Redacción El País
El aire triunfalista que exhibió ayer el expresidente de Casa de Galicia Alberto Iglesias tras declarar en Fiscalía contrastó con lo expresado horas después por el fiscal Gilberto Rodríguez, quien lo imputará por los delitos de “insolvencia societaria fraudulenta”, según el artículo 5 de la ley 14.095, y “fraude concursal”, por el artículo 248 de la Ley Concursal (18.387).

Rodríguez dijo en rueda de prensa que pedirá la formalización de Iglesias porque firmó en 2021, dos días antes de pedir el concurso de Casa de Galicia, dos órdenes de pago a los acreedores Marcelo Bonanata y Juan Carlos Lousada, por un valor superior a US$ 2 millones, que tenían un vencimiento “bastante lejano”, que “altera el orden y la prelación” de los acreedores en un concurso.

En el caso de que un juez defina realizar la formalización de Iglesias -en un plazo de 20 días- Fiscalía no va a solicitar la prisión preventiva del extitular de la mutualista cerrada por la Justicia en diciembre de 2021. Se va a requerir la constitución de domicilio, la entrega de pasaporte y la prohibición de salida del país, dijo el fiscal.

Iglesias manifestó ayer en rueda de prensa que firmó esas órdenes de pago “sin saber que no se podía”. Su abogado, el exfiscal Enrique Moller, acotó que buscarán probar que “no hubo dolo”. Iglesias acotó que será “muy importante” la declaración de “abogados y contadores”, con quienes se reunió: “Va a dejar en evidencia que cuando firmé, fue de buena fe”, y “no tuve responsabilidad”.

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos dijo que “se desconoce” si hubo un beneficio a una firma que participaría del concurso. En tanto, marcó que recibieron “evidencia suficiente” -con declaraciones de interventores, auditores externos, síndicos del concurso, y más- que “dan cuenta” de que las órdenes las firmó Iglesias, “con intención de realizarlo dos días antes del concurso”.

“Esas órdenes irrevocables partieron de Iglesias, y se hizo intencionalmente por una decisión del propio presidente del consejo directivo de la institución”, puntualizó.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó en diciembre de 2021 una denuncia -que luego amplió- contra autoridades de Casa de Galicia por presuntas irregularidades en la gestión, a días del cierre decretado por la Justicia.

El MSP, dirigido por Daniel Salinas en esa fecha, denunció la emisión de cheques sin fondos por millones de dólares, la adquisición de una clínica por US$ 3.5 millones sin una tasación previa, y hasta una maniobra por la cual Iglesias habría retirado en efectivo el equivalente en pesos de US$ 180.000.

Sobre esta denuncia, que incluyó varios delitos -estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir, libramiento de cheque sin fondo, libramiento de cheque en garantía, usura, entre otros- Iglesias subrayó que “ninguna prosperó”, por lo que se iba de Fiscalía “realmente reconfortado”.

Sin embargo, el fiscal descartó que no hayan prosperado las acusaciones, e incluso que se hayan archivado, como planteó Iglesias. “Tanto no se cayeron que la Fiscalía hace dos años está trabajando sobre los hechos denunciados por Salud Pública”, señaló el fiscal.

“Los hechos que se denuncian, los denunciantes entienden que podrían configurar ciertos delitos. La Fiscalía a partir de la investigación de esos hechos, considera que ha logrado evidencia suficiente para otros delitos, pero trabajando sobre los mismos hechos”, explicó Rodríguez.

De esta forma, al momento de llegar al juicio, acotó el fiscal, podrían aparecer otros delitos. “Puede llegar a modificar una imputación en menos, o en más: sacando delitos, cambiándolos o ampliando”, dijo.

Foto: Juan Manuel Ramos