Fiscal Perciballe pidió 25 años de condena para Gavazzo por caso Julio Castro

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José Gavazzo. Foto: Paula Barquet

JUSTICIA

Tras el pedido de condena solicitado el lunes por Perciballe, la defensa del militar tiene 30 días para responder y luego el juez deberá determinar si acepta o no el pedido de condena.

El fiscal Ricardo Perciballe solicitó 25 años de condena para José Nino Gavazzo por coautoría del homicidio muy especialmente agravado del maestro Julio Castro, informó la periodista Georgina Mayo y confirmó a El País el fiscal.

En 2014 Gavazzo fue procesado como coautor de este hecho en una etapa de presumario. Tras el pedido de condena solicitado el lunes por Perciballe, la defensa del militar tiene 30 días para responder.

El fiscal indicó a El País que la causa de muerte -ocurrida el 3 de agosto de 1977 según lo que determinaron las investigaciones- fue debido a un disparo que recibió Castro, si bien también se determinó que sufrió torturas. Al momento no se tiene conocimiento de quién fue el autor del hecho.

Castro, que fue uno de los fundadores del Frente Amplio, se desempeñó como maestro, investigador y periodista. Tenía 68 años cuando fue detenido por el policía Juan Ricardo Zabala, que en 1977 se integró al Servicio de Información y Defensa. El 1° de agosto de ese año, Zabala detuvo al docente en la esquina de Francisco Llambí y Rivera.

Los restos del maestro fueron hallados en el Batallón 14 en diciembre de 2011 en una zona conocida como "Cementerio de Arlington". El jefe del grupo de antropología forense que estaba realizando las excavaciones a pedido del Poder Ejecutivo, José López Mazz, dijo en ese entonces que Castro sufrió "apremios físicos" con fractura de una de sus costillas.

En marzo de 2012, Zabala fue procesado con prisión por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, quien lo halló cómplice del "homicidio especialmente agravado" de Castro.

En abril de 2013, la fiscal María Camiño rechazó un pedido de liberación de Zabala, que se dio luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad, aprobando que los crímenes cometidos en la dictadura no son de lesa humanidad, sino delitos comunes y que prescribieron el 1° de noviembre de 2011. La fiscal no coincidió con esa posición y entendió que en este caso se debe aplicar la normativa internacional.

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