JUICIO EN CURSO

La Estación Central de AFE y la playa de maniobras hace 17 años que están abandonadas. En ese ínterin, ambos bienes enfrentaron un largo derrotero de demandas entre el Estado y la empresa Glenby S.A., que ganó la licitación para la construcción del Plan Fénix en 1999, así como juicios expropiatorios por parte de los ministerios de Transporte y de Vivienda.

En esos procesos, el Estado debió enfrentar la mayor demanda de la historia por incumplimiento de contrato por parte de Glenby S.A.: US$ 1.000 millones. La empresa argumentó que el Estado había rescindido en forma unilateral la concesión de la licitación internacional que pretendía reactivar esa zona mediante emprendimientos inmobiliarios (el denominado Plan Fénix). La Justicia le dio la razón al Estado.

En otro proceso, Glenby S.A. logró obtener una sentencia favorable: el Estado debía entregarle la Estación Central y la playa de maniobras. Sin embargo, el empresario de la construcción y dueño de Glenby S.A., Fernando Barboni, entendió que no recibiría ambos inmuebles porque estaban muy deteriorados. Y consideró que el Estado no cumplió con su obligación de otorgar los permisos de construcción para la edificación de cinco torres en la playa de maniobras de AFE y el saneamiento para un complejo cultural y comercial que funcionaría en la estación de AFE.

En un juzgado civil, Barboni reclamó la rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios. Esa demanda se encuentra aún en las primeras etapas. Primero la Justicia determinará si hubo daños y perjuicios contra Barboni y luego fijará el monto.

En el entorno de Glenby S.A. se maneja que ese reclamo podría alcanzar unos US$ 500 millones. En caso de que la Justicia le diera la razón, sería una indemnización récord.

Glenby S.A. realizó ese cálculo en función de las pérdidas que le causó el hecho de no concretarse la construcción de las cinco torres y los intereses generados durante 15 años de la venta de apartamentos y los ingresos no percibidos por la concesión del complejo cultural y comercial en un plazo de 30 años, según la fuente.

El 4 de septiembre de 2019, por orden judicial, la Estación de AFE y la playa de maniobras pasaron a la custodia de los ministerios de Transporte y de Vivienda para su conservación tras un trámite de expropiación. Al día siguiente, la página web de Presidencia de la República señaló que ambos bienes volvían al patrimonio del Estado luego de estar más de una década en un limbo judicial.

En el marco de esa maraña jurídica, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) falló el viernes 7 a favor de Glenby S.A. en un recurso de inconstitucionalidad presentado por la empresa contra los incisos segundo a sexto del artículo 266 de la ley 19.535 y decretó que esta norma no podía aplicarse en esta causa.

La ley 19.535 habilita al Poder Ejecutivo a solicitar a la Justicia la entrega al Estado de la custodia de la Estación General Artigas y la playa de maniobras, bienes en litigio, sin escuchar a la empresa. Los ministros Doris Morales, Sylvia De Camilli y Luis Tosi se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad. Una posición contraria manifestaron los ministros Bernadette Minvielle y Eduardo Turell.

La Corte entendió que la ley era inconstitucional porque violaba los derechos al debido proceso y de igualdad por privar a Glenby S.A. de su potestad a ser oída en juicios en los cuales se resuelve a su respecto y a tener un trato igualitario en litigios. Y refiriéndose a la violación del principio de igualdad, la Corte sostuvo que ello se debió a que la ley establecía que el único que podía presentar un recurso de apelación es el Poder Ejecutivo.

Los ministros discordes señalaron que no se entiende en qué medida le afecta a Glenby la custodia de ambos bienes por parte del Estado para su conservación cuando el interés de la firma es la resolución de los contratos firmados en el marco del Plan Fénix.