ANTE DENUNCIA DEL FA
Heber y Ferrés concurrieron a Fiscalía hoy en el marco de la causa judicial que activó el Frente Amplio por la extensión del contrato a Katoen Natie.
Luis Alberto Heber, exministro de Transporte y actual titular del Ministerio del Interior, y el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés, declararon este martes en Fiscalía por el acuerdo del Estado con Katoen Natie que extiende la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo hasta 2081, confirmaron a El País fuentes de Fiscalía.
"Vengo a dar a la Fiscalía información sobre una irregularidad manifiesta de la administración anterior" dijo Ferres al entrar a declarar, sin precisar a qué se refería. A su salida se explayó y planteó que las administraciones anteriores mantuvieron una "situación ilegal e irregular" en el puerto "permitiendo funcionar a una empresa fuera de la ley".
"Vinimos a explicarle al fiscal nuestra visión de lo que pasó en el puerto de Montevideo. Nosotros cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación ilegal e irregular en el manejo de las áreas públicas del puerto de Montevideo por parte de las administraciones anteriores lo cual a todas luces ha sido una vergüenza. Nosotros celebramos un profundo acuerdo muy bueno para el país en el cual en primer lugar lo que hicimos fue ajustar la operativa portuaria en las áreas públicas lo que tiene que ver con contenedores a derecho porque se había violentado por parte de las administraciones anteriores la ley de puertos y se había permitido funcionar a una empresa por fuera de la ley", dijo Ferrés.
El prosecretario de Presidencia ahondó: "Quiero ser preciso, se permitió a una empresa operar contenedores sin un título habilitante de la ley de puertos y lo vuelvo a reiterar: las administraciones anteriores permitieron durante más de 10 años y en desmedro del Estado uruguayo, que es parte de la Terminal Cuenca del Plata y dueña", la "instalación de una terminal de contenedores lo cual no solo es irregular sino que es una vergüenza y eso vinimos a decirle al fiscal".
"Estoy muy contento, muy orgulloso de lo que hicimos en el puerto; que va a ser bueno para el puerto y el país", remarcó antes Heber en diálogo con Telemundo (Canal 12) previo a su ingreso a la Fiscalía. A la salida, no hizo declaraciones.
Ambos funcionarios de gobierno se presentaron ante el fiscal Gilberto Rodríguez, fiscal Letrado Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, en el marco de la causa judicial que activó el Frente Amplio por el acuerdo.
El sindicato de Montecon se moviliza esta tarde en la puerta de la sede judicial donde declara el ministro. Diego Larrieux, vocero de dicho sindicato, apuntó que Heber "desconoce totalmente, en forma técnica, lo que firmó". En diálogo con Telemundo, dijo que desde el 20 de mayo 108 trabajadores fueron enviados a seguro de paro.
Heber y Ferrés son dos de los cuatro acusados por este contrato que fue anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou durante su balance de gestión en la Asamblea General, en marzo de 2021.
Además de los dos jerarcas, también están incluidos en la acusación el subsecretario del Ministerio de Transporte, Juan José Olaizola, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Declararán este miércoles a las 11:00 y a las 14:00 respectivamente.
Los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara ratificaron en marzo la denuncia penal por el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie.
La denuncia inicial había sido presentada el 29 de setiembre de 2021 por la bancada de senadores del Frente Amplio. A las horas, el mandatario expresó: “La gente que trabajó en ese tema merece toda mi confianza, en todos los pasos de la negociación yo estuve al tanto”.
De esa forma, el gobierno destacó que la firma belga desactivó un juicio al Estado por US$ 1.500 millones y se comprometió a invertir US$ 455 millones en la principal terminal portuaria de Uruguay. Heber valoró meses atrás que se trata de "la inversión más grande en la historia del puerto".
El senador Carrera planteó que en su momento que en este acuerdo hubo "abusos de las formas jurídicas, incumplimiento de la Constitución y la Ley de puertos”.