El caso de la niña de 11 años que fue sometida a varios tipos de violencia en Santa Clara de Olimar, en el departamento de Treinta y Tres, causó malestar en la opinión pública por la pena a que recibieron los tíos de la menor, encontrados responsables del deterioro de la niña y del proceso que derivó en su muerte. La fiscal del caso, Alicia Abreu, entiende que logró una condena “muy buena”, a pesar de los cuestionamientos que recibió.
La tía de la menor -una mujer de 39 años, sin antecedentes- fue condenada como autora de un delito de homicidio culposo, un delito continuado de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y un delito continuado de violencia doméstica agravada. Le dieron tres años de penitenciaría. Dos años los deberá cumplir en prisión efectiva y el restante en domiciliaria.
El tío, de 41 años, en tanto, fue hallado culpable de un delito continuado de violencia doméstica agravada. Se dictaminó una pena de 12 meses de prisión. El primer mes lo cumplirá en prisión efectiva y los restantes once en régimen de libertad a prueba.
“Entendíamos que teníamos todos los elementos suficientes para solicitar la formalización”, dijo este jueves la fiscal a El País, y explicó cómo llegó al acuerdo abreviado. “Lo primero que hay que distinguir es la intencionalidad en este hecho. No hubo una intención de dar muerte a alguien, sino hubiera sido un delito doloso y hasta diría que con presunción de femicidio”, especificó.
La magistrada se defendió y comentó que ambos condenados no tuvieron “intención” de dar muerte a la niña, sino que se trató de un proceso en el que la menor fue sometida a diferentes violencias y abusos que derivaron en su muerte. En sus palabras, fue la “realización y omisión de actos que desencadenaron en la muerte”, dijo.
Abreu comentó que el homicidio culposo tiene una pena mínima de seis meses de prisión (y una máxima de 8 años de penitenciaría) y que el homicidio doloso –aquel que comete quien quiere asesinar- tiene una pena mínima de veinte meses de prisión a doce años de penitenciaría. En este caso, la magistrada entendió que correspondía pedir una pena por homicidio culposo, ya que no se encontraban elementos que aseguraran la existencia de una intención.
“Entendí que el delito era tan grave y ofrecí una pena mayor a tres años con privación de libertad. En la transacción quedaron tres años; uno de ellos deberá ser cumplido en prisión domiciliaria”, se explayó. “Si iba a juicio podría haber sido castigado con una pena inferior a los dos años”, se defendió.
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“Lo que la gente no entiende es que, si bien el resultado es horrible, espantoso, el delito que se le atribuye me permite, hasta pedir una pena sin libertad. No sabía si enfrentaba un juicio me daban la pena. Es muy difícil que se logre una condena de este tipo”, apuntó.
“Es una buena pena. No conozco un caso de homicidio culposo que se haya arribado a esta pena. Vamos a procesos viejos, donde no había margen de transacción. No había un solo tribunal que te cumpliera, por ejemplo en un siniestro de tránsito o un homicidio culpable o con dolo eventual, una pena de este tipo”, dijo. “La realidad es que es una pena muy buena”, agregó.
La fiscal fue consultada por las críticas que recibió, tanto de la opinión pública como de la sociedad de Treinta y Tres. En ese sentido, dijo que los fiscales reciben todo el tiempo críticas de ese estilo: “Capaz que yo estoy mal, pero es una pena normal, racional y correcta”. También cuestionó, sin nombrarlos directamente, a la comunidad de Santa Clara de Olimar por no denunciar los hechos, a pesar de que eran testigos de los apremios físicos y el estado de la niña y los otros menores que vivían en esa casa.
“Es una responsabilidad de todos y yo me incluyo. Todos tenemos que denunciar”, sentenció.