DECISIÓN

El fiscal Gilberto Rodríguez archivó en los últimos días la investigación contra el exministro de Turismo, Germán Cardoso, la denuncia contra el acuerdo del Estado con Katoen Natie por la concesión del puerto y la realizada por la filtración de información de Inteligencia en una sesión del Parlamento. Este martes, el fiscal explicó en rueda de prensa las razones detrás de su proceder. 

Rodríguez aseguró, al hablar del caso de Katoen Natie, que "en una investigación penal no se analizan cuestiones de mérito o conveniencia, ni oportunidad. Tampoco se analizan responsabilidades de carácter político, administrativo, civiles o que tengan que ver con lo contencioso administrativo. Se analizan responsabilidades estrictamente penales que son personales y que requieren además de la irregularidad del acto, el actuar con una intención de causar perjuicio (...) o generar un beneficio a particulares, (...) a terceros".

Consultado respecto a la actuación del presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, respecto al directorio del organismo, el fiscal indicó que "el ocultamiento (de información) lo hace en un contexto de confidencialidad que es uno de los aspectos discutidos, hay una parte de la doctrina y de consultantes que han dicho que la confidencialidad de un acuerdo no puede violar la regla general de la transparencia, y hay otros que dicen que no necesariamente en el ámbito de un acuerdo transnacional o que tiene que ver con una inversión internacional el sistema de la confidencialidad no solamente es sugerido muchas veces por razones estratégicas de la propia negociación, sino que tiene que ver también con un ámbito de actuación que también lo hacía el gobierno anterior".

Además, señaló que "el archivo es siempre sin perjuicio (...) si hay hechos nuevos o nuevos medios de prueba que aparecen para determinar otras responsabilidades, se puede reabrir. (Aunque) siempre el delito está sujeto a la prescripción. Lo que no se puede reabrir es con la misma prueba y con los mismos hechos". 

"Son los aspectos jurídicos y la evidencia que recayó sobre aspectos jurídicos lo que llevó a la Fiscalía a considerar que no había la presencia de un delito", aseguró.

Respecto a la investigación sobre el exministro de Turismo que fuera archivada, Rodríguez indicó que "lo que Fiscalía aclaró es que lo que (se) necesita aclarar son aspectos penales".

"Lo que hubo en esos expedientes (del caso, fueron) omisiones como el cumplimiento de ciertas reglas del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera)", señaló. Interrumpido por la pregunta de si lo que sucedió fueron desprolijidades administrativas, respondió: "Claro, desde el punto de vista penal esas irregularidades o desprolijidades administrativas no necesariamente configuran un delito, se requiere algo más. El delito requiere una intención, no solamente realizar una actuación irregular o eventualmente desprolija".

También señaló que "el delito de abuso de funciones es altamente complejo, está muy vinculado con la administración y la gestión política, la gestión de conveniencia y de mérito en la forma en que actúan las autoridades, generalmente es el delito que más involucra el acto de las autoridades públicas y tiene mucha relación con las irregularidades administrativas. El tema (es) que el delito es más que la irregularidad administrativa, debe probarse una responsabilidad penal y debe probarse un dolo o una intención de causar un perjuicio".

Además, dijo que "hasta ahora de Kirma lo que se está tratando de determinar es la existencia de la empresa". "Hoy la representación que se está haciendo de esta empresa, justamente su existencia es lo que está tratando de acreditarse. Y la existencia o no de esa empresa es lo que puede determinar eventualmente la suerte también de esta carpeta investigativa", apuntó.

En cuanto a la filtración de datos de Inteligencia después de una sesión parlamentaria secreta, Rodríguez afirmó que "lo importante era delinear el curso del documento. Había que determinar de alguna forma si el documento que se revela por el periodista era el mismo que el entregado en su oportunidad a los parlamentarios. Lo que se pudo corroborar por la Fiscalía es que hay una unidad de identidad entre los documentos manejados por los legisladores, pero no así como lo aclaró el propio director (de Inteligencia, Álvaro Garcé) en distintas comparecencias, entre los documentos presentados entre así".

"A su vez, por un tema de reserva de fuentes, que si bien -por lo menos yo lo entiendo que no es un derecho de carácter absoluto- tiene que ser medido entre el derecho de la comunicación y el derecho de limitar, las razones de poder investigar el delito no ameritaban que el comunicador tuviera (que revelar sus fuentes), de hecho el propio denunciante dijo que la denuncia no se dirigía contra el comunicador. Pero determina la suerte de alguna forma en la investigación, porque no permite saber cuál fue el tenor literal y el cuerpo entero del documento publicado", indicó. 

"No se puede (establecer la trazabilidad del documento) y eso es fundamental para establecer la causalidad en un delito", dijo el fiscal.

Por otra parte, Rodríguez resaltó que los implicados que no se sienten conformes con el archivo de las denuncias tienen 30 días para poder apelar, el juez convoca a una audiencia donde va el fiscal y los denunciantes, y ahí se explica cuáles son los motivos para ordenar la revisión del caso.

En cualquiera de los tres casos "es altamente probable que el poder Judicial pueda disponer el reexamen, es lo que uno ha visto hasta ahora en la práctica", dijo.

"Salvo que se trate de un error manifiesto, donde uno claramente está tratando que se revise un hecho que no es delito, en general la tendencia que en lo personal he visto es que (...) cualquier instancia de decisión tiene que tener su posibilidad de ser revisado, en este caso por otro fiscal", explicó Rodríguez.