La fiscal de Delitos Sexuales, Alicia Ghione, afirmó en la audiencia judicial de este martes que en las próximas semanas pedirá que se prorrogue el vencimiento del plazo para investigar al exsenador Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín. Fuentes del caso contaron a El País que no mencionó cuántos meses más solicitará. Lo máximo que puede pedir es un año más, esto es hasta octubre de 2025.

Una vez que la Justicia imputa a una persona, en el caso de Penadés y Mauvezín fue el martes 10 de octubre de 2024, la Fiscalía cuenta con el plazo de un año para seguir investigando. Una vez ese plazo se vence, tiene que determinar si lleva el caso a juicio oral o si pide el sobreseimiento de los imputados. Lo que no puede hacer es continuar la investigación. Otra opción sería alcanzar un acuerdo abreviado por el cual los imputados aceptan su responsabilidad —y renuncian a que las pruebas se presenten frente a un juez— a cambio de una rebaja de hasta un tercio de la pena.

No obstante, la Fiscalía también cuenta con la posibilidad de pedir una extensión del plazo hasta por un año más. Esa solicitud debe hacerse ante el juez, que convoca a una audiencia a todas las partes (Fiscalía y abogados) y allí se debate la pertinencia de la medida. En esa oportunidad, el juez se expide al respecto y concede o no la extensión del plazo.

En este caso, el plazo reglamentario se vence el mes próximo y por eso es que Ghione ya adelantó en la audiencia que pedirá la prórroga. La jueza Marcela Vargas deberá resolver el punto.

Quien pasaba por el tercer piso de los juzgados penales de Montevideo, sabía que allí estaba pasando algo que no era usual. Un acalorado debate sobre quiénes y de qué manera debían declarar con relativa urgencia (anticipadamente) frente a la juez de garantías, en algunos momentos se convirtió en gritos.

En primer lugar, se debatió sobre si este era el momento en el que —según la ley— las defensas debían plantear que el caso de la víctima que pretendía declarar estaba prescripto. Luego, pasaron a analizar la modalidad de su declaración: así, reeditaron un debate que ya se dio varias veces, sobre si tienen que declarar anónimamente, en una sala distinta a la principal y con la voz distorsionada. Finalmente, lo hará en forma anónima y en una sala distinta, como el resto de las víctimas.

La abogada de Penadés, Laura Robatto, contó en una rueda de prensa que se trata de una persona que dijo haberse vinculado al exsenador en los años 90.

El último punto a ser discutido refería a si Paula Díaz, la falsa denunciante de Yamandú Orsi, también debía declarar en forma anticipada. En el caso de las víctimas de los delitos sexuales, está regulado por el Código del Proceso Penal, debe hacerse en esta modalidad, pero en el caso de los testigos —como lo es Díaz— deben darse una serie de requisitos.

La declaración anticipada supone que la persona, en lugar de ir directamente a declarar al juicio penal —que a veces demora un año o dos en concretarse—, declara frente al juez que toma inicialmente la causa (juez de Garantías). Este nunca es quien luego lleva adelante el juicio.

Para que un testigo declare en forma anticipada, tiene que haber un riesgo cierto de que esa persona no se pueda presentar en el juicio. Ya sea porque está amenazada o, por ejemplo, porque tiene algún problema de salud.

En el caso de Díaz, esto se había propuesto en una audiencia a fines de mayo, y había sido negado por la jueza Vargas, porque entendió que el miedo que pudiera sentir la testigo debía acreditarse. No basta solo con que los testigos sientan miedo para que se conceda esta posibilidad, debe haber un riesgo real. Eso era lo que había argumentado la Fiscalía y Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República.

La defensa de Penadés apeló esa decisión y el Tribunal de Apelaciones, en votación dividida, la confirmó. La ministra Gabriela Merialdo emitió el voto discorde y consideró que Díaz sí debía declarar cuanto antes.

Ahora, la nueva abogada de Mauvezín, Daiana Abracinskas —junto a Rosana Gavazzo— insistió en el pedido. Esto fue apoyado por la defensa de Penadés. Sostuvieron que Díaz les transmitió su temor de presentarse a declarar.

La jueza Vargas se mantuvo en su decisión y las defensoras de los imputados apelaron, pero en esta oportunidad no serán los mismos tres ministros del Tribunal de Apelaciones los que tendrán la palabra final. El Tribunal de Apelaciones de 4^to Turno (el encargado de analizar las apelaciones que surjan del caso Penadés) cambió su integración desde mayo hasta acá.

Se mantienen allí Luis Charles (que votó en contra de la declaración de Díaz) y Merialdo (que votó a favor), pero el tercer voto —el que inclinó la balanza a favor de la Fiscalía— fue el de Ángel Cal, que ahora es ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Su lugar lo asumió la jueza Adriana de los Santos, quien deberá expedirse sobre el tema y si los otros dos ministros mantienen su posición inicial, será ella quien tenga la llave para cerrar una nueva mayoría.