El fiscal de Corte, Juan Gómez, ya tenía claro que el traslado de la fiscal Gabriela Fossati le generaría una lluvia de críticas. Pues ya van varios meses -más de un año- en que el jerarca viene siendo cuestionado por varios actores de la coalición de gobierno, disconformes con su forma de conducir el Ministerio Público -salpicado de distintas polémicas entre los fiscales desde el momento en que, en octubre de 2021, asumió en forma interina la máxima jerarquía del organismo tras la renuncia del entonces fiscal de Corte Jorge Díaz.

“Subyace por ahí que no hay conducción (y) me corresponde a mí esa crítica”, reconoció ayer Gómez en la sede de la Fiscalía General de la Nación, luego de comunicar que la fiscal Sabrina Flores será quien de ahora en más se encargue de todas las ramificaciones de la investigación del caso Astesiano. “Yo obviamente entiendo que es una crítica que no se justifica en los hechos”, señaló a continuación el fiscal de Corte, quien dijo también que tenía “la más absoluta certeza” de que su gestión ha contado con cosas “muy positivas para la institución” que dirige, a la que le ha “dedicado” toda su vida.

Las críticas, en efecto, llegaron rápido, tanto de nacionalistas como por parte de Cabildo Abierto, cuyo líder, Guido Manini Ríos, señaló que lo resuelto por Gómez fue “al menos inoportuno”.

Para el senador blanco Jorge Gandini, en tanto, fue una “barbaridad” lo ocurrido, entre otras cosas porque considera que de esta manera se está “incidiendo en el resultado de una causa que ya está muy politizada y partidizada”.

Como parte de esa señalada politización se incluyen los cuestionamientos a Fossati que ha hecho el Frente Amplio, sobre todo a partir del momento en que la fiscal comenzó a indagar al sociólogo Gustavo Leal, luego de que se reuniera con los padres del excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

“Sacar ahora a Fossati me parece una barbaridad y es malo con la Fiscalía y para el fiscal de Corte, cuya credibilidad está en la lupa de la opinión pública”, señaló Gandini a El País.

En la misma dirección apuntó la senadora Graciela Bianchi, crítica desde hace años con la gestión de Díaz y con la continuidad que representa, para ella, la conducción de Gómez. “Lo que acaba de pasar -dijo- es la prueba de que las asignaciones de los casos son a voluntad del jerarca”, cuando deberían responder a un orden aleatorio. “No hay que especular más -siguió-. El fiscal de Corte, sea o no pro Díaz, asigna las causas en forma discrecional”.

Sebastián Da Silva, en Twitter, fue enfático en su disgusto. Lamentó allí “la cultura de la cancelación en Fiscalía”, y aseguró que a su parecer en el Ministerio Público “vale todo con tal de encubrir a dirigentes de izquierda”.

El asunto es seguido con atención por todo el Partido Nacional e incluso en el gobierno, en donde también entienden que, como mínimo, Gómez incurrió en un “error estratégico” al apartar del caso a una fiscal que todavía estaba trabajando en más de una línea de investigación. “Todo ese bagaje de información no se consigue en dos minutos”, sintetizó un integrante del Poder Ejecutivo.

En definitiva, lo que preocupa sobre todo en el oficialismo es la profundización de la particular interna del Ministerio Público, dividido entre bandos que siguen apoyando a Díaz y los que estuvieron en la vereda de enfrente.

“Respetamos la decisión -se limitó a comentar el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde-, pero vamos a seguir con atención cómo continúan desarrollándose los hechos”.