JUDICIAL

Ignacio Durán, abogado representante de la familia de Valeria Sosa —mujer asesinada en 2017 por su esposo, el funcionario policial Juan Antonio Lanza— presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia para apelar el fallo del Tribunal de Apelaciones que redujo en un 80% la indemnización fijada para la familia.

El femicida fue condenado a 16 años de prisión y la familia demandó al Ministerio del Interior debido a que el crimen "pudo y debió ser evitado" por la cartera, en tanto la mujer lo había denunciado en varias oportunidades.

En noviembre de 2021, el juez Letrado de tercer turno de lo Contencioso Administrativo Pablo Gandini condenó al Estado uruguayo a indemnizar a la familia de Sosa.

"El Estado Uruguayo merece la máxima condena para reparar el daño moral de los actores pretendiendo hacer jurisprudencia que visibilice el tema dándole la importancia que se merece, ya que habida cuenta aun hoy en el presente juicio el Estado continúa negando su responsabilidad al negar el nexo causal en la muerte de Valeria, situación que hace sufrir aún más a su familia", destacó Gandini en su fallo.

La demanda civil, presentada por el abogado Ignacio Durán, reclamaba una indemnización por daño moral para madre, hermanos e hijos de Valeria Sosa, por un monto que ascendía a unos US$ 600.000.

Sin embargo, el ministerio apeló y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de quinto turno la redujo en más de un 80%.

"Para el Tribunal de Apelaciones de 5to turno ver morir a tu madre de un disparo a quemarropa en la cabeza, y siendo tu propio padre el victimario, vale US$ 65.000. Qué desprecio por la vida humana, por Dios", escribió en su cuenta de Twitter el abogado Durán.

Ante esta resolución, Durán presentó ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de casación.

"El Estado ignoró todas las alarmas que le indicaban con singular certeza sobre la peligrosidad del Sr. Lanza y la alta probabilidad de que atentara contra su ex pareja, quién había recurrido con rotundo fracaso a solicitar la tutela estatal", detalla el documento al que tuvo acceso El País.

"El daño ocasionado, por hecho propio o por alguien por quien se tenga obligación de responder como en el caso de autos, debe ser reparado integral, no parcialmente", agrega el documento.