TRAS PROHIBIR VACUNACIÓN PEDIÁTRICA

Pasadas las tres de la tarde de ayer los abogados de Presidencia y el Ministerio de Salud Pública (MSP) entregaron al juez Alejandro Recarey su apelación al fallo que este dictó el jueves pasado donde determinó la “suspensión inmediata” de la vacunación contra el covid-19 a los niños menores de 13 años. Según supo El País, el gobierno tiene “la convicción” de que logrará revertir la decisión de Recarey y así “retomar cuanto antes” la inoculación pediátrica.

A pesar de que había tiempo hasta hoy, las autoridades se esforzaron por entregar la apelación ayer. Incluso se manejó la posibilidad de apelar el viernes, pero se priorizó tener más tiempo para elaborar la argumentación jurídica.

A rasgos generales, la argumentación del Poder Ejecutivo subrayó que la información exigida por el juez Recarey -como condición para reactivar la vacunación a menores- ya es pública y que la evidencia científica a favor de las inoculaciones echa por tierra cualquier acusación contraria al beneficio de las vacunas.

Pero buena parte de la defensa que hizo el gobierno, según dijeron a El País fuentes judiciales, también se basó en cuestionamientos al accionar del magistrado -tal como ya lo habían hecho los abogado del gobierno en las audiencias de la semana pasada- y la manera sobre cómo condujo el proceso. A criterio del gobierno el juez incurrió en más de un vicio.

En concreto, Presidencia y el MSP insistieron en que Recarey adelantó públicamente su opinión sobre la confidencialidad de los contratos firmados por Uruguay con el laboratorio Pfizer. Lo hizo en una publicación del portal académico Dialnet, en la que expresó claramente su postura al respecto al cuestionar la legalidad de ese tipo de acuerdo.

Pero también incurrió en prejuzgamiento, de acuerdo al gobierno, en otras situaciones. Por ejemplo, en una resolución judicial del año pasado en la que directamente cuestionó el rol de la ciencia y las políticas sanitarias. O, también, en la propia forma de interrogar a algunos de los testigos que comparecieron en las audiencias sobre la acción de amparo.

Otro de los ejes de la defensa del Ejecutivo -que también fue planteada ante Recarey en las audiencias de la semana anterior- consistió en desacreditar la legitimación activa del demandante, en el sentido de que no puede arrogarse por sí y ante sí la representación de todos los niños menores de 13 años.

Asimismo, se insistió en que ya pasó más que tiempo suficiente entre que comenzó la vacunación a los menores a fines de febrero del año pasado y la presentación de este amparo. Fue un lapso muy superior a los 30 días que prevé la ley para presentar este recurso cuando se interpreta que hay vulneración de derechos, aseguran.

Por su parte, el abogado demandante Maximiliano Dentone dijo a El País que se encuentra “muy tranquilo” y esperará a ser notificado por el juez para ver el contenido de la apelación y “elaborar una respuesta”.

A pesar de que no se sabe exactamente qué día habrá una sentencia de parte del Tribunal de Apelaciones, esta probablemente no ocurra antes de 10 días debido a los procedimientos judiciales.

A partir de hoy comenzaron a correr los tres días hábiles para que Dentone presente una respuesta a la apelación que emitió el gobierno ayer. Una vez presentada el juez deberá elevar la apelación y la respuesta del abogado al Tribunal de Apelaciones, que cuenta con cuatro días hábiles para determinar un fallo. Por lo tanto, esto no ocurrirá hasta el miércoles próximo. Sin embargo, dada la feria judicial, es posible que los tiempos se demoren “un poco más”, según las fuentes judiciales consultadas.

Debido a la trascendencia que tuvo el fallo de Recarey en la opinión pública, el juez emitió un comunicado para aclarar la situación el viernes pasado y marcó un precedente, ya que no es algo frecuente entre los magistrados.

Recarey sostuvo: “La sentencia no prohíbe el desarrollo de la campaña vacunatoria a menores si no que solo la suspende con carácter provisional y temporario”.

Además, Recarey asegura que su “sentencia, terminantemente, no se involucra en discutir aspectos científicos tales como la eficacia o la seguridad de las vacunas, ni la necesidad o conveniencia de la vacunación a menores”.