POR LOS AUDIOS DEL CASO DE DENUNCIA DE VIOLACIÓN GRUPAL

La Fiscalía General de la Nación admitió ayer como “innecesario” el procedimiento que promovió la semana pasada la fiscal de Delitos Sexuales, Mariana Alfaro, para realizar el allanamiento de Azul FM y también de la casa del conductor del programa La Pecera, Ignacio Álvarez. La orden de allanamiento, que ahora será dejada sin efecto, tuvo lugar en medio de una investigación por la difusión de audios con contenido íntimo grabados por los imputados por abuso sexual especialmente agravado en la denuncia de violación a una mujer de 30 años.

Tras el revuelo público y el rechazo de expertos en libertad de prensa, la Fiscalía ahora señaló que el objetivo era solo acceder a grabaciones y no a las fuentes de los periodistas, aunque en la orden judicial se pedía incautar celulares, tablets y otros dispositivos que podían dar lugar a revelar fuentes de este y otros casos.

El acceso a las fuentes fue uno de los pilares del recurso de revocación que presentó la defensa de Álvarez contra la resolución 130/22 de la jueza Patricia Rodríguez, que habilitó los allanamientos. El periodista presentó ayer su apelación en un escrito en el que fue señalado “el actuar temerario”, “desproporcionado” y “arbitrario” de la fiscal, según el documento firmado por los abogados Andrés Ojeda, Fernando Posada y Federico Ravera. También marcaron que la fiscal ya tenía el audio del programa.

Alfaro le dijo ayer en una reunión al fiscal de Corte Juan Gómez que su actuación fue un “error estratégico”, algo que el jerarca compartió en una conferencia de prensa. Ante los medios, Gómez reiteró en distintos momentos que en Uruguay estaba asegurada la libertad de prensa, aunque también remarcó que los allanamientos no habían tenido lugar. Informó además que por disposición de Alfaro en este caso quedarían sin efecto.

“Las medidas solicitadas fueron ajustadas a derecho en el sentido que fueron ante un juez, que fue quien las autorizó. Pero una aclaración: No se cumplió ninguna de las medidas autorizadas. Lo único que obtuvo en lo que se llamó ‘el allanamiento de una emisora’ fueron los audios de dos programas, entregados por la dirección de la emisora sin otra dificultad”, dijo Gómez.

Sin embargo, el viernes al mediodía efectivos policiales de Delitos Informáticos e Interpol llegaron hasta Azul FM, de donde se retiraron con grabaciones del programa La Pecera. A Álvarez, en tanto, una oficial de Policía le pidió el viernes de tarde que entregue su teléfono. Esto fue confirmado a El País por Ojeda.

Pese a las declaraciones de Gómez, los abogados del periodista advirtieron que “no se puede negar” que hubo un allanamiento en Azul FM. “El allanamiento se pidió, se ordenó, se perfeccionó y, por supuesto, no deja de ser tal en atención a lo que hayan encontrado o a lo que se llevaron”, señaló el recurso.

Goméz dijo ayer que Alfaro le manifestó que “consideró luego innecesarias las medidas que había impulsado” y que por eso desistió. “Acá no se trata de la fuente. Acá se trata de que lo que buscó la doctora era saber si habría una difusión mayor a la que ya había hecho un medio de comunicación, una cesión de esos audios o grabaciones a otras personas. Ahí estuvo lo que llamamos como error estratégico, de no avizorar que eventualmente podría afectar los derechos de no revelar las fuentes de ningún periodista”, agregó Gómez, quien ratificó su confianza en Alfaro.

En la apelación, la defensa de Álvarez cuestionó que la finalidad fuera acceder a las fuentes de información. “Resulta obvio que lo único que pretende la Fiscalía con estos allanamientos es identificar a quién envió originalmente los videos a Álvarez y la identidad de la persona que salió al aire con identidad reservada. Es decir, arrancarle compulsivamente los datos de sus fuentes, utilizando para ello al Poder Judicial y a la fuerza pública”, aseguró.