Redacción El País
Tras ocupar los roles de abogada, jueza de paz y fiscal durante 23 años, Gabriela Fossati convivió con el viejo sistema penal inquisitivo y conoció desde adentro el entramado del sistema acusatorio implementado en 2017 por el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, y que dirige hoy el fiscal de Corte adjunto, Juan Gómez.

En su libro “La cara oculta del sistema judicial en Uruguay. El poder de ‘La manada’” y subtitulado “Mi experiencia dentro de la Fiscalía General de la Nación y las presiones políticas”, Fossati culpa a Díaz y a Gómez de “destruir” la institución “en unos pocos años”. De esta forma, Fossati alude a un escenario en el que conviven fiscales con sobrecarga de trabajo con otros privilegiados que se favorecen con carreras meteóricas en base a concursos dudosos y donde existen también presiones para aquellos que cuestionan la autoridad.

La exfiscal recuerda, en un pasaje de su libro, que en la dictadura militar de los años setenta, se clasificaba a las personas por letras: A y B. En la actual Fiscalía General de la Nación (FGN) sucede lo mismo, a su entender. “Algunos son exprimidos hasta que se enferman. Susana Rivadavia murió trabajando. Otros siquiera cumplen el rol por el que cobran. Hay colegas, con años de trayectoria, en la puerta de la capital y/o atendiendo la puerta de emergencia, o sea las Fiscalías de Flagrancia y Turno, y otros que imparten clases de Derecho Penal”, insiste.

Fossati reconoce que ganó mucha notoriedad con la investigación al excustodio presidencial Alejandro Astesiano, y sabe que desde filas de la izquierda le adjudicaron la intención de querer proteger al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

La exfiscal explica que investigó al propio primer mandatario y a todo su entorno y no descubrió nada ilegal vinculado a los pasaportes entregados a rusos. Sin embargo, señala, aquellos que la acusaron sin razón de favorecer al presidente de la República saben bien que los fiscales díscolos con la jerarquía “no somos nada” en la Fiscalía General de la Nación, diseñada por Díaz. “Nos cambian como moneditas cuando quieren. A algunos los destratan. A otros, que tenemos suficiente temperamento como para no permitirlo, nos persiguen y tiran cáscaras de banana”, afirma Fossati.

Posteriormente, la exfiscal revela un punto desconocido por la mayoría de la población: cualquiera puede sufrir una investigación fiscal por tiempo indeterminado. Si la Fiscalía General de la Nación no lleva el caso al Poder Judicial, el asunto nunca llegará a ser tratado por el sistema judicial, lo que les da “un poder selectivo inequívoco”, explica.

Recuerda que, con el viejo Código del Proceso Penal, el sistema político y los operadores judiciales se quejaban de la “cifra negra de la criminalidad” y de los delitos que no llegaban a ser trabajados por la Justicia por la selección que hacía la Policía Nacional. “Hoy tenemos una cifra negra de la criminalidad enorme” generada desde la fiscalía, por sobrecarga de trabajo o por las “indicaciones dadas a través de las instrucciones” de la Fiscalía de Corte, dice.

La realidad le da la razón a Fossati en ese punto. La fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione, que investiga el llamado “caso Penadés”, dijo, en una rueda de prensa, que tiene más de 1.000 casos en bandejas. La misma situación se repite en otras fiscalías. Ello significa que miles de víctimas de delitos graves y leves esperan por justicia.

A esa situación se agrega que, mediante las “Instrucciones Generales” impulsadas por Díaz, se prioriza los delitos de violencia de género, narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, corrupción pública, copamiento, privación de libertad, entre otros, ante los ilícitos económicos como, por ejemplo, el libramiento de cheques sin fondos y pequeñas estafas que perjudican a miles de comerciantes, recuerda Fossati. Y agrega que, como varias veces señalaron los diputados Gustavo Zubía (Partido Colorado) y Eduardo Lust (Cabildo Abierto) toda la organización de la Fiscalía estuvo pensada para realizar acuerdos abreviados por dinero con los ricos y con cárcel para los pobres.

El 16 de febrero de este año, el exdirector de Convivencia y Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, declaró ante Fossati por reunirse con Raúl Astesiano, el padre del excustodio presidencial, en la Barra del Chuy (Brasil). En ámbitos políticos trascendió que Leal habría ido al lugar a buscar información que perjudicara a Lacalle Pou.

Minutos después de que Leal comenzara a declarar como testigo, Fossati le trasmitió que pasaría a la calidad de indagado por una eventual obstaculización de la investigación. Poco después, Fossati fue apartada del llamado “caso Astesiano”. La entonces fiscal declaró a la prensa en ese momento: “Nunca me había pasado que hubiera alguien que no pudiera ser investigado como Leal”.

En su libro, Fossati explica que su apartamiento del “caso Leal” se debió al accionar de “La Manada”, un grupo de fiscales, abogados, periodistas y adherentes radicales del Frente Amplio.

Dentro de ese grupo, Fossati incluye a Díaz, Gómez y a Carlos Negro, entre otros fiscales. “Les asigné ese nombre luego de convencerme de que trabajan en equipo, en forma mancomunada”, expresa en alusión a las estrategias de ataques y de defensa implementadas por los lobos. En otro tramo de su libro, Fossati dice que la “situación caótica” de la Fiscalía no solo la afectó a ella, sino que también “perjudica” a los funcionarios, a los abogados que tienen que trabajar con los fiscales, a las víctimas, a los imputados y a los testigos.

Para la exfiscal, el problema no se origina exclusivamente en la “defectuosa forma” en que se implementó el nuevo Código de Proceso Penal (CPP) en 2017, sino que se adiciona un hecho mucho más grave: “Jorge Díaz transformó a este servicio descentralizado, con autonomía funcional, en una institución absolutamente ideologizada”.

Para Fossati, todo ha sido “contaminado”: los ascensos, los destinos, las compensaciones y los pases en comisión. Y considera que el Ministerio de Educación y Cultura debería auditar el diseño de los concursos de ingresos de la administración Díaz.

Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País

En otro tramo del libro, la exfiscal relata cuándo percibió que debía renunciar a su cargo. La certeza de que debía irse, la gota final -cuenta- la tuvo en la mañana del 21 de marzo de 2023 cuando se reunió en el despacho de Juan Gómez donde este le comunicó que la trasladaba de fiscalía.

“No tengo la menor duda de que su decisión la adoptó porque en los días anteriores había comenzado a investigar a un afín de ‘La Manada’, Gustavo Leal”, dice la exfiscal.

Fossati recuerda que “La Manada” y los “violentos” del Frente Amplio lograron algo que no pudieron los criminales: asustarla. Por primera vez pidió custodia. Aunque, aclaró: “No permití que los violentos cambiaran mi esencia ni mi actitud positiva. No les di poder sobre mi vida. No hay mejor victoria”.

Publicación. El libro de Gabriela Fossati está a disposición en coleccionables.elpais.com.uy, llamando al 29004141, o en los quioscos de los canillitas.