Redacción El País
La fiscal de segundo turno de Artigas, Sabrina Massaferro, logró este sábado avanzar en la investigación sobre una red de explotación laboral e imputó a seis de las siete personas que habían sido detenidas días atrás.

En total, cuatro hombres y dos mujeres deberán cumplir medidas preventivas a la espera del juicio. Todos son uruguayos excepto una de las mujeres, una psicóloga venezolana.

Los delitos imputados son los de trata de personas y asociación para delinquir.

Las víctimas, en tanto, son 28 personas provenientes de Venezuela que, según pudo saberse, llegaban a Uruguay bajo la promesa de un trabajo con una remuneración de miles de dólares, pero se trataba de un engaño.

Las labores eran en una mina para la extracción de piedras, y según indicó la Fiscalía, en algunos casos no cobraban más de 150 dólares. Incluso, a algunas personas se les retuvo sus documentos de viaje para que no pudieran salir del país.

En este momento, las 28 personas rescatadas son atendidas por especialistas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía.

Los imputados deberán cumplir con arresto domiciliario de 22:00 a 7:00 con un dispositivo electrónico para su control. Además, tendrán prohibición de salir del país y de comunicarse con las víctimas. Estas medidas, en principio, rigen por 120 días.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, declaró a El País el viernes, cuando se conoció la noticia, que estas "son de las cosas que el Estado uruguayo tiene los instrumentos y la institucionalidad para detectarlas y combatirlas".

Apuntó que "son cosas que obviamente son intolerables y merecen el máximo rechazo". Por tanto, deseó que, aun "con todas las reglas del debido proceso y las garantías", la causa se salde "con toda la firmeza que requieren situaciones de trata de personas en el plano laboral".