El inmenso edificio del Archivo Judicial, situado sobre la avenida San Martín a la altura del 2400x, no llama la atención de nadie. Sus paredes tiene una pintura sacudida por el tiempo y apenas una pequeña placa dice el nombre del edificio. La puerta sí genera interés de los peatones más observadores por sus pequeños recuadros y su estilo antiguo. En la parte más alta del punto de ingreso se lee en letras grandes de hierro “Archivo General de la Nación”.

El verdadero tesoro está dentro. Después de traspasar la entrada de la institución, el visitante ingresa a un mundo que desconocía. Miles de expedientes agrupados en estanterías por departamento y por año. “San José, 1870”, dice uno de los carteles. Más allá hay otros: “Juzgado Civil, Lavalleja, 1927”. En otras estanterías se observan las carátulas de expedientes de Salto y Flores. Caminando entre las estanterías, se ven legajos sobre episodios criminales, juicios civiles, administrativos y laborales entre otros. Miles y miles de historias, la mayoría de ellas anónimas en incalculables hojas de papel.

El expediente más antiguo data de 1730 y los últimos ingresaron en 2003. Todos ellos están alojados en 5.000 metros cuadrados del edificio que tiene una planta baja y dos niveles.

La subsecretaria del Ministerio de Educación e historiadora, Ana Ribeiro, y el secretario Técnico del Archivo General de la Nación, Mauricio Vázquez, explican que allí hay 125 kilómetros lineales si se ponen los archivos uno al lado del otro. En un anexo ubicado a poca distancia, agregan, hay una cantidad muy inferior.

A esto se suma que en el Archivo General de la Nación (AGN) hay cinco kilómetros lineales de expedientes, lo que sumados todos serían unos 130 kilómetros custodiados por el Estado uruguayo.

Ribeiro y Vázquez suben a un ascensor, tan antiguo como el edificio, y llegan a un segundo piso para mostrar la remodelación que sacará al Archivo Judicial de tener sobre su cabeza una espada de Damocles: eventuales ingresos de agua por los techos antiguos que arruinarían todo.

La viceministra recuerda que un temporal, ocurrido hace un tiempo, levantó una parte del techo del viejo edificio y se debió realizar una reparación provisoria. Cada vez que llovía, Ribeiro perdía el sueño, relata.

El edificio del Archivo Judicial era una antigua fábrica de refrescos que cerró a fines de los sesenta. En 1973, el Estado tomó posesión del edificio y se envió allí todo el archivo judicial del país.

Creado en 1883, este archivo representa la memoria estatal. Por ello, es un lugar visitado por abogados, escribanos y fiscales, entre otros especialistas, para obtener datos sobre escrituras de propiedades, particiones y antecedentes de casos judiciales, entre otros asuntos.

De ahí la importancia de la remodelación del techo del segundo piso, según Vázquez. Señala que el techo fue construido con un tecnología -Confort Panel- que lo hace más flexible y ayuda a mantener la humedad documental entre 45 y 55 grados y una temperatura estable de 18 grados.

Ribeiro dice que en el mundo los archivos funcionan bajo riesgo de plagas, humedad, catástrofes ambientales o guerras. “En el Caribe, cuando hay un huracán, llegan barcos para salvar archivos documentales y otros para rescatar personas. Los documentos -insiste Ribeiro- son la memoria histórica de una nación; siempre están en riesgo”.

La digitalización de documentos históricos es una fórmula utilizada en todo el mundo, inclusive en Uruguay, como mecanismo para su preservación.

Ribeiro destacó que el escaneo es una sistema más democrático que el archivo papel porque pone los documentos en línea y su acceso puede universalizarse. Sin embargo, afirmó que el documento papel no debe ser sustituido por el formato digital. Es decir, el escaneo debe ser un respaldo. “Siempre hay que preservar el documento original. Son dos tareas de preservación que deben hacerse, porque los archivos digitales también pueden perderse”, advirtió la viceministra. Y agregó que ese tema fue tratado en un reciente evento del Comité de la Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe (Mowlac). Ribeiro, quien representó a Uruguay y se desempeñó como vicepresidente del Comité de la Memoria del Mundo, afirmó que el patrimonio documental es tratado de “forma diferente” por gobiernos y ciudadanos en comparación con los patrimonios culturales, edilicios o naturales. Tras advertir que los edificios o los recursos paisajísticos son fáciles de reconocer por sus bellezas, Ribeiro señaló que el patrimonio documental “tiene una relativa invisibilidad pese a su inmenso valor testimonial”.

Foto: Estefanía Leal.

Ribeiro recuerda que la remodelación del Archivo Judicial es un proyecto que comenzó en 2019, con la anterior administración.

En el período de gobierno del presidente Tabaré Vázquez, dijo, se destinó un monto equivalente a US$ 1 millón para invertir en mejoras edilicias.

“Se trabajó en la recuperación del edificio de 2020 a 2024. En el medio nos tocó la pandemia (de Covid-19). Pero el gasto ya estaba previsto en la gestión anterior de la directora Alicia Casas”, señaló la subsecretaria de Educación.

Por eso, dijo, se decidió mantener la inversión en plena pandemia porque, de lo contrario, se perderían “recursos importantes” (documentos de valor histórico y judicial) del país.

Ribeiro reiteró que la obra de remodelación, que incluyó la sustitución del techo, estanterías, desagües pluviales, nuevo sistema eléctrico y una malla de hierro en las ventanas, se llevó a cabo mediante un convenio con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte.