El reciente feminicidio de Natalia Lagos (23) estremeció a los uruguayos. Un poco después de la una de la mañana del miércoles 2 pasado, el expolicía Daniel Ferradans abrió a la fuerza la puerta de una cabaña ubicada en Parque del Plata. Sorprendió así a Franco Aranda, un amigo de Natalia que la cuidaba luego que Ferradans la amenazara de muerte.

En ese momento el expolicía le gritó a Natalia: “¿Este quién es? ¿Es tu novio?”. Ella respondió que no. “Es el amigo de Gastón que yo te conté”, dijo la joven.

Ferradans comenzó a gritar lleno de ira: “¡Yo te dije que si vos no eras mía, no eras de nadie. Yo los mato a los dos acá!”.

Aranda intervino: “Pará, pará. Yo soy nadie”. Visiblemente furioso, Ferradans respondió: “Callate o te pego un corchazo”.

Pese a que pidió clemencia, Ferradans lo acuchilló dos veces. Luego llevó a golpes a Natalia hasta el auto de Aranda y lo estrelló contra el peaje de Soca. Natalia murió.

En la formalización de la investigación del expolicía por feminicidio, comenzaron a conocerse detalles del caso. Por ejemplo, que Natalia cortó la relación con el expolicía tras una seguidilla de episodios de violencia. Otro detalle fue que el fiscal de Atlántida, Ignacio Montedeocar, no fue notificado de ninguna de las denuncias realizadas por Natalia. Y un tercer detalle surgió cuando se supo que la joven pidió protección especial a la Justicia.

Ante estas situaciones, los abogados de la familia de la víctima, Rafael Silva y Valeria Campos, y el abogado de Franco Aranda, Nicolás Pereyra, denunciaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a la jueza de Feria de Atlántida que intervino en el caso, por supuestas omisiones en su actuación. En la denuncia, también se solicitó a la corporación que inicie una investigación administrativa sobre el caso.

El 13 de julio Natalia se presentó ante la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y de Género de Parque del Plata para realizar una denuncia contra su expareja, Ferradans.

Luego se le labró un acta. Allí Natalia dijo: “Tengo miedo de cruzarlo, ya estoy viviendo asustada”. Cuando el policía le preguntó si el denunciado tenía acceso a armas, ella respondió que sí.

Al final del acta el agente le inquirió qué requería a la Justicia, Natalia respondió: “Solicito medidas. No quiero que se me acerque”.

La denuncia formulada por Natalia dio origen a un número de noticia policial tanto para la Fiscalía como para la Policía.

Horas más tarde, la Policía tomó declaración a Ferradans, quien reconoció que se había acercado a la joven pese a que esta le había señalado, en varias ocasiones, que no quería reanudar la relación.

El 14 de julio de este año, la jueza de Feria de Atlántida dispuso para el expolicía la “prohibición de contacto, comunicación y acercamiento en un radio no menor a 500 metros por 180 días”.

Dos semanas más tarde, Ferradans desacató la orden judicial. Y ese día dio muerte a Natalia e hirió gravemente a Aranda. En la denuncia, a la que tuvo acceso El País, los tres abogados señalan que la jueza de Feria de Atlántida fue “omisa” en el ejercicio de sus funciones, ya que su actuación tuvo una “repercusión negativa” para la Justicia y fue “un nexo directo” con el resultado del fallecimiento de Natalia. Por ello, se dice en el escrito, la Corte debe disponer el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente para la magistrada.

La denuncia advierte a la Corte que la magistrada debió imponer una “sanción proporcional y adecuada” en relación con la falta cometida -las reiteradas golpizas de Ferradans a Natalia- y el resultado de estas -lesiones y temor de la víctima, entre otras. “La responsabilidad estatal no se limita a permitir un acceso formal, como en el caso de Natalia, de meramente recibir la denuncia y dar noticia al juez”, agrega el escrito. Y sostiene que la magistrada denunciada debía ordenar a la Policía que los antecedentes se eleven al inicio de la jornada laboral del día siguiente, situación que “no aconteció” y tenía que cumplir con lo dispuesto por el artículo 61 literal B de la Ley 19.580 (ley de violencia hacia las mujeres basada en género). Esto es, la jueza debió celebrar audiencia dentro de las 72 horas, la que deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad.

Previo a la celebración de la audiencia el equipo técnico del Juzgado debía elevar un informe de evaluación de riesgo. “Esto tampoco fue dispuesto. Se desconocen los motivos. La jueza no convocó a audiencia, ni solicitó los informes de estilo”, advierte la denuncia. Y afirma, además, que en la resolución judicial no se dispuso nada con relación a dar noticia a la Fiscalía Penal de Turno de los hechos denunciados por Natalia con apariencia delictiva. Y destacó que Natalia dejó en la denuncia especial constancia sobre que el denunciado tenía acceso a armas de fuego, pero “ni eso pudo despertar” el celo de la jueza.

La denuncia concluyó: “Una correcta actuación de la magistrada, le podría haber salvado la vida a Natalia y podría haber evitado que atentaran contra Aranda”.