La fiscal de Tacuarembó, Irena Penza, solicitó la pena de cuatro meses de prisión y una multa a dos periodistas de un medio local por artículos en los que considera que sus autores “buscaron interferir” en una investigación, según la acusación a la que accedió El País.

Se trata del medio radial y escrito “La Kandela”, en el que los periodistas Sebastián Ríos y Jorge Del Pino realizaron la cobertura de un caso que continúa en investigación por parte de Penza.

En su acusación, la fiscal aseguró que una publicación y un programa radial tenían “contenido difamatorio e injurioso”, que calificó como “falso y agraviante” y de “incumplir su responsabilidad como medio de comunicación”. Bajo estos argumentos y entendiendo que “impactaron en una investigación”, pidió la prisión y el pago de 15 Unidades Reajustables de multa.

Como alternativa, la fiscal planteó al medio se retracte de sus dichos, algo que fue rechazado. “No nos vamos a retractar porque no hicimos nada malo”, dijo Ríos a El País y afirmó que lo “volvería a hacer”, porque “no existió ninguna malicia” y tienen “todos los dichos respaldados por evidencia”.

Si bien la audiencia estaba programada para hoy, la fiscal pidió prórroga, debido a que uno de los involucrados no se encuentra en el país, por lo que se realizará el próximo viernes.

La investigación en la que se centró el informe periodístico por el que fueron denunciados los trabajadores por difamación e injurias continúa. Comenzó en octubre, cuando una pareja de mujeres se propuso mudar a una chacra de la que una de ellas es presunta heredera. Allí se encontraron con que un hombre la estaba ocupando. Luego de varios intentos, ingresaron y cambiaron la cerradura. Desde ese entonces -a la espera de que su situación legal sea aclarada-, se encuentran viviendo allí, pero durante estos meses hubo diversas actuaciones policiales, que en la cobertura periodística fueron informadas como “abusos”.

Por este motivo, un suboficial efectuó la denuncia por difamación, a la que se sumó el hombre ocupante de la chacra, que dijo sentirse expuesto y difamado en varios pasajes de la nota, en la que se lo mencionaba con nombre y apellido.

Desde el momento en el que se llevó adelante la acusación de la fiscal, la defensa del medio, liderada por el abogado Joaquín Gamba, salió en respuesta.

“Son varias las irregularidades que tuvo la fiscal en su proceder”, dijo Gamba a El País. “Para empezar, no es correcto que la fiscal criticada en la nota que se denuncia sea la misma que lleva adelante el caso”, expresó y contó que está aguardando respuesta sobre una solicitud presentada para que la fiscal sea apartada del caso.

Si bien la defensa entiende que la denuncia es presentada de oficio por la fiscal, Penza sostiene que existieron instancias donde se les tomó declaración a los dos hombres que se sintieron ofendidos, quienes serían los denunciantes.

En cuanto a las formas, Gamba manifestó que también hubo errores. “Cuando se habla de Ley de Prensa se debe presentar la denuncia por parte de los ofendidos a un juez, no a una fiscal”, dijo y agregó que “el juez debió haber desestimado la denuncia en primera instancia”.

Consultada por El País, Penza aseguró que, a su entender, “pueden existir desacuerdos con respecto a la vía procesal empleada”, ya que “hay distintas interpretaciones de estas leyes luego del nuevo código del proceso penal”. “Considero que es la que corresponde, en todo caso, debe discutirse en la audiencia”, dijo.

Otro aspecto que atacó la defensa del medio es que entiende que existió “falta de objetividad” por parte de la fiscal, ya que “no escuchó a las partes” y “decidió una condena desde antes”. Penza respondió que este proceder también responde a la “interpretación del código”.

Daniel Lema, expresidente y ahora directivo del Centro de Archivos y Acceso a la Información pública (Cainfo), dijo a El País que han “seguido el tema con preocupación” y que en los próximos días se divulgará un comunicado en apoyo a los periodistas.

Luego de mantener reuniones con los denunciados y analizar el caso, entienden al igual que la defensa, que existió un error en la vía procesal por parte de la fiscal y que se está “atentando contra la libertad de prensa”.

Por último, Lema aseguró que en este caso “se trata de criminalizar a los medios”.