Redacción El País
El abogado penalista Jorge Barrera presentó este viernes una nueva solicitud de archivo de las actuaciones en Uruguay contra el exjefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, tras la denuncia en su contra por posible lavado de activos.

El político argentino fue denunciado en la Justicia uruguaya por presunto lavado de activos y “pagos millonarios” de US$ 20 millones a la modelo Jésica Cirio tras su divorcio. Por este caso, el Banco Central del Uruguay (BCU) pidió a instituciones financieras de plaza que informen si Insaurralde o Cirio tienen cuentas en Uruguay. La denuncia la realizó la diputada argentina María Graciela Ocaña, de Juntos por el Cambio, había presentado en Uruguay un escrito ante Jorge Chediak, quien está al frente de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Según informó El Observador y confirmó El País, las dos financieras denunciadas por Ocaña como posibles rutas para el ingreso de dinero informaron al BCU que por sus instituciones no se realizaron transferencias nacionales ni internacionales de fondos, ni por Insaurralde ni por Cirio. Las financieras son GWM Advisory Services SA y Pro Capital Sociedad de Bolsa SA. Este informe del BCU fue incluido en la carpeta fiscal.

Foto: La Nación

Esta información fue presentada por Barrera ante el fiscal de lavado de activos, Enrique Rodríguez, que tiene al frente el caso en nuestro país. La defensa de Insaurralde pide el archivo porque “en el sistema financiero y bancario uruguayo no había existido ningún tipo de transacción de esa naturaleza porque los controles en materia anti lavado en Uruguay funcionan y por lo tanto, dicho acuerdo inusual hubiera generado advertencia a cualquier sujeto obligado”.

Barrera dijo a El País que en otro pasaje del informe se da cuenta de que “se realizó un pedido de información a 540 entidades supervisadas por el BCU y ya han contestado 533 en forma negativa”. “Si surge de alguna de las 7 restantes información contraria a las mismas lo manifestaría a Fiscalía”, expresó.

Foto cedida a El País.

“La Fiscalía y el BCU han realizado una investigación muy exhaustiva y destinado recursos humanos y económicos para diligenciar esta denuncia, así como se invirtió tiempo importante en la misma y tal como lo sostuvimos desde el primer día: la denuncia resultaba absolutamente inverosímil porque los controles administrativos sobre lavado de activos en Uruguay funcionan”, aseguró el penalista, defensor de Insaurralde en Uruguay.

Además, Barrera recordó que los denunciados “son personas expuestas públicamente por lo que la legislación anti lavado establece que el seguimiento debe ser aún más intenso y muchas entidades privadas deciden como política comercial no trabajar personas públicamente expuestas”.

“Esperamos en los primeros días de febrero, cuando se retomen actividades judiciales, que esta situación se comunique a las autoridades argentinas”, explicó el abogado.