POR UN FALTANTE DE  US$ 161.000

El Poder Ejecutivo analiza iniciar demandas civiles contra por lo menos tres funcionarios de la Dirección de Cultura que fueron sumariados por un faltante de $ 7 millones (US$ 161.000) ocurrido en la gestión anterior. Los juicios también podrán abarcar a empresarios que recibieron exoneraciones tributarias por supuestos incentivos a la cultura tras usar cuentas bancarias falsas en documentos del MEC.

El caso tiene dos aristas. Una de ellas es administrativa. Afecta a un empleado que ya tiene causal de destitución. El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) dio el visto bueno al Ministerio de Cultura para que le inicie una acción de repetición tendiente a recuperar el dinero faltante.

El proceso administrativo a su vez impacta en otros dos funcionarios públicos que enfrentan sumarios avanzados. Cuando estos terminen, los expedientes también pasarán a resolución del Tribunal de Cuentas. Y es posible que hayan otras acciones de repetición.

La otra arista es penal. El fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, citó en calidad de indagados a exjerarcas de la Dirección de Cultura de la administración anterior, Hugo Achugar y Sergio Mautone, a funcionarios y también a empresarios que habrían realizado donaciones truchas con el propósito de percibir reducciones de impuestos.

La luz roja se encendió en la administración anterior. Faltando 15 días para terminar su gestión, la entonces ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, ordenó una investigación administrativa sobre supuestos faltantes de dinero en el Fondo de Incentivo Cultural que otorga recursos para eventos culturales (la publicación de un libro o la exposición de obras de un pintor, entre otros).

La implementación de esa investigación administrativa le tocó a las actuales autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, encabezadas por el ministro Pablo da Silveira.

Dicha averiguación constató la existencia de faltantes de dinero y problemas documentales de entidad en el Fondo de Incentivo Cultural. Se detectó, por ejemplo, que en el ministerio se expedían certificados que otorgaban exoneraciones fiscales a empresarios sin los comprobantes de sus donaciones.

Según una resolución del Ministerio de Educación y Cultura fechada el 27 de agosto de 2020, el ministro Da Silveira remitió a la Fiscalía las conclusiones de la investigación y dispuso sumarios contra funcionarios de la Dirección de Cultura. A partir de ahí surgieron elementos claves para la investigación. Informes que el Ministerio de Educación solicitó al Banco República y al Banco Central del Uruguay señalaron que determinadas donaciones de empresarios no se habían efectivizado.

En la cartera se sospecha que los empresarios, quienes estaban obligados a realizar las donaciones a través del Banco República, digitaban en las pantallas de las buzoneras una cifra y luego depositaban en la máquina sobres vacíos. Posteriormente, presentaban en la cartera los comprobantes de los supuestos depósitos para obtener los certificados de exoneraciones de impuestos por sus supuestas ayudas al desarrollo cultural.

Los informes del Banco República y del Banco Central del Uruguay informaron al MEC que se verificó, “en varios casos”, que los empresarios no hicieron los depósitos relacionados con las donaciones. La investigación administrativa concluyó que los empresarios omitieron depositar en el Fondo de Incentivo cultural del MEC una suma superior a los $ 7 millones. En este momento no se encuentran seis depósitos realizados por empresarios que generan dicho faltante. Pese a ello, estos empresarios recibieron beneficios impositivos.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, afirmó ayer que, a partir de las irregularidades y el faltante de dinero que se detectó en el área de los Fondos de Incentivo Cultural de la Dirección de Cultura, el gobierno decidió pasar a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) la administración de dichos recursos, sacándolo de la órbita de la secretaría de Estado.

Da Silveira advirtió: “El ministerio no toca más plata en este asunto. El manejo de los fondos pasó a la Corporación, que tiene profesionales justamente para trabajar en el manejo de dinero”.

A partir de esa decisión, el Ministerio de Educación y Cultura toma “las decisiones culturales” sobre el destino de los fondos de incentivo a estos proyectos, pero el manejo del dinero lo hace la CND, afirmó Da Silveira. Al mismo tiempo, el ministro recordó que las irregularidades fueron detectadas sobre el final del anterior gobierno, cuando se resolvió cerrar el sistema de fondos culturales.

Los Fondos de Incentivo Cultural son un instrumento de promoción cultural que funciona del siguiente modo: agentes culturales (artistas, productores, etc.) presentan iniciativas a ser financiadas (la realización de un espectáculo o de una gira, la impresión de un libro, etc.).

Empresas que pagaron IRAE el año anterior se ofrecen a financiar esas actividades. El Conaef (que es el consejo encargado de administrar el mecanismo) otorga a las empresas donantes certificados de crédito a presentar ante DGI, equivalentes a un porcentaje de la donación hecha.

De esta forma se reduce el costo para la empresa y se estimula el mecenazgo en la cultura.