NO SE CONSTATÓ DELITO

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º Turno, Gilberto Rodríguez, ayer archivó la causa penal por supuestas “irregularidades” en la firma del acuerdo entre el gobierno y la multinacional belga Katoen Natie, que extendió hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores en el puerto de Montevideo. La denuncia, que fue realizada por los senadores del Frente Amplio, afirmaba que existen elementos para acreditar “varios delitos contra el patrimonio público”.

Sin embargo, el fiscal Rodríguez desestimó la denuncia por entender que “la información agregada y la que pudiere obtenerse a esta altura de la instrucción no permite corroborar los extremos de la teoría del caso”.

Desde que comenzó la investigación judicial, la oposición apuntó como responsables al presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y al entonces ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Luis Alberto Heber, que estaba al frente de la cartera cuando se firmó el contrato, y al subsecretario Juan José Olaizola.

En febrero, la coalición de izquierda amplió la denuncia aportando nuevos elementos, pero manteniendo el foco puesto en que Curbelo “ignoró” al directorio de la ANP al firmar el acuerdo.

En rueda de prensa, el senador frenteamplista Charles Carrera dijo que la concesión establecida entre Uruguay y Katoen Natie “se basaba en el argumento de que a partir de que se instaló la empresa en el país, se había incumplido algo que la empresa tenía, que se llamaba una preferencia”. “Esto no era cierto y es la base de nuestra denuncia”, afirmó Carrera.

Dijo, asimismo, que el plan de negocios que la empresa presentó en 2001 “acredita que regía el régimen de libre competencia y que se comprometía a respetarlo”, además de competir con los muelles públicos. “Esto para nosotros es un elemento fundamental que acredita la mala gestión en esta negociación”, dijo el legislador y agregó que en su opinión “se configuraron delitos, como la conjunción del interés público-privado y la usurpación de funciones, entre otros muchos”.

Pese a las evidencias presentadas por la oposición y tras la investigación, la Fiscalía determinó que “las conductas que se pretenden imputar carecen de relevancia jurídico penal”. Sostiene que la firma del acuerdo y la ausencia de asesoramiento por el directorio de la ANP no son considerados “hechos imputados” e indica que las conductas “fueron realizadas en el contexto de una decisión de conveniencia y oportunidad en el marco de la política portuaria”.

De todas formas, se indica que esto no los exonera de cumplir con la ley, que tiene como uno de sus principios fundamentales mantener la libre competencia regulada y prevenir las actividades monopólicas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución.

Rodríguez afirma que “resulta imprescindible separar la decisión de mantener la confidencialidad para la conformación del acuerdo de la conducta llevada a cabo por el indagado Curbelo en prescindir de la opinión del resto de los directores de la ANP”. En este sentido, señala que antes de iniciar el acuerdo ya se había pactado la forma de negociación, incluso en instancias previas a que asumieran las nuevas autoridades. Esto fue tramitado por el anterior secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, según el fallo al que accedió El País.

Si bien el propio fiscal opina que “el asesoramiento no fue correctamente brindado en el plano formal”, “debe leerse en el contexto de la confidencialidad que también había sido dispuesta para los demás imputados”, que representaban al Poder Ejecutivo y a la ANP.

Cuando Ferrés declaró ante el fiscal en junio pasado, apuntó al gobierno anterior como el responsable de un manejo irregular sobre el puerto de Montevideo. “Celebramos un profundo acuerdo muy bueno para el país en el cual lo que hicimos fue ajustar la operativa portuaria en las áreas públicas, lo que tiene que ver con contenedores a derecho porque se violentó por parte de las administraciones anteriores la Ley de Puertos y se había permitido funcionar a una empresa por fuera de la ley”.