Por Eduardo Barreneche
En un hecho inédito en la historia de la Fiscalía, dos fiscales protagonizaron una discusión de elevado tono dentro de las oficinas del organismo, que obligaron a intervenir a varios funcionarios.

Según supo El País, la fiscal Gabriela Fossati y su equipo -la fiscal adscripta, Gloria Nicolini, y el coordinador Pablo Bardino- se encontraban trabajando en su despacho cuando ingresó al mismo el fiscal Fernando Romano.

Al ver llegar a Romano, quien subrogó a Fossati cuando esta se encontraba de licencia médica, Nicolini y Bardino se levantaron de sus sillas para salir de la oficina. Su intención era dejar a solas a los dos fiscales titulares.

Sin embargo, Fossati los retuvo para que fueran testigos de lo que estaba por desatarse. La discusión entre ambos subió de tono.

“Hubo un incidente entre ambos (Romano y Fossati) por la subrogación (cuando la fiscal estaba de licencia) y se tramitaba el caso Leal”, dijo una fuente del caso a El País.

Después del incidente, Fossati presentó una denuncia contra Romano por violencia de género, tal como informó Canal 4.

Por su parte, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dispuso una investigación de urgencia. Ayer trascendió que la fiscal que realizaría esa investigación sería Sabrina Flores, lo que se dilucidará en breve.

El domingo 5, Fossati pidió licencia médica durante 15 días luego de reconocer que eran suyos los audios que envió al periodista Carlos Peláez donde se refería al caso Astesiano. En uno de ellos Fossati dijo: “Esto es una bomba de tiempo, y que quede claro que a nadie le interesa. A los que les interesa, les interesa por otros fines, no por la justicia, les interesa para sacar rédito político. A los otros no les interesa y, entonces, los que eventualmente cometieron errores, pero me tienen que auxiliar (la Policía), lo que hacen es ensuciarme por atrás”.

Durante su licencia, Fossati fue subrogada por el fiscal Romano. En una audiencia realizada el viernes 10 ante el juez Gonzalo Arzuaga, Romano dijo que no había encontrado en la carpeta investigativa indicios como para imputar a Leal de un delito de encubrimiento. De todas formas, Romano obtuvo seis días para continuar analizando dicha carpeta.

Ese mismo viernes 10, Romano visitó a Alejandro Astesiano en la cárcel para que le brindara información sobre varias líneas de investigación abiertas, según informó ayer El Observador y confirmó El País.

Al día siguiente, sábado 11, Fossati llamó a Romano por teléfono y lo insultó, según dijeron fuentes del caso a El País.

El domingo 12, Fossati se comunicó con Gómez y le señaló que estaba bien de salud y le dijo que se reintegraba el lunes 13 presentando un certificado de alta médica.

De esa forma, Fossati evitó que Romano la subrogara en la audiencia prevista para hoy, la que fue cancelada a pedido de la defensa de Leal.

En ese marco de crispación interna en la Fiscalía, los abogados de Leal, Diego Camaño, Rodrigo Martínez y Carlos Rodríguez, denunciaron en vía administrativa a la fiscal Fossati, por no informar durante 28 días sobre los hechos que la llevaron a pedir la imputación por encubrimiento para el dirigente del Frente Amplio.

A fines de enero de este año, el exjerarca del Ministerio del Interior visitó a los familiares del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, en Barra do Chui (Brasil), para ofrecerle dinero para pasajes, dijeron fuentes cercanas al excustodio presidencial.

Leal negó que le haya ofrecido ayuda a los padres de Alejandro Astesiano.

El 16 de febrero pasado, Leal fue citado por Fossati a declarar como testigo. Antes de ingresar a la audiencia, dijo a los periodistas que a la salida daría una rueda de prensa. Sin embargo, pasó de testigo a tener la calidad de imputado y se fue por una puerta lateral.

En por lo menos cuatro ocasiones, la defensa de Leal solicitó a Fossati que brindara las razones por las cuales su defendido es investigado por el delito de encubrimiento. En la tarde de ayer, la defensa del dirigente frenteamplista presentó una denuncia administrativa contra Fossati por supuestamente violar los derechos y garantías de los imputados establecidos en varias normas.

Una de ellas es el artículo 64 del Código de Proceso Penal (CPP). El punto C de ese artículo dice: el imputado tiene derecho a que “se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan y los derechos que le otorgan la Constitución de la República y las leyes”.

Para Leal y sus abogados, Fossati incurrió, además, en una falta grave por incumplimiento contumaz a sus obligaciones funcionales. Mencionan, en su escrito, que Fossati violó el artículo 68 literal B de la Ley 19.483 (Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación) referido a faltas muy graves cometidas por fiscales.