Por Joaquín Silva
La polémica sobre la gestión del fiscal de Corte lleva más de un año pero este es el momento más tenso, el “más delicado” y el que ha llevado a escuchar las declaraciones públicas más fuertes sobre el tema, algo que en Presidencia se monitorea con preocupación, además de analizar todo lo que ocurra “con el paso de las horas” mientras se mantiene el silencio esperando que “las aguas se calmen por el bien de las instituciones”.

Es una “tormenta” que se desató con fuerza a partir de la decisión de Juan Gómez de trasladar a Gabriela Fossati, la fiscal que hasta este lunes -cuando tuvo una reunión con el jerarca en la que se le transmitió la resolución- estaba a cargo de todas las ramificaciones de la investigación del caso Astesiano.

La alarma no tardó en extenderse en el oficialismo, trancado desde el inicio de este período en las complejas negociaciones con el Frente Amplio -y entre los propios actores de la coalición de gobierno- para designar a las nuevas autoridades de los organismos de contralor, entre ellos el del titular del Ministerio Público.

Gómez está en el cargo como fiscal de Corte de forma interina desde la renuncia de Jorge Díaz en octubre de 2021 y, pese a cierto respaldo tácito al comienzo de su gestión, luego de una serie de episodios ocurridos sobre todo durante el 2022 -que comenzaron en febrero del año pasado con el allanamiento de la fiscal Mariana Alfaro a los estudios de la radio Azul Fm- esa leve anuencia rápidamente se convirtió en cuestionamiento puro y duro. En críticas que cada vez son más fuertes, y que en las últimas horas llevaron a expresos pedidos de renuncia.

El primero en hacerlo fue el senador blanco Sergio Botana, luego de que el tema se hablara “informalmente” tras la bancada nacionalistas, que no adoptaron postura orgánica al respecto pese a que hubo “varios” que entendieron -como Botana- que Gómez debía dar un paso al costado, según indicaron a El País fuentes políticas.

“La ciudadanía ve cómo la Fiscalía se ha transformado en un comité de base, con disputa de carácter político a la interna, con decisiones marcadas por orientaciones políticas y carentes de la ecuanimidad y del equilibrio que corresponde a los procesos de la Justicia”, fue lo que declaró el exintendente arachán.

Siguió Raúl Lozano, senador de Cabildo Abierto, partido crítico con la gestión de Díaz prácticamente desde que se fundó en marzo de 2019, “desde hace mucho tiempo venimos diciendo que el tiempo de Gómez se ha terminado”, sostuvo el legislador. “Él no lo asume y hasta ahora nuestros socios de la coalición no lo habían asumido, así que me alegra que ahora algunos estén de acuerdo con nosotros”, agregó.

A lo que apuntan en la coalición es, en concreto y como gota que derramó el vaso, a ese traslado de Fossati y su sustitución en el polémico caso Astesiano por la fiscal Sabrina Flores, quien para el oficialismo es “afín” a Díaz y a los intereses del Frente Amplio, indicaron fuentes parlamentarias.

Gómez, mientras tanto, hace oídos sordos a los cuestionamientos y rechaza haber tenido en este tiempo problema alguno con Presidencia, lo cual había sido sugerido ayer por Fossati en diálogo con distintos medios.

“Yo nunca he analizado si tengo o no respaldo”, dijo el fiscal de Corte, también en conversación con El País. “Tengo mi conciencia tranquila”, afirmó.

Ante la consulta acerca de si pensaba continuar en su cargo pese a todo, respondió que no haría comentarios y que no sabía “qué va a pasar en el futuro”. Pero sí tiene claro que, en caso de que el sistema político designe a un nuevo fiscal general, dejará toda actividad en el Ministerio Público. “Ya lo he dicho: (en ese caso) me iría tranquilamente para mi casa”, dijo.

Pero eso no está cerca de ocurrir, aunque sí es cierto que la coalición retomará las negociaciones. “Vamos a empezar a sondear”, indicó una fuente del Partido Nacional en referencia a posibles nombres que puedan reunir el máximo consenso posible y que permitan llegar a las mayorías especiales -de tres quintos de los votos de la cámara alta- que exige la Constitución para designar a un fiscal de Corte.

Las diferencias están planteadas en dos planos: en la misma coalición y por supuesto que con la oposición.

Por eso el objetivo es llegar a “unanimidades”, pero si eso no es posible hay dirigentes blancos dispuestos a alcanzar los votos necesarios -19 senadores- con la combinación que lo haga plausible -así eso signifique acordar con el Frente Amplio y no con Cabildo Abierto.

“Es un debe de la coalición y el período ya se está yendo sin que tomemos una decisión”, valoró el senador colorado Germán Coutinho, quien también calificó como “inédita” las tensiones que desnuda la Fiscalía.