Por Eduardo Barreneche
La fiscal de Delitos Sexuales de 5° Turno, Mariana Alfaro, envió ayer al fiscal de Corte, Juan Gómez, una nota cuestionando la asignación a ella del caso Penadés realizada por la oficina de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de la Fiscalía General de la Nación. En la nota, Alfaro argumentó su decisión de abstenerse.

No trascendió por qué la fiscal -que tiene a su cargo la Operación Océano- pidió esto. No obstante, el motivo puede ser que Alfaro considere que no le compete el caso por las fechas de los turnos.

Sucede a menudo que un fiscal rechaza un expediente penal. El fiscal también puede pedir la abstención de una causa si tiene una relación familiar o de amistad con la víctima, con el denunciado o con alguno de los abogados intervinientes.

Luego de la designación, el fiscal debe en un plazo de 48 horas informar al fiscal de Corte los motivos de decoro o de delicadeza que le impiden investigar un caso.

El fiscal de Corte podrá aceptarlos o no. En caso de que lo hiciera, el expediente sobre el senador Gustavo Penadés pasará a un fiscal subrogante.

La fiscalía de Delitos Sexuales que subroga a Alfaro es la de 4° Turno, hoy a cargo de la fiscal adscripta Judith Rodríguez.

Foto: Francisco Flores

Cabe recordar que la orden de que la Fiscalía investigara de oficio la existencia de eventuales delitos de abusos sexuales por parte del senador nacionalista provino de Gómez.

El fiscal de Corte tomó en cuenta dos hechos para adoptar tal decisión. Uno de ellos fue la declaración de prensa realizada por Penadés a las 11 horas del miércoles 29 en el Parlamento. Allí el nacionalista confirmó que denunciará por difamación e injurias a Romina Celeste Papasso Oliver (que es mujer trans), la militante también blanca que lo acusó de abusar de ella cuando era menor edad.

El legislador dijo que “todos conocen” su orientación sexual, pero negó que haya abusado de Romina Celeste o de otros menores de edad. “Solo quieren someterme al escarnio público”, expresó.

“Nunca me tocó enfrentar una situación como esta”, dijo. Y agregó: “Lo que no admito es que por esa orientación sexual alguien me acuse de pedófilo”, siguió el parlamentario.

Penadés dijo que está “enteramente a disposición” de la Justicia y también confirmó la presentación de una denuncia contra “los autores de esta calumnia” por difamación.

El otro elemento que analizó Gómez fueron las acusaciones realizadas por Romina Celeste en el programa “Hacemos lo que podemos”, del canal Undertake Producciones. Allí, ella aseguró que el senador Penadés le “marcó la vida”.

“Fue el comienzo de todo lo malo”, dijo Romina Celeste y declaró que a partir de ese momento la empezaron a explotar sexualmente.

“Él después pasaba (en el auto) y levantaba gurises, que sé que eran menores”, denunció además.

Horas antes de que Penadés realizara la declaración de prensa, Romina Celeste esbozó una defensa a una eventual denuncia en su contra. La militante blanca publicó videos donde aparecía el senador blanco y recalcó que conocía a otros menores que estuvieron con el legislador en 2020.

Romina Celeste dijo que el encuentro que habría mantenido con Penadés habría sido hace más de 15 años. Por ende, el delito ya habría prescripto.

Sin embargo, los supuestos hechos sucedidos con otros dos menores en 2020 no lo habrían hecho. El artículo 4 de la ley 17.815 (violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces) refiere al delito de promesa de retribución o retribución a menores para que ejecuten actos sexuales.

Dicho artículo dice: “El que pagare o prometiere pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría”.

Foto: captura de pantalla

Gómez entendió que el sistema penal debía intervenir para poner orden en una situación que “puede ser una fábula de una persona o no”, dijo una fuente de la Fiscalía.

“Es bueno que el sistema analice ambas situaciones (la denuncia por supuesta difamación e injurias y los eventuales casos de abusos sexuales a menores) y se expida. Esa es la única forma de actuar seriamente y de llegar a una resolución sobre lo ocurrido”, agregó la fuente.

Y señaló que en otros países no se politizan las decisiones de la Fiscalía de Corte. “Politizar todas las acciones de la institución es perjudicial para la sociedad”, explicó la fuente.

En las próximas horas se sabrá si otro fiscal sustituirá a Alfaro y si el senador Penadés presenta finalmente una denuncia penal contra Romina Celeste por un eventual delito de difamación e injurias.

Foto: Estefanía Leal

Tras la sesión de la comisión de Asuntos Políticos del directorio del Partido Nacional, su presidente, Pablo Iturralde, dio el primer mensaje orgánico de los blancos luego de que el senador Gustavo Penadés fuera denunciado públicamente por presunto abuso y explotación sexual de menores.

La denuncia mediática fue realizada por Romina Celeste Papasso en las últimas horas, y en la mañana del miércoles 29 el senador herrerista hizo una declaración en la que manifestó estar a total disposición de la Justicia.

Esto fue valorado positivamente por el presidente de los nacionalistas quien, según declaró a El País, entiende que el hecho de que la Fiscalía General de la Nación interviniera de oficio “facilitó las cosas”.

“Va a permitir que las cosas se resuelvan con la mayor rapidez, por lo que me parece muy importante y positivo, y nosotros vamos a estar a lo que se resuelva por parte de la Justicia, por lo que seguiremos con atención la evolución de los hechos”, señaló el presidente del Partido Nacional.

Iturralde dijo también que no podía ser “objetivo” a la hora de evaluar a Penadés, “de larga trayectoria y prestigio notorio” en las filas nacionalistas, a quien conoce “desde hace más de 40 años” y conserva una amistad.

“Esta situación tiene hoy a dos ciudadanos que van a ser juzgados por la Justicia”, resumió Iturralde.

Iturralde también manifestó que está en desacuerdo desde hace tiempo con el mecanismo que tiene el Ministerio Público para designar a los fiscales cuando las causas son trasladas de una oficina a otra o cuando la institución interviene de oficio.

Entiende que la Dirección de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) del organismo no sigue “criterios objetivos” y que en algunos casos se cae en la “arbitrariedad”. Y agregó: “Los ciudadanos no tenemos las garantías en la designación de los magistrados como sí existe en el Poder Judicial”.