Cuando las defensas de Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín tuvieron que presentar las preguntas que querían hacerles a las víctimas que declararían en sede judicial, sus interrogantes incluían a personas que la Fiscalía desconocía. Todo cobró sentido cuando se develó la existencia de una “trama” para ayudar al exsenador blanco, que tenía como objetivo sostener que Jonathan Mastropierro había pergeñado una maniobra en su contra. Allí, lograron constatar que la información volcada por los abogados Javier Vega (por Penadés) y Juan Fernández Lecchini (por Mauvezín) había surgido de la investigación paraestatal, según sostuvo la Fiscalía en las audiencias judiciales del 10 de octubre de 2023 y 8 de abril de 2024, a cuyos audios tuvo acceso El País.

Ese hallazgo puede explicarse por dos motivos. O sabían los nombres puesto a que formaban parte de la “trama” o -como sucede en la amplia mayoría de los casos- las preguntas son sugeridas por los clientes. En este caso, por ejemplo, Penadés y/o Mauvezín podrían decirles que pregunten por tal o cual persona.

Sin embargo, en la audiencia de imputación, que tuvo lugar el 10 de octubre de 2023, la fiscal del caso Alicia Ghione dijo que indagaría “en las responsabilidades en esta estafa procesal de los propios abogados”. Esto fue ratificado por Soledad Suárez, abogada del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho, en una audiencia que tuvo lugar el 8 de abril de este año en la que dijo que le parecía relevante que la Fiscalía citara a declarar a Javier Vega a fin de “continuar indagando”.

En otra audiencia realizada en abril la fiscal volvió a plantear dudas sobre el rol y conocimiento de información. “Mauvezín se sumó al conocimiento de la trama. Fue utilizado por ambos letrados en las audiencias de prueba anticipada”, sostuvo Ghione.

Vega dejó la causa de Penadés a los pocos días de la fecha de imputación y del develamiento de “la trama”, mientras que Fernández Lecchini patrocinó a Mauvezín hasta hace algunas semanas.

Hasta el momento, la Fiscalía no avanzó en la investigación penal sobre los dos profesionales debido al amplio volumen de información a analizar que implica la causa contra Penadés exclusivamente.

En el caso de Vega, además, se suman otros elementos. Por ejemplo, existen mensajes de WhatsApp en los que se hablaba de un probable encuentro con dos hombres que luego serían condenados precisamente por su rol en “la trama”: Diego Cuiñas (exfuncionario del Parlasur) y el exdirector del Com-car Carlos Tarocco.

Foto: Francisco Flores

En uno de los mensaje, Cuiñas le escribió a Tarocco, refiriéndose a Vega: “Esta semana nos reunimos con el abogado, solo llevá adelante lo último hablado y más nada”. Esto fue leído por Suárez en la audiencia del 8 de abril. En esa oportunidad, la defensora de las víctimas dijo: “No planteo que la defensa anterior cometió un delito, no lo sé. Pero hay un riesgo”. En la misma instancia, la fiscal dijo que Penadés llegó a tener “alguna reunión con Tarocco y sus abogados”, cuando la defensa aún la llevaba adelante Vega.

El rol de Tarocco era obtener información sobre posibles víctimas y sus allegados que estuvieran asociadas al sistema carcelario -donde trabajaba-, así como obtener información del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, que es la base de datos del Ministerio del Interior y a la que tenía acceso por ser funcionario y con rol jerárquico.

El País consultó tanto a Vega como a Fernández Lecchini y no obtuvo respuesta.

Este lunes, la Fiscalía prevé sumar más delitos a la imputación del exsenador, esta vez, vinculados a “la trama” que se montó para descubrir quiénes lo inculpaban y así intentar beneficiarlo. Allí, le darán más detalles a la jueza sobre su funcionamiento. Sin embargo, por el momento no está previsto que se impute por estos delitos a Mauvezín.

La Fiscalía y los abogados de las víctimas también posaron sus ojos sobre Marcos Prieto, un abogado conocido públicamente por haber defendido al excustodio Alejandro Astesiano, aunque por motivos diferentes. Durante un tiempo, estuvo inscripto formalmente como abogado de Mauvezín, aunque nunca habló públicamente del tema.

Ghione, aseguró que a fines de 2023 Prieto se presentó en Fiscalía a pedir un acuerdo abreviado para el exprofesor del Liceo Militar, lo que implicaría que Mauvezín asumiera su responsabilidad y sea condenado sin un juicio oral a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena.

La fiscal recordó que el hecho de que Mauvezín firmara un acuerdo sería “más que inconveniente” para el exsenador y que pocos días después, en Navidad, Penadés le envió una carta en la que lo saludaba por las fiestas y decía: “Con esto vamos juntos hasta el final”.

Sin embargo, Fernández Lecchini aseguró que “Mauvezín desconocía que Prieto había ofrecido un acuerdo” y que su colega estaba “haciendo la de él”. “Por algo Prieto no sigue en el caso”, indicó. En otro momento, Suárez sostuvo que, tras enterarse que Prieto tenía un cargo en la Policía Aérea Nacional, entendía que su involucramiento en la causa era un “obstáculo” incluso “formalmente”. Prieto tiene acceso al Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, informó El Observador a fines de 2022.

“Mauvezín también tenía una codefensa que también trabajaba para el Estado en el aparato militar pero realizando funciones de Policía, que también accede a información reservada. Yo también me enteré ahora si no lo hubiera dicho antes. Si no lo hubiera planteado formalmente como un obstáculo. No lo hago de mala fe, me enteré ahora. Prieto. Yo no estoy diciendo que Prieto hizo algo, yo lo que estoy diciendo es que todos los que los rodean acceden a información privilegiada. Casualmente. Ojo, está relacionado con su lugar de poder. Y el poder es un riesgo”, alegó Suárez en abril de este año.

Foto: Leonardo Mainé

En la audiencia citada para mañana, se definirán tres cosas que marcarán los próximos meses de la causa. Tendrá la particularidad de que no será la jueza titular, Marcela Vargas, quien tome la audiencia sino una suplente.

En primer lugar, se pedirá que a Penadés se le imputen más delitos. En principio los relacionados a “la trama” del encubrimiento, pero la Fiscalía analiza imputarle delitos respecto de una nueva víctima que declaró en el juzgado la semana pasada.

Además, Ghione solicitará más tiempo para seguir investigando. El 10 de octubre se cumple un año desde la imputación y, así, se llega a la fecha límite que tiene la Fiscalía para definir si lleva el caso a juicio oral o si pide el sobreseimiento de los imputados. Pero una tercera opción es pedir una prórroga, de hasta un año más, para continuar la investigación. Juan Raúl Williman, abogado de las víctimas, dijo a radio Uruguay que probablemente se pida una prórroga de 90 o 120 días.

Por último, la Justicia deberá definir si extiende el tiempo de los imputados Penadés y Mauvezín en prisión.