El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, planteó a través de su abogado, el exfiscal de Corte Jorge Díaz, que se expulse al Ministerio de Salud Pública del proceso en el que está imputado por insolvencia societaria fraudulenta y fraude concursal. Al momento de la imputación, la Fiscalía de Delitos Complejos de 3^er Turno, sostuvo que Iglesias, a sabiendas de que iba a llamar a concurso voluntario, le pagó a dos acreedores, lo que alteró la masa concursal.

Díaz, que tomó el caso después de la imputación, le pidió este lunes al juez Fernando Islas que excluya al MSP del proceso penal porque lo que está previsto es "la participación de la víctima y no la participación del denunciante". A juicio de suyo y de su colega, Florencia Mazzei, el ministerio no se vio perjudicado por ninguno de los delitos que le imputan a Iglesias.

Así, Díaz recordó que se le imputó insolvencia societaria fraudulenta y fraude concursal. La audiencia de este lunes estaba convocada por Fiscalía para pedir el sobreseimiento por el delito de fraude concursal y para ampliar los hechos de la imputación respecto de la insolvencia societaria fraudulenta y para pedir la imputación por un delito de apropiación indebida.

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En base a eso, fue que el exfiscal de Corte argumentó que en el caso de la apropiación indebida, según los hechos que investigó el fiscal Gilberto Rodríguez, se habla "de la propiedad, en todo caso, de la Asociación Civil Casa de Galicia". "Por ende, el Ministerio de Salud Pública no puede considerarse ni ofendido ni un sujeto pasivo del delito", fundamentó, insistiendo en que no podrían comparecer como víctima.

En el caso de la insolvencia societaria fraudulenta, continuó, el bien jurídico afectado es la economía pública y la propiedad. Es decir, en este caso podrían ser accionistas o acreedores, o la dirección Casa de Galicia, que ya no existe.

Si se tomara como bien jurídico afectado la economía pública, tampoco –sostuvo Díaz– el afectado sería el Ministerio de Salud Pública. Esto, dado que no está entre sus competencias velar por la economía pública.

En la audiencia en la que se hizo este planteo estaba el abogado del ministerio, Gustavo Bordes, quien adelantó que se opondrá al pedido. Pese a esto, convinieron entre los abogados, los fiscales y el juez, el concederle algunos días para presentar sus fundamentos.

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3^er Turno, que lidera Gilberto Rodríguez y que también conforman Silvia Monzón y Gabriela Gómez, habían pedido la audiencia para solicitar al juez Islas que amplíe la imputación de Iglesias.

Cuando se lo imputó en marzo, el fiscal Rodríguez indicó que cuando Iglesias ya sabía que iba a llamar a concurso voluntario, le pagó a dos acreedores, lo que alteró la masa concursal. Los beneficiarios fueron Juan Carlos Lousada, de la comunidad gallega, y Marcelo Bonanata, histórico prestamista de Casa de Galicia.

De esta maniobra no había registro en papel, sino que fue descubierto por el síndico que intervino una vez la Justicia llamó a concurso.

El síndico logró revertir las dos “órdenes irrevocables” que había dado Iglesias, por lo que ni Lousada ni Bonanata pudieron hacerse del dinero. Las deudas de Casa de Galicia con los nombrados no estaban próximas a vencer cuando el pago fue ejecutado por el presidente, lo que, para la Fiscalía deja en evidencia que se buscaba alterar el orden de los acreedores.

En la audiencia de imputación Rodríguez también señaló que investigaba la falta de US$ 180 mil, que supuestamente estaban al cuidado de un amigo o socio de confianza de Iglesias. El hombre retiró el dinero de un cambio, del que es dueño Bonanata, y al otro día se suicidó.