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Buscaban chicas jóvenes y necesitadas de trabajo con la intención de someterlas a la explotación sexual. Así lo señaló la fiscal adjunta de Delitos Sexuales de 6° Turno, María José Brisco a la jueza especializada de Crimen Organizado, Adriana Chamsarian, en una audiencia realizada el pasado martes.

La investigación de una supuesta organización de trata de personas y explotación sexual comenzó en setiembre del año pasado por la fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione y su adjunta Brisco.

Las interceptaciones telefónicas revelaron que dos hombres -con la supuesta complicidad de una mujer que ejercía la prostitución- captaban chicas en un apartamento con la falsa promesa de trabajo.

En la audiencia, la jueza Chamsarian explicó al supuesto ideólogo de la maniobra que la Fiscalía pretendía imputarle reiterados delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, receptación y tráfico de armas a la pena de cuatro años y 15 días de penitenciaría.

Chamsarian relató al segundo imputado -el cómplice- que la fiscal Ghione lo acusaba de haber incurrido en delitos de asistencia de trata de personas y tráfico de armas. Para esta persona, la Fiscalía solicitó tres años de penitenciaria. Ambos imputados eran primarios.

Los abogados defensores de los investigados, Karen Pintos y Carlos Balbi, anunciaron a la jueza que habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía de ir a un proceso abreviado. Esto es, que ambos enjuiciados reconocían los delitos que se les atribuían a cambio de obtener una pena más benévola.

Según la fiscal Brisco, los delincuentes aprovechaban la “necesidad imperiosa de trabajo” de muchas chicas y ponían avisos clasificados ofreciendo empleo en un apartamento en la calle Tapes.

Muchas víctimas llamaban al teléfono del aviso, el que decía: “Se busca jóvenes para realizar trabajo privado en un apartamento”.

Unas chicas, ya “reclutadas”, atendían las llamadas. En ocasiones trasmitían a las interesadas que se trataba de trabajo sexual. Muchas interesadas cortaban enseguida la comunicación. Otras, con necesidad de trabajo, acudían a la cita en el apartamento.

Los avisos también ofrecían cursos de fotografía o trabajo de modelos para fotos. Las interesadas también eran citadas al apartamento de la calle Tapes. Allí el cómplice trasmitía a las muchachas que se trataba de atender a hombres en el apartamento.

Cuando algunas chicas se quejaban, el líder de la red, de profesión fotógrafo, tomaba el teléfono y trataba de convencerlas ofreciendo a las muchachas “ganancias” de $ 4.000 por día y hasta $ 100.000 mensuales.

Las escuchas telefónicas, dijo la fiscal Brisco, también reveló otra forma de captación de víctimas: ofrecían trabajo a través de una página de citas.

Luego de captar a las jóvenes, uno de los imputados colgaba en la página de citas imágenes de los cuerpos de las víctimas y su teléfono. “Esta persona, que no tenía antecedentes penales, regenteaba todo el sistema de explotación sexual de las jóvenes. Tenía una cartera de clientes. Él manejaba todo”, explicó Ghione a El País.

En la audiencia, la fiscal Brisco explicó a la magistrada que las víctimas que iban al apartamento de la calle Tapes “eran muy jóvenes. Una de ellas tenía solo 18 años. Fueron iniciadas en la prostitución por los imputados”. Cuando las fiscales Ghione y Brisco comenzaron a citar a las víctimas, muchas de ellas rogaban que no trasmitieran lo ocurrido a sus padres.

“Fueron captadas por las supuestas grandes sumas de dinero que recibirían”, explicó Ghione a El País.

En la audiencia en el Juzgado, la Fiscalía trasmitió que los imputados no preguntaban la edad a las jóvenes ni les pedían exámenes médicos ni carnet de trabajadora sexual.

Según la fiscal Brisco, de las interceptaciones telefónicas surge que el fotógrafo tenía como objetivo contratar siempre a personas jóvenes.

“El imputado captaba mujeres y las explotaba sexualmente en forma clandestina tras engaños”, insistió Brisco.

Luego la fiscal explicó las “tarifas” que el fotógrafo cobraba a hombres adultos para mantener relaciones sexuales con las chicas. “El imputado cobraba un porcentaje a las víctimas por los servicios sexuales prestados a desconocidos. También les cobraba una multa por llegadas tardes e inasistencias que oscilaban entre $ 500 y $ 1.000”, sostuvo.

Para poder salir del apartamento, las mujeres debían contar con la autorización del fotógrafo imputado.

Según la Fiscalía, el fotógrafo también mantuvo relaciones sexuales con las víctimas y se le incautaron miles de fotografías y filmaciones pornográficas. En los allanamientos, investigadores de Delitos Especiales de Interpol decomisaron a los imputados una pistola Smith & Wes-son y otra Taurus y municiones.