"NO HAY UNA JUSTICIA PARA POBRES Y OTRA PARA RICOS"

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, salió ayer al cruce de los dichos del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que el martes señaló que denuncias de abuso policial no prosperaban aunque “llevan meses”, y que “la única razón” de esto era que las supuestas víctimas “son hijos de pobres”. Pérez, en tanto, replicó: “Niego terminantemente que haya una Justicia para los pobres y otra para los ricos”. Y enseguida agregó: “Eso es agraviante para la Justicia”.

El presidente de la Corporación advirtió que los conceptos usados por Fernando Pereira “crean una barrera cultural”.

Pérez usó la modalidad de conferencia de prensa para informar sobre el estado de trámites con respecto a magistrados que recibieron denuncias o generaron polémica. Durante la rueda de prensa posterior, periodistas le consultaron por las 50 denuncias de abusos policiales que dio a conocer el Frente Amplio, y en particular sobre las acusaciones de Pereira, que también había advertido que su padre “fue judicial” y que bien sabe “el abismo” que hay entre “contratar un penalista de primer nivel y no tener abogado”.”

Frente a estos dichos, Pérez manifestó su total desacuerdo y remarcó que “la Justicia es igual para todos”. Continuó diciendo que las declaraciones como las que hizo el presidente frenteamplista generan que las personas que no tienen recursos crean que la Justicia no los defiende.

“Creo que no es conveniente que se trate de disminuir la confianza que tenemos en la Justicia”, dijo, y también señaló que la Justicia uruguaya es evaluada anualmente por organismos internacionales. “Estamos en el puesto 22 del mundo, por arriba de Estados Unidos”, remarcó Pérez.

Pereira contestó al presidente de la Corte en VTV Noticias. Allí señaló: “Tengo la misma opinión que tiene el fiscal (Jorge) Díaz, si vos tenés dinero para pagar un penalista de alta calidad tenés una defensa diferente que si no tenés para pagar abogado y te toca un defensor de oficio que tiene multiplicidad de casos”. Y concluyó: “Faltan defensores de oficio en la Justicia desde que mi padre era judicial”.

En la rueda de prensa, la cual tuvo lugar en la sede de la Suprema Corte de Justicia, Pérez también fue cuestionado por la polémica en torno al viaje del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a Durazno para apoyar a policías tras la muerte de un joven de 20 años que era perseguido. Opinó que el ministro “es una persona más, común y silvestre” y que, por tanto, tiene derecho a presentarse en Fiscalía.

“Para mí es una persona más, no creo que el juez se haya sentido presionado, ni creo tampoco que haya sido la intención”, puntualizó. Incluso, remarcó que a la Corte no le llegó ninguna notificación de que la jueza se haya sentido intimidada por el jerarca.

En relación al comunicado de la Asociación de Magistrados del Uruguay que cuestionó el viaje de Heber, dijo que “la organización tiene que defender a sus asociados”. “Además se refirieron a que podría haber una presión, nunca dijeron que hubo una concretamente”, prosiguió.

Hubo más cuestionamiento referidos a la política, pero Pérez prefirió abstenerse a opinar y destacó que la Suprema Corte de es un órgano “apolítico”.

En tanto, durante la conferencia, el presidente presentó un documento sobre cinco casos de jueces que fueron denunciados o generaron polémica a nivel público. Estas son las situaciones:

En 2021, la SCJ dispuso la realización de una investigación administrativa a raíz de dos sucesos que involucraban a la magistrada Carla Gómez, de Tacuarembó: por un lado, la denuncia que publicó el Semanario Búsqueda en mayo de 2021 en la cual un acusado afirma que la magistrada “habría empleado sus influencias para que él fuera preso”.

En segundo suceso ocurrió en junio de 2021 a raíz de presuntos destratos de la jueza. Supuestamente ejercía violencia psicológica y hasta física sobre los funcionarios del juzgado, y tenía comportamientos también incorrectos al vincularse con la Policía, advierte el documento del Poder Judicial dado a conocer ayer.

En un video que se hizo viral, Gómez hizo una broma simulando que dos Policías la arrestaban. Se le hizo un sumario con separación del cargo. No obstante, en el documento se aclara que la magistrada se encuentra con licencia maternal hasta el 31 de marzo.

A comienzos de febrero, El País dio a conocer un video publicado por la jueza Ada Sire en su cuenta de TikTok. Esto derivó en polémica dado que dijo frases como: “Uh, la violaron, debe ser culpa de ella” o “esa mina está histérica, debe estar menstruando”, para referirse a la violencia de género que se ve en “ruedas de hombres”.

La SCJ dispuso con fecha 24 de febrero el traslado de la jueza letratada de Pando, desde la sede del 6° turno a la del 4° por razones de mejor servicio, “dado que a raíz de sus declaraciones podrían derivarse una serie de acusaciones”. Y se aclaró: “El traslado fue a una sede de igual categoría, de forma que no puede considerarse como una sanción”.

Pérez advirtió, asimismo, que se dispuso el inicio de un procedimiento disciplinario.

El caso de Isaura Tórtora, jueza letrada penal del 23° turno, fue informado por El País el 16 de diciembre. El suceso ocurrió durante una audiencia judicial en el marco de una investigación por el secuestro de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Universindo Rodríguez Díaz y Lilián Celiberti, en donde la jueza Tórtora estaba ausente por padecer síntomas de covid-19 y, en su lugar, un funcionario iba a sustituirla.

En consecuencia, el abogado Carlos Bustamante solicitó la suspensión de la audiencia -se convocó a una nueva- y, además, el abogado denunció a la jueza Tórtora por su ausencia en la audiencia penal, por lo que la SCJ requirió un informe a la magistrada. Ella señaló que ese día estaba con síntomas (y días después resultó ser positiva) y que, por tanto, para no retrasar la instrucción, le pidió al receptor que hiciera la audiencia “en tanto era a los solos efectos ratificatorios”. El caso de Tórtora sigue siendo estudiado por la Corte.

El presidente de la SCJ se refirió al caso que involucra a la jueza de Paz de Treinta y Tres, Florencia Ferreyra, quien recibió una denuncia en agosto de 2019 proveniente de cinco funcionarios del juzgado porque, según adujeron, “amenazó con dar muerte y tirar escaleras abajo a los funcionarios” que trabajaban en el primer piso. El 18 de junio de 2020, se dispuso la iniciación de procedimientos disciplinarios hacia la magistrada, aunque sin suspensión preventiva, por la denuncia y también por presuntas situaciones de destrato y mal relacionamiento que mantenía con dos de sus homólogos. En 2021, hubo más denuncias lo que desembocó en la suspensión de su cargo por el plazo de tres meses, sin perjuicio, tal como establece el documento.

Finalmente, este año luego de que se hicieran públicos posteos a favor de Luis Lacalle Pou que Ferreyra hizo en la red social Instagram y que estarían reñidos con su condición de magistrada, la SCJ decidió suspenderla de su cargo hasta que la jueza responda las solicitudes de informe que se le hicieron.

En 2021, se puso en conocimiento a la Corte que Alejandro Leiva, juez letrado suplente del interior, sería formalizado por la presunta comisión de un delito de abuso sexual agravado y el mismo fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal.

Por tanto, el 23 de julio, la SCJ dispuso el inicio de un sumario y la separación del cargo de Leiva, así como su retención total de haberes.

El proceso penal continúa su trámite. Adicionalmente, John Pérez desmintió que el magistrado haya sido ascendido de cargo cuando tenía un expediente por la denuncia.