Por Joaquín Silva
Que en la Policía hay corrupción, y que la corrupción determinó la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito -y las visitas que antes de eso recibió del narcotraficante mexicano Gerardo González Valencia, recluido en una prisión distinta- es algo de lo que se ha mostrado convencido el fiscal Ricardo Lackner, que indagó estos asuntos hasta finales del 2022.

En efecto, 15 de diciembre pasado, en el interrogatorio que llevó adelante al exdirector nacional de la Policía, Mario Layera, la palabra “corrupción” fue una de las más mencionadas, tanto por el indagado como por el investigador.

Allí, como informó El País esta semana, el fiscal reprochó a Layera los lujos con los que vivían ambos reclusos extranjeros, así como la decisión política de que el mexicano fuera trasladado reiteradas veces desde la sede de la Guardia Republicana -a donde había sido destinado por motivos de seguridad- hasta Cárcel Central, para atender así los “derechos humanos” que tenía vulnerados al no poder tener relaciones sexuales con su esposa con la suficiente intimidad. Y fue producto de estos traslados -que tenían la excusa de contemplar la “visita higiénica”, tal como ha dicho Lackner- que el también narco conocido como “el Cuini” terminó teniendo entrevistas personales con Morabito.

Pero en un tramo de la indagatoria -sobre el final de una sesión de 53 minutos de varias y punzantes preguntas del fiscal- ambos abordaron el fenómeno de la corrupción como un problema crónico en la Policía pero, sobre todo, del sistema carcelario.

El propio Layera aseguró, de hecho, que “el origen” de las irregularidades constatadas en este tema “tiene que ser el Instituto Nacional de Rehabilitación”, algo sobre lo cual insistió ayer en opiniones dadas a la prensa en las que matizó su declaración original sobre la “responsabilidad política” de Bonomi en los traslados del mexicano (ver aparte).

“Le puedo contar -aportó en un momento el fiscal-, porque hemos hecho allanamientos sorpresa en el Penal de Libertad (...) y los teléfonos que se incautan no los cargan al sistema. Los propios funcionarios los alquilan y los revenden”.

Y eso Layera -de extensa carrera en la brigada de drogas y exjefe de Policía de Montevideo, entre otros cargos- lo reconoció sin tapujos.

—No dudo de la corrupción de la que usted me está hablando. No dudo —siguió— porque hay hechos y, discúlpeme, no solo en Uruguay pasa.

—Bueno, no es consuelo. No es consuelo —cuestionó Lackner.

—No, no es consuelo, pero usted a veces habla de los contextos.

Más adelante, luego de superar algunos momentos de tensión -como cuando el fiscal insistía con sus preguntas y manifestaba su asombro con la ignorancia que decía tener Layera sobre los beneficios que se otorgaban a ambos delincuentes-, Lackner reconoció el “esfuerzo en colaborar” que entendía hacía el indagado, y que admiraba a los que “asumen el mando” policial hoy en día, dados “los “niveles de corrupción” que existen.

Y en otro momento Layera reflexionó que no negaba que sea “la corrupción” la que “siempre” explica la fuga de presos.

—El tema es que ahí tenemos un tema de cómo se considera la corrupción —dijo Lackner—. Porque yo veo que policialmente usan la metáfora de la manzana podrida o de la autodepuración; que es una manzana que está ahí, que la excluimos, como individuo, como persona, y no lo ven como algo estructural, (pues) ya está instalada la corrupción, como lo veo yo.

Por eso Lackner le recriminó más tarde que para ejercer la labor que ejerció Layera “se tiene que contar con la existencia de este fenómeno”, una alerta que a su juicio faltó en este escándalo.

Eso, sin embargo, no fue aceptado por Layera. Recordó entonces que durante su gestión -en 2018- se creó la Dirección Nacional de Investigaciones, con un objetivo bien importante: para presionar “a una entidad que se cree independiente, que es la supuestamente más corrupta de la Policía, que es el INR”. Y agregó: “Yo (al INR) no lo quiero en la Policía y nunca lo quisimos y es más, estoy seguro que no sé qué hubiera hecho si a mí me destinaban a ese lugar. No lo haría jamás”.

También, sobre el final, el indagado le preguntó al fiscal: “¿Quién fue el que sacó al jefe de Policía de Montevideo de gestionar la gestión de la Cárcel Central?”. E insistió que preguntara por ello.

—¿Y quién lo sacó? Usted habrá sido. ¿Y por qué lo sacó? —le contestó el fiscal.

—Por la corrupción que había... Claro, porque se determinaba ahí quién iba, quién no venía, quién iba para allá.

Layera llegó a contar que se han encontrado “expedientes judiciales que estaban en el Penal de Libertad”, en posesión de “narcotraficantes”. “Sabían quiénes eran los oficiales, quiénes habían estado a cargo de qué y claro, decís: ‘Estamos regalados, no solo en el tema corrupción’”.