Inicialmente, el exsecretario de Gustavo Penadés, Horacio Tejera, y Graciela del Vecchio, amiga personal del exsenador, habían sido citados a Fiscalía en calidad de investigados. Pero en las últimas semanas eso cambió y fueron convocados a declarar como testigos, señaló el abogado de ambos, Rodrigo Martínez, a El País.

“La Fiscalía les sacó la calidad de imputados que habían tenido inicialmente y se les tomó declaración como testigos. Si son citados al juicio, sin dudas, va a ser como testigos”, explicó Martínez.

Al principio del caso habían sido citados a Fiscalía por la información que surgía de escuchas telefónicas. Allí, entre otras cosas, Tejera decía que Penadés les pidió que “limpiaran” el teléfono antes de ir a declarar al Ministerio Público. Esto fue a pocos días de la primera imputación del exsenador.

Además, en otra conversación el secretario y Del Vecchio —que era funcionaria de la Corte Electoral— hablaron sobre la posibilidad de buscar información en el padrón de la Corte. En ese contexto, hablando de una tercera persona, Del Vecchio le dijo a Tejera que no se preocupe: “Si es para Gustavo sabés que no va a abrir la boca”. Los contenidos de esas escuchas los divulgó El Observador.

Tejera se desempeñaba como secretario de Penadés en el Parlamento y del Vecchio era militante de la lista 71 y amiga personal del exsenador.

Estos fueron algunos de los elementos que utilizó la Fiscalía para fundamentar la primera imputación de Penadés, que fue por 22 delitos de índole sexual. A su entender, las escuchas abonaban la idea de que había algo que ocultar.

Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

En todas las audiencias del caso, el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), insistió en la necesidad de investigarlos a ambos. Inicialmente, la teoría fiscal iba en esa línea. En una audiencia judicial realizada en abril de este año —a cuyo registro accedió El País— una de las representantes de la Fiscalía afirmó que la trama montada por el exlegislador “tenía dos partes”. Una era la que componían Diego Cuiñas (funcionario del Parlasur), Carlos Tarocco (director del ex Comcar) y los demás condenados, y “por otro, (la llevada a cabo por) personal de confianza de Penadés”, entre los que estaban Tejera y Del Vecchio.

La “trama”, según se desprende de los mensajes leídos en varias audiencias judiciales, apuntaba a develar la identidad de las víctimas denunciantes —que han sido reservadas por decreto judicial— y a perjudicar a aquellos que sí se conocía quiénes eran. Ese era el caso de Romina Celeste Papasso y Jonathan Mastropierro.

En los mensajes —que principalmente eran entre Tarocco y Cuiñas— hablaban de la necesidad de “salvar al hombre” y “salvar al amigo”.

Respecto de Tejera y del Vecchio, la teoría del caso de la Fiscalía cambió y se entendió que ya no eran sospechosos de haber cometido un delito —imputados— sino que eran testigos. Algunas diferencias entre ambas calidades es que el investigado tiene que tener abogado defensor obligatoriamente (el testigo en la amplia mayoría de los casos no lo tiene) y tiene la posibilidad de mentir durante un interrogatorio.

En un juicio civil o criminal, los testigos están obligados a decir la verdad. Si no, incurren en el delito de falso testimonio. Este se configura en caso de que el declarante “afirmase lo falso, negase lo verdadero, u ocultare en todo o en parte la verdad”. Es castigado con una pena de tres meses a ocho años de cárcel.

Según supo El País, aún no está definido que vayan a ser citados a juicio.

La próxima instancia de la causa para el exsenador, que permanece en prisión preventiva, será a comienzos de febrero de 2025, a pocos días de que haya culminado la feria judicial mayor.

Allí se volverá a discutir si tiene que seguir aguardando el desarrollo del proceso en la cárcel, o puede obtener una medida cautelar menos restrictiva, como un arresto domiciliario. En la misma situación está el profesor Sebastián Mauvezín, imputado por delitos vinculados a la asistencia a la explotación sexual de menores.

La Fiscalía que encabeza Alicia Ghione tiene plazo hasta el mes de mayo para definir por qué delitos lleva a juicio oral a los imputados y la pena que solicitará para cada uno.

En la causa ya fueron condenadas seis personas por haber colaborado con la “trama” para buscar información de las víctimas, utilizando, entre otras cosas, herramientas del Estado.

En la causa hay un tercer imputado, que es un joven que estuvo preso y es señalado por la Fiscalía porque durante ese tiempo, presuntamente, colaboró con Tarocco en “la trama”. Según surge de la imputación, a cambio de la información le ofrecieron US$ 30 mil.