas tenían contactos con un adulto.

Los policías hallaron indicios sobre la existencia de supuestos delitos e informaron sobre ello a la fiscal Martínez. Acto seguido, la fiscal solicitó a la Justicia que otorgara órdenes de incautaciones de los celulares tanto de las adolescentes como del adulto. En poder de los aparatos, los investigadores policiales intensificaron los estudios de los contactos de las chicas con el hoy imputado.

“Empezaron a surgir más indicios. Por eso la operación duró más de un año”, explicó a El País el jefe de Policía de Paysandú, Eduar Álvez.

En ese momento, los investigadores policiales constataron que las víctimas, que se comunicaban con los adultos hoy imputados a través de las redes sociales, tenían entre 14 y 16 años. Mientras que las edades de los adultos oscilaban entre los 24 y 72 años. También está vinculada al ilícito una mujer de 20 años.

Consultado por El País acerca de los montos de dinero que los investigados ofrecían a las menores de edad, el jefe Álvez señaló que las sumas oscilaban entre $ 500 y $ 5.000.

Las adolescentes explotadas y los presuntos autores de los delitos mayores de edad residían en la ciudad de Paysandú y alrededores, agregó el jerarca policial.

Según dijo a El País otra fuente del caso, los hombres mantenían contactos sexuales con las adolescentes sabiendo que eran menores de edad y también que una de las chicas estaba en un hogar de amparo del INAU.

La Policía logró comprobar, además, que la mujer de 20 años tenía un vínculo con las adolescentes y negociaba con ellas ventas de drogas.

El martes varias unidades operativas de la Jefatura de Policía de Paysandú realizaron allanamientos y detuvieron a 12 personas que fueron puestas a disposición del Juzgado Letrado en lo Penal de 4° Turno, con intervención de la Fiscalía de 1er Turno, cuya titular es la fiscal Carolina Martínez.

Según indicó Álvez, las defensas de los doce imputados, entre ellos la joven de 20 años, acordaron con la Fiscalía la realización de un juicio abreviado.

Mediante ese mecanismo, los imputados colaboran con la investigación y reconocen sus participaciones en los hechos a cambio de una baja de sus condenas. En caso que no lleguen a un acuerdo con la Fiscalía, enfrentan a un juicio donde podrían sufrir penas más severas.

El caso de Paysandú es, en menor escala, una copia casi exacta de la “Operación Océano”, que hoy tiene 31 imputados y 17 presuntas víctimas.

El jefe de Policía sanducero explicó que, de los 12 imputados, diez fueron condenados por delitos de promesas de retribución o retribución a una menor de edad a cambio de actos sexuales; otra persona fue acusada por mantener contactos con menores de edad mediante medios tecnológicos y la joven fue culpada de incurrir en un delito de negociación de estupefacientes.

Entonces, 12 personas fueron condenadas, de las cuales 11 con prisión efectiva y la restante con libertad a prueba.

Las penas para aquellos condenados con prisión oscilaron entre dos y tres años de acuerdo a las tipificaciones de los delitos reconocidos en la sede judicial. A seis de los 12 condenados, la Justicia les impuso medidas accesorias como la suspensión de la patria potestad por 10 años, la obligación de pagar a víctima una reparación equivalente a 12 sueldos del acusado y la inclusión de nombres de los acusados en el registro de agresores sexuales.

Un informe del INAU de Paysandú elevado a la encargada de Dirección del organismo alertó una situación de abuso que involucra a una menor de 14 años que, en febrero de 2021, estaba institucionalizada en un hogar del instituto. El documento brindaba datos para que la dirección presentara el caso ante la Fiscalía sanducera.

“De acuerdo a lo dicho por una educadora (de Paysandú), el 5 de febrero de 2021 concurrió a las 23 horas a un almacén que gira en el rubro de 24 horas ubicado en la calle Entre Ríos entre Florida y Uruguay. Cuando la educadora subió a su vehículo, estacionó delante de ella un auto Volkswagen Bora color gris plata. De allí descendió de la parte trasera la adolescente, en compañía de otra muchacha desconocida para la funcionaria, de estatura media, delgada de cutis blanco y cabello rubio platinado”, dice el documento. Y agrega que el conductor del automóvil tenía entre 42 a 46 años.

El informe expresa, además, que la adolescente había pasado a cargo de su padre y que debía cumplir un horario en su domicilio.

Consultado por El País, el presidente del INAU, Pablo Abdala, dijo que, más allá de la gravedad de los hechos, la condena de los 12 acusados confirma la necesidad del trabajo interinstitucional para combatir abusos a menores. “El informe del INAU desencadena la investigación de la Fiscalía”, explicó Abdala. “La explotación sexual de adolescentes es un fenómeno que nos preocupa mucho”, concluyó.