Familiares de Natalia Lagos -la joven de 23 años que murió en un choque provocado por su expareja- exigen al Ministerio del Interior y al Poder Judicial la cifra de US$ 505.000, por la muerte de la joven, según al documento al que accedió El País.

Natalia había sido amenazada de muerte por su expareja, el expolicía Daniel Ferradans. Poco después, Ferradans irrumpió el 2 de agosto en una vivienda de Parque del Plata en la que estaban Natalia y Franco Aranda, un amigo que se quedaba con ella para cuidarla. Ferradans apuñaló dos veces a Aranda -agresión que no resultó mortal- y luego obligó a Natalia a subirse al auto de Aranda, que luego Ferradans condujó y estrelló contra el peaje se Soca. Natalia murió a raíz del incidente y el expolicía fue imputado por femicidio.

De la cifra que la familia solicita ahora, US$ 500.000 corresponde a daños morales, con la atribución de US$ 100.000 a cuatro familiares y otros US$ 100.000 a Aranda.

Luego hay US$ 5.000 de daños materiales, reclamados por el padre de Natalia, para cubrir los gastos de los procesos judiciales y administrativos desencadenados por la muerte de la joven.

La demanda apunta que Natalia se presentó ante la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y de Género el 13 de julio de este año, para realizar una denuncia contra su expareja. A raíz de la denuncia, la Justicia dispuso la prohibición de contacto, comunicación y acercamiento en un radio no menor a 500 metros por 189 días" para la expareja respecto a la víctima.

Menos de un mes después de la denuncia, fue que Natalia murió a manos del agresor.

"No se trabajó ni se abordó la denuncia formulada por Natalia en función de lo dispuesto por la Ley 17. 514 y la 19.580, que consagra de la protección integral de la dignidad humana. Estos comparecientes están convencidos de que hubo falta de servicio por omisión de los funcionarios actuantes a nivel administrativo y Judicial", indican los defensores de la familia de Natalia en la solicitud de citación a conciliación con Interior y el Poder Judicial.

"La inactividad estatal favoreció a que el denunciado aumentara la violencia, pudiendo acceder fácilmente a la víctima, como de hecho aconteció días más tarde, para finalmente ultimarla", detalló el escrito.

"Existe una relación clara y directa entre la omisión del servicio prestado por la CEVDG (Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género) y la actuación de la magistrada y el aumento del riesgo al que se expuso a Natalia (...) Las omisiones aumentaron notoriamente el riesgo de ocurrencia del evento lesivo gravísimo que finalmente se consumó en la muerte de Natalia", señaló el texto.