Fingieron allanamiento y lo mataron: víctima no era el objetivo del ataque, era "hombre de trabajo y familia"

El hecho ocurrió en Cerro Norte, donde en los últimos días se desató una lucha entre grupos criminales; los delincuentes entraron disfrazados de policías.

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Policía con chaleco. Foto: Archivo El País

Este lunes imputaron al segundo presunto involucrado en el homicidio de un hombre asesinado dentro de su casa en Cerro Norte. Los criminales estaban vestidos de funcionarios policiales y patearon la puerta de la casa al grito de “Policía, esto es un allanamiento”. En la audiencia judicial, a cuyo registro tuvo acceso El País, la fiscal adscripta de Homicidios de 2o Turno, Micaela Dávila, dijo que “claramente”, por la evidencia que han “recolectando en esta investigación, acá estaban buscando una persona que no era la víctima, él era una persona de trabajo y de familia”.

“A priori no ha surgido nada que tuviera vinculación con ninguna banda delictual”, detalló.

El crimen, sin embargo, se da en un contexto de “disputa de territorios por droga” y tras tres días de balaceras continuas “a cualquier hora del día”, explicó la fiscal. Esto ocurrió en la madrugada del 20 de junio. Si bien la víctima no tenía vínculos con ninguna banda, la investigación apunta a que los dos imputados sí lo tenían.

Al igual que con el primer imputado, lograron dar con el otro porque a pocos metros de la casa dejaron tirada una campera de policía, un arma y un pasamontañas. Al ingresar a la casa, hablaron y gritaron, por lo que ambos dejaron restos de saliva y las muestras se cotejaron con la base estatal donde se documenta el ADN de personas imputadas. Como ya tenían antecedentes, las muestras genéticas estaban en la base y se produjo la coincidencia.

En el caso del nuevo imputado, además, testigos informaron que participó del crimen una persona con determinado apodo y de la pericia del celular del imputado surgió que él se presentaba con ese apodo.

Se lo imputó por ser presunto coautor de un delito de homicidio especialmente agravado. Estará preso preventivamente hasta fines de diciembre mientras continúa la investigación.

El crimen

El hecho ocurrió a las 6:40 de la madrugada cuando la víctima, de 28 años, estaba durmiendo con su pareja; en otro cuarto estaba su hija de seis años. Un grupo de varias personas —aún no tienen determinadas cuántas— ingresó a la fuerza, rompiendo la puerta, al grito de “Policía, esto es un allanamiento".

Todos llevaban armas de fuego, camperas, chalecos de policía y pasamontañas negros. Mientras que un grupo se dirigió al dormitorio de la pareja, otro fue al cuarto de la niña. La víctima no llegó a salir de la cama y fue agredida a tiros. A la mujer y a la niña no les dispararon.

Después, huyeron del lugar y a pocos metros se deshicieron de una campera, pasamontañas y de un arma de fuego marca Glock con su respectivo cargador y cartuchos. Esa arma no le disparó a la víctima, según las pericias balísticas realizadas. Al lado, se encontró el cuerpo de un perro asesinado a disparos y varios casquillos calibre 9 milímetros.

En total, se encontraron 32 casquillos en la escena (comprendiendo el dormitorio y el lugar donde se deshicieron de las pertenencias). Policía Científica determinó que hubo cinco armas de fuego que participaron en el crimen y, según pudieron cotejar, estas “han participado en infinidad de hechos de sangre”. La fiscal señaló que se utilizaron en homicidios y en casos en los que hubo lesionados graves.

Estas armas no fueron encontradas aún, pese a los “muchísimos allanamientos” —en palabras de la fiscal— que se hicieron en el barrio a raíz de este hecho.

Debate por el ADN

La defensora pública Gabriela Machado, que defendió al imputado, planteó su posición respecto a la prueba utilizada por la Fiscalía para inculpar a su cliente. Cuestionó que el ADN se hizo sin el consentimiento del imputado y por ende no debía ser considerado. Argumentó que esto podría ser objeto de cuestionamientos posteriores cuando se ingrese a debatir la prueba como tal.

La fiscal Dávila explicó cómo es el mecanismo de cotejo con la base del Estado y argumentó que, de acuerdo a la legislación vigente, no hay que pedirle consentimiento al imputado para cotejar una muestra obtenida de una escena con el banco que cuenta con el ADN de aquellos ciudadanos que alguna vez fueron imputados. El juez Alejandro Asteggiante, que encabezó la audiencia, se plegó a esta posición, que a su vez es la más extendida.

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