En el expediente judicial sobre la prisión y colocación de una tobillera al narcotraficante Juan Antonio González Bica hay documentos de organismos oficiales que solicitan medidas alternativas a la prisión para el entonces recluso por una supuesta enfermedad renal imposible de tratar en la cárcel. Uno de los informes fue considerado falso por un jerarca de un organismo público y otros dos escritos carecen de firmas, aunque tienen logo de una institución oficial, según constató El País al acceder al expediente en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado de 2° Turno.

Esos documentos fueron presentados por la defensa de González Bica. Uno de ellos fue clave para que la jueza especializada María Helena Mainard otorgara, en una sentencia, la prisión domiciliaria con tobillera para el narcotraficante, quien se fugó tres meses después al romper el aparato.

El 2 de mayo de 2022, el Departamento de Información de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) dio inicio a la “Operación Pitágoras”, que tenía como objetivo confirmar si González Bica se encargaba de la distribución de drogas en la zona metropolitana.

El 12 de junio de 2022, la Fiscalía de Estupefacientes de 1er Turno, cuya titular es la fiscal Mónica Ferrero y las adscriptas Gabriela Fernández y Cecilia Ronco, solicitó a la jueza Mainard que acceda a la aplicación de la técnica de investigación denominada “entrega vigilada”. Esto es, la Policía permite que los delincuentes reciban la droga y luego son detenidos.

Tras contar con la anuencia de la magistrada, los investigadores de la Dgrtid llevaron adelante la “Operación Pitágoras” contra “un grupo de personas vinculadas entre sí, que estarían llevando a cabo actividades para coordinar el ingreso por frontera seca y posterior distribución (de drogas) en diferentes ‘bocas’ de Montevideo y zona metropolitana”. Tal extremo consta en un documento presentado por la Fiscalía. El informe agrega que “el grupo estaría liderado por González Bica y por Marcelo G.R., carente de antecedentes penales”.

La vigilancia policial detectó que González Bica poseía una gran flota de vehículos -entre ellos un Chevrolet Camaro valuado en US$ 70.000-, los cuales “podría utilizar” en el traslado de la sustancia. El traficante, según el informe de Fiscalía, también tenía un BMW Z4 coupé, un Opel Corsa, un Peugeot 208 y una camioneta Saveiro Cross. Días más tarde, los policías detectaron que en una de las casas de González Bica, ubicada en el balneario La Floresta, se encontraba un furgón Citroën ploteado como si fuera una ambulancia. Ese 12 de junio de 2022, los investigadores policiales desplegaron varios vehículos al constatar que González Bica se dirigía a Melo en un Volkswagen Gol. Horas más tarde, los investigadores ubicaron en la capital de Cerro Largo el Peugeot 208.

Tras obtener de la jueza Mainard la autorización para la aplicación de la entrega vigilada y la detención del grupo de traficantes de drogas, el procedimiento se estableció para la noche de ese 12 de junio.

En las cercanías del pueblo Noblía, el equipo policial escuchó que se acercaba una avioneta. Los investigadores supusieron que el aparato traía la droga. Poco después, varios autos se acercaron a la “ambulancia” Citroën y transbordaron la “mercadería”.

A partir de ahí la banda se manejó en caravana hasta el kilómetro 308 de la Ruta 8 donde la Policía detuvo a la “ambulancia” y a la camioneta Saveiro. Al verse rodeado, González Bica trató de huir en la “ambulancia”. Dio marcha atrás, golpeó y dañó un móvil policial e intentó fugarse. Pero los oficiales le dispararon a tres ruedas y fue capturado. Al examinar el interior de la “ambulancia”, los policías encontraron 10 bolsones que contenían 140 paquetes de cocaína y 240 ladrillos de pasta base. Según la Policía, la incautación fue de unos 420 kilos de estupefacientes.

Dentro de un Chevrolet Camaro, propiedad de González Bica, los policías encontraron otros 17 kilos de cocaína. También decomisaron dinero, teléfonos celulares y handys.

Luego, González Bica y otros tres cómplices fueron formalizados con prisión preventiva.

El 7 de diciembre de 2022, González Bica alcanzó un acuerdo abreviado con la Fiscalía y fue condenado por la Justicia a cumplir una pena de cuatro años y 11 meses de penitenciaría por los delitos de transporte de estupefacientes, tráfico interno de armas y receptación. Se le decomisó una propiedad, vehículos y armas.

A partir del 20 de octubre de 2022 comenzaron a incluirse en el expediente judicial supuestas solicitudes e informes de organismos públicos relacionados con González Bica que carecen de firma. Uno de ellos es dirigido al “jefe de Policía de Centro Penitenciario N° 3 de Libertad”. Señala que, por disposición de la Justicia, González Bica debía presentarse en el Instituto Técnico Forense (ITF) de la ciudad de Libertad el 24 de octubre de 2022.

Otro documento público, que El País constató ayer que era apócrifo tras hablar con el jerarca de la repartición estatal, dice: “Se considere la necesidad de asistencia que Juan González Bica requiere, priorizando el derecho al tratamiento para su estado de salud, salud mental y otorgando la prisión domiciliaria al mismo para su atención, garantizando no solo el acceso a la salud de acuerdo a las indicaciones del médico tratante sino también el régimen de vida que le permita condiciones de convivencia capaz de sostener un tratamiento integral”. Ese documento supuestamente falso fue incluido por la defensa de González Bica para pedir a la jueza Mainard la prisión domiciliaria del condenado por sufrir “dolencias cardíacas y renales”.

El 8 de mayo de 2023, otro informe oficial, que carece de firma, reitera las supuestas enfermedades cardíacas y renales del condenado. “ (...) se puede inferir que en la Unidad en donde se encuentra recluido no se encuentra con las condiciones necesarias para la asistencia debida y correcta que requiere el Sr. González”, expresa el escrito.

En una audiencia realizada el 31 de mayo de este año, la jueza Mainard dispuso la prisión domiciliaria del narcotraficante en base a un supuesto informe oficial incluidos en la carpeta investigativa.

La fiscalía apeló. El 30 de agosto pasado, González Bica rompió la tobillera (ver nota aparte).