El Consejo de la Facultad de Derecho decidió crear un grupo de asesores externos que brinden opiniones sobre el funcionamiento del Consultorio Jurídico de esa casa de estudios. La preocupación de las autoridades de la Facultad de Derecho con el funcionamiento del Consultorio se arrastra de larga data, y tiene que ver, entre otras cosas, con la exposición mediática que vienen teniendo sus principales referentes.

En los últimos tiempos, el órgano alcanzó los 23 grupos, más de 400 estudiantes y asesoró a víctimas en unos 5.000 casos. Pero inquietaba a integrantes de la Facultad de Derecho el manejo de las causas penales -en el pasado no se atendía esta materia- y la exposición mediática por parte de sus abogados, quienes salían a menudo en los noticieros al finalizar las audiencias.

“La Facultad de Derecho debe tener un mensaje cuidadoso hacia la sociedad”, explicó un jerarca de dicha casa de estudios que es crítico con el accionar que ha tenido el Consultorio.

El 18 de abril pasado, el Colegio de Abogados envió una carta a la Facultad de Derecho donde se quejaba, en términos generales, de la competencia desleal que hacía el Consultorio Jurídico a profesionales, en particular, a los penalistas, según informó El Observador. y confirmó El País.

La carta del Colegio de Abogados llegó al Consejo de la Facultad de Derecho el miércoles 29 pasado, luego de pasar por otras reparticiones de dicho servicio universitario. Ese mismo día, el Consejo de la Facultad de Derecho tomó en su resolución algunos puntos de la misiva del Colegio de Abogados.

Señaló que el trabajo del Instituto de Técnica Forense y de todos sus docentes en particular es “muy destacado”, “atiende casos de enorme relevancia social” y “brinda un servicio de gran valor” a toda la sociedad y a la Universidad misma. Agregó que el volumen y diversidad de casos que se atienden plantean “nuevos desafíos que deben ser asumidos con responsabilidad, sentido profesional y colectivo y con espíritu de mejora”.

La resolución afirmó que el Consejo de la Facultad de Derecho viene analizando diversa información referida al trabajo de los consultorios jurídicos a efectos de tener un diagnóstico de su funcionamiento actual.

Expresó que “se estima conveniente” contar con la opinión experta de exdocentes y personas de destacada actuación en la órbita judicial como “insumo externo” al servicio.

Por ello, el Consejo de la Facultad de Derecho decidió crear un grupo asesor externo de expertos para que recomienden las mejores prácticas en materia de atención a personas que concurren al Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho.

El grupo -como ya informó El Observador- estará constituido por el abogado Alejandro Abal Oliú, que fue decano de la Facultad de Derecho entre 2002 y 2006, Rafael Biurrum, exdocente de la Udelar, y Leslie van Rompaey, quien integró la Suprema Corte de Justicia entre 2002 y 2012.

La resolución fue votada por mayoría del Consejo de la Facultad de Derecho. El docente Juan Ceretta, quien también integra el Consultorio Jurídico, se opuso.

Consultado por El País, Ceretta dijo que si los consejeros de la Facultad de Derecho tenían dudas o reproches sobre la gestión de la institución podrían haber pedido un informe al director del Consultorio y “ventilar las cosas” en los ámbitos cogobernados que tiene la Universidad de la República.

Según Ceretta, la creación de un cuerpo externo de la Universidad para emitir directivas que cambien el funcionamiento del Consultorio “vulnera” la autonomía universitaria.

Insistió en que este tipo de medidas “son peligrosas” porque la Facultad de Derecho integra una universidad pública con una ley que la regula, tiene un funcionamiento especial y se cogobierna. Para Ceretta, la creación de un órgano externo “es una manera solapada de intervenir”, porque no se desplaza ninguna autoridad. Pero, agregó, “aparecen actores que no son universitarios y que van a incidir en cómo, cuándo y en qué puede hacer el Consultorio Jurídico”.

Foto: Estefanía Leal.