Cuando una persona es víctima o testigo de un delito puede quedar en una situación de riesgo o vulnerabilidad. Existen distintos grados, y en escenarios extremos se aplican mayores medidas buscando asegurar su protección porque, entre otras cosas, de ello depende el éxito de los procesos judiciales.

Al momento hay unos 64 núcleos familiares relocalizados, es decir, que se los mudó de vivienda por entender que corrían un peligro importante. En total son unas 350 personas que están dentro del programa de medidas especiales que lleva adelante Fiscalía en coordinación con otros actores del gobierno.

En 2017, Fiscalía comenzó a tener dentro de sus cometidos la protección y atención de las víctimas y testigos. Por fuera de las relocalizaciones, la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía también da apoyo a miles de personas vinculadas a variados delitos. En 2022, llegaron 3.642 nuevas, a los que se les suman otras 3.000 que estaban en carpeta por pertenecer a causas en investigación. A lo largo de los años ha ido en aumento la cantidad de personas que se atienden. En 2018 fueron el 5% del total de testigos, en 2021 subieron al 16% y en 2022 al 24%.

La directora de la unidad, Mariela Solari, recalcó la importancia del acompañamiento para que las víctimas y testigos transiten el proceso penal, y lleguen de la mejor manera posible a las diferentes instancias que se les presentan sin desistir por el camino. En ese marco, recordó a El País el impacto emocional y físico de volver a revivir los hechos al declarar en la Justicia. Además de que recibir apoyo es un derecho de las víctimas, y una forma de prevención de otros impactos a nivel personal que puedan generársele en la salud o lo social por no tener un seguimiento.

La decisión de relocalizar una familia no es azarosa. Ante determinada situación, un fiscal puede resolver que su caso se trate en el comité de evaluación de riesgo. Está integrado por el fiscal correspondiente, el oficial policial que trabaja en coordinación con él, e integrantes de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía. Son las personas que definirán cuáles son las medidas necesarias (y su duración) para la protección de los involucrados. Puede ser mudarse de vivienda (que destraba asuntos como el educativo o la atención asistencial), aunque hay otras de menor calibre como el acompañamiento psicológico o social.

Si el comité decide la relocalización, se coordina con el Ministerio de Vivienda para que encuentre la solución habitacional. “De vivir en una cooperativa se los puede transferir a otra, o está la opción de subsidio de alquiler, como tantas otras”, contó Solari. No obstante, la decisión de a dónde va se toma en el comité de evaluación de riesgo. Puede ser algo transitorio o definitivo, y hubo casos donde se debió mover a una familia más de una vez.

Aunque en la normativa aparece el cambio de identidad del testigo o la víctima como una medida que se puede tomar, no es un escenario que se haya puesto en práctica hasta ahora. Sin embargo, Solari no descarta que se aplique en algún momento. Las medidas especiales se dan en el marco de un protocolo entre Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio del Interior, y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

Las personas que tienen medidas de protección especiales deben cumplir con determinados requisitos. Puede ser no regresar a ciertos lugares ni hablar con determinada persona, como tampoco revelar los mecanismos del plan en el que están inmersos, indicó Solari, quien agregó que ya tuvieron dos casos de incumplimiento que fueron quitados del programa.

No todas las personas que se atienden son parte del programa de medidas especiales de protección. Tal como se mencionó anteriormente, la unidad de Fiscalía también realiza acompañamiento de víctimas y testigos con un nivel menor de seguimiento. Del total de personas que llegaron a la unidad, el “24% son víctimas y testigos de homicidios”, indicó Solari hace poco más de una semana en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.

Además, se registró un “sostenido aumento del acompañamiento a víctimas de delitos sexuales, siendo más de la mitad del total atendido por la unidad (56,4%). En un 80% son mujeres y el 78,5% son menores de 18 años”, indica la web de Fiscalía en el marco de la Rendición de Cuentas que realizó la unidad en marzo. Y destacó que “estas condenas, si bien aún representan un bajo porcentaje del total de los hechos denunciados, se han incrementado significativamente pasando de un 5% en 2018 a un 16% en 2022”.

Hay un reclamo de incremento de recursos para poder atender a todas las personas que llegan a la unidad. Solari explicó que la unidad la integran 29 técnicos en todo el país. Por lo tanto, solo cinco sedes tienen dos técnicos -psicólogo y trabajador social-, once tienen uno solo y 17 no cuentan con ninguno. Hay otros 10 técnicos que están presupuestados en la Rendición de Cuentas anterior. El objetivo es poder tener en todas las sedes dos personas, cifra que es “magra pero tenés in situ una dupla”, indicó la directora.

Sin embargo, Solari remarcó la necesidad de que se contrate más personal -más allá de los 10 presupuestados- y contó que en el mensaje que envió Fiscalía al Poder Ejecutivo se incluían más puestos. Sin embargo, después el gobierno decidió no llevarlo en el proyecto que envió al Parlamento. Hoy deben trasladarse entre departamento ante casos especia- les. “De hecho, tenemos un servicio de guardia de 24 horas que, sin más personal, es difícil sostenerlo”, enfatizó, y concluyó: “Las cosas violentas no le suceden a las personas en horario de oficina”.