INVESTIGACIÓN

En enero de este año, cientos de familias ocuparon un predio de 70 hectáreas ubicado en el barrio Santa Catalina, a poca distancia del Cerro de Montevideo. El inmueble, cuyo propietaria es una sociedad anónima, está delimitado por las calles Burdeos, Camino Dellazoppa, Camino Sanfuentes y Camino Ferré. A las pocas semanas de iniciarse la ocupación, las familias instaladas ya eran 700, un récord departamental y nacional.

El asentamiento se denominó “Nuevo Comienzo” o “Nueva Santa Catalina”.

Según informó Qué Pasa de El País el 15 de marzo de 2020, la Intendencia de Montevideo presentó dos denuncias penales -una por las viviendas precarias edificadas encima de un colector subterráneo y la otra por la alteración del ordenamiento territorial. Una sociedad anónima propietaria del campo ocupado efectuó una tercera denuncia.

Hace unas semanas, unas familias cuyas viviendas están encima del colector fueron desalojadas por la Policía. No obstante, a los pocos días habían ocupado el lugar nuevamente, según dijeron a El País residentes del asentamiento.

El caso fue derivado al fiscal Diego Pérez. En las primeras averiguaciones con investigadores de la Zona IV (Cerro, La Teja y barrios aledaños), Pérez entrevió que no se trataba de una acción de un grupo de familias interesadas en encontrar un lugar donde vivir, sino que por lo menos habían oportunistas que trataban de lucrar con la necesidad de muchas personas. También sospechó que un grupo narco está detrás de las ocupaciones.

Maquinaria pesada abrió calles y derribó árboles en varias de las hectáreas ocupadas. Ello también llamó la atención de policías y funcionarios de la Intendencia de Montevideo.

Consultado sobre ese punto por El País, el fiscal Pérez dijo que se está investigando la posibilidad de que narcotraficantes estén detrás de las ocupaciones en Santa Catalina. “No se descarta”, agregó.

El fiscal insistió sobre el punto: “Hay una organización importante detrás de las ocupaciones de ese predio en Santa Catalina. Al lugar se le asignó un nombre. Esa organización cuenta con un asesoramiento importante. Y tiene una forma de distribuir los terrenos ocupados”.

Pérez sostuvo que “no es una ocupación espontánea” la sucedida en Santa Catalina, ya que la misma ocurrió en enero de este año en plena feria judicial. “Ese no es un factor azaroso”, dijo el fiscal en alusión a que la fecha de ingreso al predio privado fue elegida en forma premeditada y en un momento en que la Justicia está casi paralizada.

Pérez reconoció que en el lugar se pudieron establecer familias humildes que precisan de un predio para construir su vivienda. Y agregó que estás podrían estar siendo utilizadas por la organización delictiva por otros fines o tener vinculación con la misma. “Se sabe que los delincuentes se valen de personas humildes para obtener sus fines”, explicó.

Y recordó que en la administración pasada y durante este gobierno ya se comprobó que organizaciones usan viviendas precarias para protegerse, esconderse y llevar a cabo actividades ilícitas. “Eso se vio en el pasado reciente en los “Operativos Mirador”. Esa situación acá (en Santa Catalina) no la podemos desconocer”, explicó.

El 6 de febrero pasado, la Intendencia de Maldonado anunció que ya se había finalizado el realojo de las 500 familias del asentamiento “El Placer” y que comenzó la reubicación de las familias del barrio precario conocido como “Kennedy”.

En el proceso de realojos, varias familias abandonaron sus viviendas. Antes de que pudieran ser demolidas por la Intendencia de Maldonado, fueron reocupadas.

El fiscal Pérez dijo que considerará en algún momento de la investigación si hay algún punto de contacto entre las dos usurpaciones porque el modus operandi es el mismo.

A principios de la semana pasada, el fiscal Pérez solicitó a la Justicia la formalización de siete personas que ocupaban predios por los delitos de penetración ilegítima de fundo ajeno (artículo 356 del Código Penal) y hurtos. Dos personas fueron condenadas por la Justicia.

Pérez ordenó ayer al Área de Investigaciones de la Zona IV las detenciones de otras cinco personas y, además, libró otras órdenes de detención que serán ejecutadas hoy.

Bajo medidas de seguridad, varios policías se desplazaron ayer por la zona del asentamiento ubicada sobre Camino Ferrés con el objetivo de realizar un registro de personas radicadas en las viviendas precarias.

Blanca, una vecina del lugar, relató que los policías golpearon la puerta de su casa y preguntaron nombres y pidieron documentos de todas las personas que allí se encontraban. En un principio, dijo, pensó que el censo era porque el Estado les iba a proporcionar los servicios de luz y agua. “Luego descubrí que eran por las ocupaciones. El trato fue correcto”, dijo. Hoy la Policía tiene previsto censar a otra parte del enorme asentamiento.

Blanca negó que en su sector opere una organización delictiva. “Somos todos familias buscando una solución para un techo. Y la maquinaria pesada que se vio por acá fue contratada por nosotros para hacer los pozos sépticos y no para abrir calles”, explicó.

Una de las personas detenidas ayer fue el dueño de una retroexcavadora, cuya máquina quedó depositada en una unidad policial.