Por Pablo Méndez
Sobre la tarde de ayer, la pareja del dueño de “Cocolandia” -el prostíbulo investigado desde agosto de 2022 por explotación sexual y trata de personas- fue condenada por un delito reiterado de encubrimiento. La condena tuvo lugar a través de un acuerdo abreviado entre el abogado de la mujer, Pablo Casas, y la fiscalía a cargo de Alicia Ghione.

Fue sentenciada a cumplir una condena de 20 meses. Nueve serán en prisión -los cuales ya cumplió por las medidas cautelares- y el resto en régimen de libertad vigilada.

También se dispuso que se decomisen ciertas pertenencias con las que contaba la implicada y que se encontraron al momento de allanar su vivienda. Se trata de $ 318.860, 6.072 pesos argentinos y un teléfono celular.

Todo el dinero será volcado a la reparación de las víctimas, según se estipula en el documento al que accedió a El País.

La mujer de 31 años es madre de dos hijas cuyo padre es el dueño de “Cocolandia”, la whiskería que estaba ubicada en el barrio de Peñarol. Estuvieron en pareja durante años, pero al momento del operativo policial ya estaban separados. Se había cortado el vínculo sentimental, pero no el laboral, por eso la mujer seguía trabajando en el prostíbulo.

Ella se encargaba de las finanzas del establecimiento, aunque según estipuló su abogado no concurría ya al local cuando sus puertas estaban abiertas al público.

“Se encargaba de pagar a proveedores de la cantina, de mantener las cuentas del local, pero no frecuentaba por las noches el establecimiento. Trabajaba desde fuera”, dijo Casas.

En el acuerdo, la mujer debió reconocer que había potenciales menores de edad en el local y que estas podían ser víctimas de explotación. Sin embargo, también señaló que no tenía evidencia de que esto ocurriera.

La fiscalía también señaló que ella estaba al tanto de que se comercializaban estupefacientes y que había armas en la whiskería. Ella no reconoció, en tanto, saber esto.

El dueño del lugar, de 43 años, y su hijo, mantienen su postura de no reconocer ninguno de los delitos que se le adjudican. Entre estos la fiscal señaló la existencia de trata de personas en la modalidad de traslado, acogimiento y explotación; proxenetismo agravado; y violación a la ley de estupefacientes en modalidad de negociación. Ambos cumplen medidas cautelares en prisión y su situación avanza hacia un juicio oral.

Otros dos hombres estuvieron involucrados en el caso, pero lograron también un acuerdo abreviado con la Fiscalía y fueron condenados con prisión domiciliaria.

Ambos acudían al lugar, pero solo uno de ellos tenía un vínculo directo con el prostíbulo. Se trataba de un “mandadero” del local, que transportaba a las mujeres en ocasiones. Así lo aseguraron fuentes del caso, quienes explicaron que la investigación sigue en marcha.

Cocolandia está a dos kilómetros del centro del barrio Peñarol, en una zona donde se ubican algunas fábricas y unas pocas viviendas. Se trata de una casa azul de dos pisos y buen tamaño ubicada sobre Camino Carlos A. López.

El predio está rodeado por un muro de cemento con pedazos de vidrio cortado sobre él. En la planta de abajo había una mesa de billar, una tarima, una barra y unas siete mesas; y arriba estaban los cuartos para las trabajadoras.

La investigación, que llevó a cabo la Dirección de Crimen Organizado, comenzó en marzo de 2020 a raíz de una información reservada sobre menores en situación de trabajo sexual. A partir de redes sociales se llegó a la whiskería, según informaron fuentes de la división.

“De ahí siempre salió lo peor”, contó una mujer del barrio a El País en agosto del año pasado. Todos en Peñarol conocen la whiskería, que ha estado allí desde hace más de 20 años, según dicen los vecinos. Fue cambiando de dueño y de nombre -antes se llamó Montevenus-, pero el lugar siempre fue el mismo.