El crimen conmocionó a los uruguayos por su ferocidad. El 17 de febrero de 2018, el joven Cristian Pastorino (19), alias “Kiki” ingresó al supermercado Super Vero ubicado en Luis Alberto de Herrera y General Urquiza. Tras amenazar con un arma, Pastorino le pidió a la cajera Florencia Cabrera, de 25 años, que le entregara el dinero. Sin oponer resistencia, Florencia le dio lo que había en la caja.

Al retirarse del supermercado, el joven disparó por la espalda a Cabrera, quien falleció en el momento.

El delincuente se dio a la fuga y se autoeliminó cuatro días más tarde al verse rodeado por la Policía.

Florencia Cabrera tenía un hijo de entonces 8 años, quien vive con familiares.

Rodrigo Martínez y Diego Camaño, abogados de la familia de Florencia Cabrera, iniciaron el año pasado un juicio civil contra el Ministerio del Interior y la Fiscalía sosteniendo que la muerte de Florencia no fue un hecho aislado sino el resultado de una cadena de “omisiones gravísimas” por parte de los demandados.

Casi tres meses antes de ingresar a rapiñar el supermercado Super Vero, “Kiki” había ultimado a disparos a su pareja, Alison Pachón, de 19 años.

Tenía antecedentes por receptación y tenencia de armas, lo que lo convertía en un prófugo peligroso.

“Tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía coincidieron en que la muerte de Florencia Cabrera se hubiera evitado si las órdenes de allanamientos se hubiesen librado en tiempo y forma y de acuerdo a la urgencia que la peligrosidad del criminal ameritaba”, señaló la demanda redactada por Martínez y Camaño a la que tuvo acceso El País.

Agregó que el Ministerio del Interior incumplió en su obligación de garantizar el derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad, mientras que la Fiscalía también incurrió en responsabilidad por no actuar con la diligencia debida.

Los familiares de Florencia Cabrera reclamaron en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno una indemnización de US$ 250.000 por concepto de daño moral y $ 6.183.720 por lucro cesante más intereses y reajustes.

Tanto el Ministerio del Interior como la Fiscalía trataron de deslindar sus responsabilidades argumentando que el homicidio de Florencia fue provocado por un hecho de un tercero o de un particular.

La exfiscal de Delitos Sexuales, Diana Salvo, quien procuró dar con el paradero del “Kiki” junto a policías de Zona IV (Cerro y barrios aledaños) luego del feminicidio de Alison Pachón, se jubiló en diciembre de 2018.

Salvo declaró como testigo ante el juez de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno, Alejandro Martínez de las Heras. “Recuerdo los hechos porque bastante mala sangre me hice con este asunto (la búsqueda del “Kiki” luego que ultimara a su pareja de 19 años), dijo la exfiscal.

Recordó que un viernes la llamó el entonces fiscal adjunto de la Fiscalía de Corte, Fernando Romano -hoy fiscal de Flagrancia de 9° Turno- por otras causas penales.

“Le dije (a Romano): ‘estoy preocupada porque pedí 19 órdenes de allanamientos para la Policía y cuando llegan, (“Kiki”) se fue o no estaba ahí. Y yo sentía que me estaban tomando el pelo. Entonces Romano me dijo que por escrito le manifestara al fiscal de Corte (Jorge Díaz) que la investigación era infructuosa con 19 órdenes de allanamientos. El informe (a Díaz) lo hice el viernes a última hora; el sábado ocurrió el hecho en el supermercado’” donde fue asesinada Florencia Cabrera por Pastorino.

A partir del asesinato de Florencia Cabrera, la búsqueda de Pastorino salió de la esfera de Salvo y pasó a la fiscalía de Homicidios, cuyo titular era Juan Gómez, hoy fiscal adjunto de Corte. Gómez comenzó a trabajar con Zona III (Mendoza y barrios adyacentes) y en tres días los policías ubicaron al “Kiki” en el asentamiento El Monarca, situado en las cercanías de la ruta 8 y el arroyo Carrasco.

Salvo dijo, además, que el comando de la Zona IV fue relevado por un caso de corrupción. “En la Zona IV me tomaron el pelo en el caso del “Kiki”, reiteró Salvo.

La exfiscal testificó que el homicidio de Florencia Cabrera “se podría haber evitado” si la Zona IV “hubiese sido diligente; lo estaban buscando desde hacía casi tres meses y nunca se lo encontraba”. Y concluyó: “La falta de diligencia yo entiendo y la sostengo a través del transcurso de la investigación”.

Por su parte, el exdirector Nacional de Policía de la pasada administración, Mario Layera, dijo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno que, a raíz de declaraciones de prensa, en el Ministerio del Interior se dispusieron investigaciones administrativas. “No puedo evaluar si hubo retraso o no (en la detención del “Kiki” por efectivos de Zona IV), declaró Layera.

En su fallo, el magistrado destacó que Salvo menciona en su declaración la existencia de 19 órdenes de allanamientos libradas para capturar al “Kiki”, mientras que de las actuaciones administrativas incorporadas por el Ministerio del Interior solo constan la existencia de ocho operativos en casas y tres inspecciones oculares, las que resultaron sin novedad.

El juez Martínez de las Heras advirtió:

“Ambos operadores tienen a su cargo una obligación establecida por ley de brindar seguridad interna (MI) por un lado y de dirigir la investigación criminal (FGN) por otro y ello es una obligación de medios y no de resultados”.

También señaló que el accionar del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de la Nación fue “irregular” por ocurrir en una “falta de servicio por omisión”, lo que generó la conducta delictiva del “Kiki” que dio muerte a Florencia.

El juez condenó al Ministerio del Interior y a la Fiscalía a pagar una indemnización a los familiares directos de Florencia Cabrera de US$ 160.000 mas intereses legales y reajustes por daño moral.

El lucro cesante reclamado por la familia Cabrera se tendrá que liquidar en un juicio aparte.

El fallo podrá ser apelado.