Follow the money”. Con esa expresión en inglés que utilizan los expertos estadounidenses en materia de lavado de activos, el fiscal del caso de la colapsada Conexión Ganadera, Enrique Rodríguez, explicó qué es lo que está haciendo en la investigación. La expresión significa “seguir el dinero” y es lo que, dijo, está procurando: más allá de investigar los delitos “precedentes” -como podría ser la estafa o la apropiación indebida- también está haciendo “foco” en el lavado de activos. Así lo dijo él mismo en una reunión con los abogados de los damnificados, contaron a El País varios de los asistentes.

Rodríguez les detalló que está intentando develar todo el recorrido del dinero de las distintas empresas, transferencias al exterior -a países, incluso, remotos- y de varios bienes. Está intentando, por ejemplo, dilucidar cómo se compraron determinados autos y pretende averiguar si esas firmas tienen barcos o aviones.

A su vez, en este intento de “rastrear” los bienes se ha pedido información a organismos del Estado que la Fiscalía pidió que fuera declarada judicialmente como “reservada”. Esto significa que ni los abogados de los investigados, pero tampoco de las víctimas, pueden acceder a ella por un plazo determinado. De esta forma, la única que tiene esos datos en su poder es la propia Fiscalía. Sobre el fondo del asunto, explicó que aún no se tienen certezas de cuánto es la pérdida de Conexión Ganadera ni de cuántos animales hay. Lamentó que se hable de números como si fueran “florcitas”, dado que no hay datos certeros y eso se debe a que la contabilidad interna de la empresa era “paupérrima”.

Además, les advirtió que el próximo paso no es la imputación judicial de los señalados como responsables sino recabar más evidencia, pese a que hay “indicios fuertes” de su culpabilidad. Rodríguez pretende robustecer el caso para que más adelante no haya “fisuras”. Para eso envió oficios pidiendo información al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a la Secretaría Antilavado, al Banco de Previsión Social, al Banco Central del Uruguay y a la Dirección Nacional de Migraciones, entre otros organismos.

Foto: Estefanía Leal

La semana próxima, le tomará declaración a empleados administrativos de la firma y también al titular del frigorífico Casa Blanca (que tiene una deuda con Conexión Ganadera) en calidad de indagado. Dijo, también, que pretende citar al asesor y columnista de La Mañana, Felipe Caorsi, quien ha escrito en dicho medio que tuvo contacto con personas vinculadas al narcotráfico por los negocios de esta empresa. Al comienzo del caso, se le tomó declaración policial a al menos un hijo de Pablo Carrasco, socio fundador de la empresa.

También, tal y como informó El País, les comunicó que se está investigando a 30 personas y 30 empresas por sus vínculos con el caso e informó que envió exhortos a Estados Unidos, España y Panamá.

Una de las cuestiones a resolver es qué ocurre si se encuentra dinero en el exterior. Los bienes que son producto del lavado de activos son decomisados por la Junta Nacional de Drogas, pero la intención de los ahorristas es que eso se vuelque al concurso para poder cobrarlo ellos.

Además, el fiscal informó que está trabajando un equipo multidisciplinario con siete organismos para desentrañar el esquema financiero del caso.

Carrasco debió comparecer este jueves al juzgado de Concurso por la solicitud de concurso personal que presentaron tres acreedores de la firma Hernandarias. Ellos le habían arrendado cuatro hectáreas de campo a la empresa, y según una cláusula del contrato -dicen los acreedores- Carrasco y su fallecido socio Gustavo Basso quedaban en pie de igualdad a la empresa a la hora del pago. Ahora Carrasco busca un acuerdo con ellos.