Este miércoles se retomaron las acciones judiciales en torno a la Operación Océano, la mayor causa de explotación sexual de la historia de Uruguay. Finalizada la audiencia para depurar pruebas, la fiscal Mariana Alfaro deberá hacer ajustes en su acusación antes del juicio, dijeron a El País fuentes de la investigación.

Según pudo saber El País, "hay un defecto en la acusación porque no se dan los requisitos legales en cuanto a la concurrencia delictual y de delincuentes", es decir, a entender de la defensa, no hay pruebas suficiente que demuestren el delito de promesa de retribución o retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

Alfaro pidió a la Justicia una pena de tres a seis años de penitenciaría para los 11 acusados ​​en la investigación.

En tanto, según los abogados de los imputados, sus clientes fueron engañados por "una organización conformada por jóvenes mayores y menores de edad, de una activa y desarrollada vida sexual precedente, que ofrecieron sus servicios a cambio de dinero, infiltrándose en redes sociales exclusivas para adultos, mediante una puesta en escena perfecta y premeditada, haciéndose pasar idóneamente por mayores de edad, en base a mentiras, creación de perfiles de usuario falsos, apariencias físicas y producciones de imagen, utilización de cédulas de otras personas o falsas, entre otras estratagemas, induciendo en error a los acusados ​​como a otros cientos de usuarios".

Otro debate que surgió durante la audiencia de este miércoles fue el monto que deberán recibir las víctimas como compensación si finalmente los acusados son declarados culpables.

En la demanda acusatoria, según consignó El Observador, Fiscalía había solicitado que se le pagara a las víctimas 12 salarios mínimos. Sin embargo, con base en el artículo 80 de la ley 19.580, podría haber solicitado que se tratara de 12 ingresos del condenado. En este caso, dado que los acusados son personas de nivel económico alto, la diferencia sería sustancial.

A pesar del pedido para corregir esta parte de la acusación, la jueza María Noel Tonarelli sostuvo que se tomará en cuenta lo solicitado originalmente.

El abogado Juan Raúl Williman, defensor de las víctimas, apelará el fallo. "En nuestra posición la ley es de orden público y el artículo dice ‘se dispondrá una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos’. La ley obliga a incluir ambas posibilidades y no se incluyeron", explicó a El País.

El primer capítulo de la Operación Océano comenzó en Maldonado. Una modelo y una menor de edad se citaron con un empresario conocido como “el Paraguayo”. Luego los tres fueron a un restaurante. Posteriormente, concurrieron a un hotel. Lo que viene después parece sacado de una película de Hollywood: el empresario que, en realidad es uruguayo y tiene negocios en Paraguay, comenzó a tener relaciones sexuales con la entonces adolescente, mientras la modelo los filmaba desde el baño con un celular.

Cuando el empresario percibió lo que ocurría, se suscitó una discusión. Poco después, las tres personas salieron del hotel en un auto en dirección a la casa de una de las jóvenes. En el camino, las dos chicas pidieron que el hombre detuviera el vehículo cuando observaron a un patrullero en una esquina. “El Paraguayo” así lo hizo y las dos mujeres denunciaron a los policías que éste había abusado sexualmente de ellas.

Sin embargo, en la comisaría, la modelo confesó que filmó al empresario con intenciones de extorsionarlo. La otra chica mantuvo el relato de que había sido abusada. Al analizar los teléfonos celulares de los tres involucrados, los policías fernandinos detectaron que no estaban ante un simple caso de extorsión o de abuso sexual sino que era algo más complejo: posible explotación sexual de menores. Los policías enviaron los celulares a Montevideo y la entonces fiscal de Delitos Sexuales, Sabrina Flores, comenzó la investigación.

La muerte de una de las chicas que aparecía en uno de los celulares incautados, aceleró la indagatoria.

Luego Flores fue sustituida por la fiscal Darviña Viera, quien debió leer el expediente durante un fin de semana antes de pedir a la Justicia las primeras detenciones el 11 de mayo de 2019. Y así se dio inicio a la Operación Océano.

En pocos meses, la investigación se transformó enel mayor caso de delito sexual de la historia del país con el desfile de imputados por el Juzgado.

El caso no estuvo exento de polémicas: fueron cambiados cuatro jueces y tres fiscales. Además, los defensores solicitaron la nulidad de la investigación argumentando que la Fiscalía les ocultó información de uno de los celulares de la principal víctima.

La última medida adoptada por 11 defensas de imputados fue presentar ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad que podría generar la nulidad de la causa.

En el escrito, de 53 páginas, los defensores argumentaron que la defensa de la víctima tiene la posibilidad de presentar nuevas pruebas luego de la acusación fiscal “coadyuvando” con ésta. Y agregaron que los defensores no tienen esta opción ni la potestad de control, lo que genera la violación de los principios del debido proceso y de igualdad de las partes.