Redacción El País
Marcelo Balcedo y su pareja, Paola Fiege, sufrieron un nuevo revés judicial. Un Tribunal de Apelaciones volvió a negarles la calidad de refugiados en Uruguay, como ya lo había hecho un juzgado en primer término, y ahora solo les queda presentar un recurso de casación para que el caso lo resuelva la Suprema Corte de Justicia. El abogado de ambos, Marcelo Domínguez, ya anunció que irá por esa alternativa, y en caso de que el reclamo sea aprobado, se suspenderá la extradición que fue solicitada por la Justicia argentina y aceptada por la de Uruguay, aunque si se rechaza, deberán cruzar el Río de la Plata para ser indagados.

Es que en febrero Fiege, que se encontraba recluida junto a Balcedo en su residencia de Playa Verde, en el departamento de Maldonado, quedó en libertad, mientras que él tiene que cumplir condena hasta 2024.

En Argentina, en tanto, son investigados por defraudación por administración infiel contra el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad, que Balcedo dirigía, y por lavado de activos y asociación ilícita. Allí, según pudo saber El País en contacto con fuentes judiciales, la causa ya fue elevada a juicio oral contra presuntos cómplices del sindicalista, pero el juez Ernesto Kreplak, encargado de la investigación, no tiene al acusado central.

De hecho, fuentes judiciales de Argentina vinculadas a la causa señalaron que están molestas por cómo se ha dado el proceso en Uruguay, por entender que en este caso puntual no existió la debida colaboración internacional. Entre otras cosas, reclaman que Fiege, que ya cumplió condena en Uruguay, sea extraditada para ser juzgada en Argentina, y que lo mismo suceda con Balcedo una vez que termine su pena. No obstante, entienden que presentan sucesivamente pedidos de refugio para mantener en suspenso la extradición.

Esta causa judicial tiene un punto en común con otra que vincula a ciudadanos argentinos de renombre y Uruguay: la de Martín Insaurralde. El exjefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires fue denunciado por un presunto acuerdo de divorcio realizado en Uruguay con su exesposa, la modelo y conductora de televisión Jésica Cirio, que rondaría los US$ 20 millones, lo que no condice con sus ingresos.

Este otro caso, que salió a la luz luego de que Insaurralde fuera descubierto en un yate de lujo en España con la modelo Sofía Clerici, lo que tuvo consecuencias políticas en Argentina, motivó a que Kreplak solicitara colaboración a Uruguay. Entonces la Justicia uruguaya pidió información al Banco Central del Uruguay, que se encuentra buscando pistas del presunto acuerdo.

Y si bien las fuentes de la Justicia argentina manifestaron tener cierta desconfianza en sus pares uruguayos por cómo se procesó el caso de Balcedo y Fiege, entienden que todavía se está a tiempo de conseguir la información financiera solicitada.

Según la resolución del Tribunal de Apelaciones a la que accedió El País, Balcedo y Fiege denuncian “total ausencia de garantías de transitar un proceso penal en Argentina” que cumpla “con las reglas del debido proceso”. Esto porque presuntamente Balcedo “es perseguido por pertenecer a determinado grupo social de dirigentes sindicales y por sus opiniones políticas”, situación que comenzó con el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019.

En el caso de Fiege, alegan que sería por ser la concubina de Balcedo y madre de sus tres hijos, además de por dirigir un diario “que ha tenido una línea editorial con un claro mensaje opositor a los lineamientos” de Macri y la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

La resolución señala que Balcedo es propietario de 18 radios FM y una radio AM, así como de otros medios de prensa como un diario.

Según el documento, además, su vínculo con el sindicato de la educación se inició cuando “colaboraba con una escuela que se había incendiado y no quería recibir un salario, así que acordó trabajar en ella sin sueldo, a cambio de que le vertieran los aportes respectivos”.

La defensa de Balcedo y Fiege expresó que la “persecución judicial” de Kreplak “se enmarca en ese contexto coyuntural nacido en lo más rancio del macrismo”. Pero tanto la Comisión de Refugiados (compuesta entre otros por integrantes del Poder Ejecutivo) como la Justicia han desestimado estos argumentos.

En diálogo con El País, Fiege señaló: “Nosotros no estamos prófugos en Uruguay ni en Argentina como Pepín Rodríguez Simón (exasesor de Macri); en ambos países estamos a derecho”. Además señaló que “en Argentina pronto va a haber un pronunciamiento a favor” de ellos y “esto se va a terminar cayendo”.

“Vamos a iniciar otras acciones ya que todo lo que nos pasó fue por la persecución política y opinión editorial en nuestro diario en su momento. Básicamente fue un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de prensa; ya que a eso nos dedicamos en Argentina”, sentenció.