FIRMA COMIENZA PROCESO POR INCUMPLIMIENTO

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La compañía portuaria belga Katoen Natie Group, socia mayoritaria de la empresa público privada en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), notificó al Estado uruguayo su decisión de iniciar una demanda por US$ 1.500 millones ante una serie de incumplimientos, según la empresa. Se trata de un diferendo en el marco de la concesión por 30 años de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo.

La empresa entiende que la Administración Nacional de Puertos (ANP) le da un trato preferencial a Montecon, la otra compañía privada que opera en el recinto portuario.

Tanto el gobierno entrante como el saliente recibieron una carta de la empresa, continuación de otra misiva remitida el pasado 15 de octubre, en la que se hizo saber que de no alcanzar un acuerdo aplicaría la solución de controversias prevista en el tratado de inversiones entre Uruguay y Bélgica-Luxemburgo.

El tribunal elegido por las partes es el Ciadi, una institución del Banco Mundial especializada en este tipo de litigios con sede en Washington, Estados Unidos.

En octubre la empresa belga pretendía cuatro cosas para intentar llegar a un acuerdo amistoso: que el Estado nombrara a un representante para acordar una salida; un compromiso para trabajar u201cde buena feu201d una solución en menos de seis meses; que el Estado cesara u201ctodas las acciones contrariasu201d al Derecho uruguayo e internacional y que se entregasen los estudios portuarios sobre los que se justifica el trato u201cpreferencial a Monteconu201d.

El Estado resolvió no responder ninguno de los planteos y la compañía decidió seguir con las acciones.

En el texto de la notificación surge que la ANP u201camenazau201d a la compañía con rescindir el contrato como consecuencia del descenso en el movimiento real de contenedores. u201cEl Estado sabe que dicho descenso se debe, precisamente, al trato preferente e ilegal que viene otorgando a la sociedad que opera irregularmente la segunda terminal del Puerto de Montevideo, Montecon S.A.u201d, dice el texto de la notificación.

La carta, a la que accedió El País, fue remitida el pasado día 14 de febrero a la Presidencia, la Cancillería, el embajador belga en Uruguay, los ministros actuales y designados de Relaciones Exteriores, Transporte y Obras Públicas y al presidente electo, Luis Lacalle Pou.