OCURRIÓ EN PIRIÁPOLIS

Hacía muchos años que la empleada trabajaba en un negocio de Piriápolis. Con el pasar del tiempo, se fue ganando la confianza del matrimonio dueño del comercio.

Cuando la pareja de comerciantes se hizo mayor, le dieron a esta mujer un poder para que pudiera transferir dinero. El propósito era que lo utilizara para gastos vinculados a la empresa.

Poco tiempo antes de fallecer el anciano propietario del negocio, la empleada infiel vació las cuentas apropiándose de una suma superior a los US$ 110.000.

Tras la muerte del comerciante, su esposa, de 82 años y algunos amigos comenzaron a percibir los movimientos extraños en las cuentas bancarias de la pareja, según consta en la denuncia penal realizada a principios de este mes ante el fiscal de Maldonado, Schubert Velázquez.

También notaron que la empleada conducía un vehículo que habría sido propiedad del comerciante fallecido.

Pocos días después de presentada la denuncia penal, el fiscal Velázquez citó a declarar como indagada a la trabajadora del comercio.

“Posteriormente se amplió dicha denuncia ante el conocimiento de otros hechos con apariencia delictiva, así como la apertura de sucesión por parte de la empleada del fallecido esposo de la denunciante en el Juzgado Letrado de Familia de 2° Turno”, dice un escrito de los abogados de la víctima, Sebastián Serrón Bon y Asdrúbal Serrón Pereira, el cual fue presentado en la Fiscalía.

El miércoles 24, el abogado de la empleada denunciada, Pablo Bonaldi Blanchet, firmó un acuerdo con Serrón Bon y Serrón Pereira por el cual la trabajadora se comprometía a devolver el dinero a cambio de que se levantara la denuncia penal.

El acuerdo, al que tuvo acceso El País, dice que la empleada debía transferir US$ 106.450 depositados en una cuenta del Banco República a una cuenta de la anciana en esa misma institución financiera. Además, la empleada se obliga a desistir de la sucesión del anciano que promovió en el Juzgado Letrado de Familia de 3° Turno de Maldonado. Es decir, aludiendo la figura de tercero interesado, la mujer inició la sucesión del anciano fallecido como si este no tuviera un familiar vivo. De todas formas, en el Juzgado no le hicieron lugar a la apertura de dicha sucesión, dijo a El País una fuente del caso.

En el acuerdo, la empleada se obligó a devolver a la anciana o a sus abogados los títulos de propiedad de los bienes inmuebles que pertenecían al comerciante fallecido y a su esposa. Esos títulos fueron los que usó la empleada infiel para iniciar la sucesión de los bienes. Se trata de dos padrones de Piriápolis: uno de ellos es una casa y el otro en un solar.

Además de la documentación, la empleada debió restituir “la totalidad de los reels y cañas de pesca que oportunamente quedaron en su poder”. En tanto, el abogado de la empleada también se comprometió a aclarar expresiones que realizó en una radio de Piriápolis, las que “afectaron de algún modo” a familiares de la anciana denunciante.

El acuerdo dice que el profesional debe comunicar en la radio: “Al formular declaraciones en la emisora en relación a los hechos objeto de investigación en la Fiscalía Departamental de 3° Turno por denuncia radicada, se aclara y expresa que no se quiso generar ninguna atribución de intenciones a familiares de la viuda del propietario del kiosco fallecido, ni dañar su honorabilidad, sino que se intentó expresar que el accionar de la empleada fue inspirado en el afán de protección primordial de los derechos e intereses de la misma, de acuerdo a su interpretación de la voluntad del fallecido”.

En forma paralela, un auto Chevrolet, modelo Prisma, quedó en poder de la trabajadora. A cambio, la empleada desiste de promover en contra de la anciana cualquier reclamo.