INVESTIGACIÓN

La fiscal Gabriela Fossati afirmó en el Juzgado Penal que “hay que ser muy sigilosos” en la investigación vinculada al llamado caso Astesianoporque se habla de que “están involucrados funcionarios públicos” de todas las reparticiones a las que se les está pidiendo información sobre falsificaciones de partidas de nacimientos de rusos para obtener la ciudadanía uruguaya.

En la audiencia, realizada el pasado viernes, Fossati explicó al juez Marcelo Souto, que solicitó informes al Ministerio de Relaciones Exteriores, Corte Electoral, Identificación Civil, Registro Civil, Banco de Previsión Social (BPS) y Dirección General Impositiva (DGI).

Fossati afirmó en el Juzgado que obtuvo nombres de funcionarios públicos, los que surgieron de los “pocos mensajes” que se pudieron recuperar del teléfono del excustodio presidencial, Alejandro Astesiano. “No se brindan (esos nombres en la audiencia) porque son autoridades públicas y se quiere tener más elementos de certeza”, expresó Fossati.

En la sede penal, la fiscal dejó entrever que existía la posibilidad de que se entorpeciera su investigación y se borraran pruebas.

“Se está trabajando en este momento (con la Dirección Nacional de Inteligencia y la Dirección de Crimen Organizado e Interpol) con protocolos de prudencia para que no se frustre el resultado de la investigación”, afirmó la fiscal durante la audiencia.

Además, expresó que el pasado viernes recibió dos pendrives provenientes de la Dirección de Inteligencia que contenían el 2% del material obtenido del celular de Astesiano.

Según la fiscal, uno de los cómplices de Astesiano, el escribano Álvaro F. no borró los mensajes de su celular, mientras que su pareja, Patricia M., quien fue formalizada ese mismo viernes por un delito de suposición de estado civil y asociación para delinquir, sí lo hizo.

Fossati pidió una pena preventiva de 120 días para la pareja del escribano por considerar que esta podía obstaculizar la investigación. “El riesgo de que Patricia M. obstaculice la investigación es evidente. Ya hubo un acto de Patricia M. de borrar los mensajes de su celular. Además existe un inmueble cuya destinataria es la hija de Patricia M., por lo cual ella hará todo lo posible para neutralizar una investigación contra su hija”, expresó la fiscal.

El juez hizo lugar al pedido de Fossati y decretó la prisión preventiva para Patricia M. por 120 días. Es decir, hasta el 15 de febrero de 2023.

La defensa de la imputada apeló por considerar que se debería haber decretado una prisión domiciliaria total y recordó que otros imputados en la misma causa enfrentan una prisión preventiva de solo 30 días.

Cuando le tocó defender su punto de vista, Fossati alertó que desde el exterior “se podía acceder” o “interferir” a todo material electrónico que se incautó en los allanamientos.

“(Esa interferencia) puede ser vía remota, sea reiniciando los celulares o formato de origen. Sabemos que eso dificultaría mucho más la sustracción de información. También puede ser interfiriendo el equipo o contactándose con todas las personas que en algunos casos ya se tienen sus nombres”, explicó Fossati, en alusión a que una prisión domiciliaria le permitiría a Patricia M. tener una mayor facilidad de comunicación con otros integrantes.

Y reiteró que la libertad de Patricia M, que era “directa beneficiaria” de estos actos ilícitos, puede ser un “obstáculo muy importante” para el desarrollo de esta investigación.

“Por eso se pide al Tribunal de Apelaciones que confirme la decisión de primera instancia (del juez Souto) y ratifique la prisión preventiva para Patricia M. por 120 días”, afirmó Fossati.

La fiscal Fossati pidió informes a seis organismos. El Ministerio del Interior envió a la Fiscalía 180 expedientes donde se sospecha que actuó la organización integrada por el excustodio presidencial Alejandro Astesiano.

Según supo El País, Fossati también pidió información a la Corte Electoral porque existirían evidencias sobre que la banda habría actuado allí.

Una fuente del organismo dijo a El País que la Corte Electoral proporcionó a la fiscal información en formato electrónico y en papel. En dicha documentación surge que personas de origen ruso obtuvieron la ciudadanía uruguaya.

La documentación suministrada refiere a dos solicitudes de avecinamiento -requisito para obtener la ciudadanía uruguaya- presentada por rusos. Una de ella fue denegada por la Corte. También envió a la Fiscalía decenas de expedientes donde rusos tramitaron ciudadanías legales. “La Corte no tiene ningún dato que haga pensar que la banda de Astesiano actuó en el organismo. No le vemos utilidad que operara acá”, concluyó.

Al finalizar la audiencia realizada el pasado viernes, la fiscal Gabriela Fossati, enumeró las pruebas que tenía contra Patricia M., la pareja del escribano Álvaro F. indicado como el encargado de elaborar las partidas de nacimiento apócrifas para que rusos obtuvieran la ciudadanía uruguaya. Además de señalar que contaba con celulares de los implicados en la maniobra y documentación incautada en la escribanía de Álvaro F., Fossati expresó que poseía el testimonio en audios del director de Identificación Civil, Juan Martínez, quien detectó las irregularidades en las partidas e hizo informes internos que “no tuvieron éxito”.

Según Fossati, deberá estudiar miles de expedientes para tener una cabal idea de una maniobra que se arrastra desde hace años.

Agregó que hay videos que muestran al escribano Álvaro F. y a su cómplice ruso, Alexey S. realizando trámites en Identificación Civil. “Hay mucha documentación incautada”, reiteró la fiscal.