El exdirector de la Guardia Republicana y de la Policía de Colonia, Robert Yroa, fue acusado por el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez, por un delito de tráfico interno de armas a cumplir con la pena de 18 meses de prisión efectiva. Ahora, se aguarda por la fecha del juicio en la que se definirá el destino de Yroa, quien había sido imputado sin cárcel en febrero.
La maniobra de la que fue protagonista se descubrió en 2016, mientras que Yroa era jefe de Policía en Colonia. Según información a la que pudieron llegar los investigadores, este proceder ilícito se había comenzado a gestar en el año 2008, cuando el imputado -de 61 años- ya cumplía funciones en el Ministerio del Interior.
Todo se inició en el marco de una importación de armamento por parte de la cartera, que fue autorizada a comprar 40 subfusiles, dos fusiles francotirador -rifle Élite- y 30 escopetas, según relata la acusación fiscal a la que accedió El País.
A pesar de que la autorización mencionaba únicamente dos fusiles francotirador -por un costo de 3.470 euros de ese momento-, la investigación comprobó que existió un tercero en ser encargado y llegar a Uruguay.
De este último nunca se consiguió documentación que corrobore el destino que tuvo finalmente, al menos hasta luego de iniciado el caso.
Actualmente se determinó por distintas evidencias que ese rifle estuvo por varios años en su posesión. Una de ellas fue una “constancia” del representante regional de la marca del arma, quien aseguró que Yroa la adquirió junto a las otras dos del Ministerio del Interior, pagándola él mismo de forma personal.
Luego de recibir este escrito, la cartera pudo constatar que la compra fue hecha en régimen de exoneración de impuestos.
De igual manera, este delito no pudo ser investigado por el fiscal Rodríguez ya que cuenta con una prescripción de 10 años, que venció ya hace seis.
Investigación
Tras más de ocho años en los que el arma estuvo en poder de Yroa de forma irregular, fue descubierto al realizar un intercambio con un conocido suyo.
Este otro hombre se presentó en agosto de 2016 en el Servicio de Material y Armamento del Comando General del Ejército -perteneciente al Ministerio de Defensa-, con el objetivo de registrar un rifle marca Steyr, modelo Élite, calibre 308, según describe la acusación del fiscal Rodríguez a la que accedió El País.
Esta persona dijo conocer al imputado por haber coincidido en competencias de tiro, debido a que ambos integraban de forma activa el mismo club.
El intercambio irregular se dio debido a que el hombre que intentó registrar el rifle se había inscrito en una competencia en Buenos Aires, Argentina, para la que no contaba con el arma adecuada.
Con conocimiento de esto, Yroa le ofreció la suya. Ya que para poder trasladarlo hacia Argentina era necesario su registro formal, el otro hombre se presentó ante el Ministerio de Defensa para realizar el trámite. Fue allí que se descubrió la irregularidad y desde ese momento se comenzaron a investigar los hechos.
En febrero de este año se llevó adelante una audiencia en la que se imputó a Yroa por un delito de tráfico interno de armas, por el que únicamente se le decretaron medidas limitativas de fijación de domicilio, prohibición para salir del país y retención de los documentos de viaje por un plazo de 60 días.
Actualmente, en la acusación fiscal, Rodríguez solicitó 18 meses de prisión efectiva. Fuentes del caso indicaron a El País que la solicitud del fiscal se encuentra en traslado hacia la defensa de Yroa. Y hasta el momento no se cuenta con fecha definida del control de acusación ni del juicio.
Dos policías presos por tráfico de armas
Pocos días después de la imputación de Yroa, dos funcionarios policiales llegaron a un acuerdo abreviado y fueron a la cárcel por el delito de tráfico interno de armas y municiones. Si bien la primera hipótesis que tuvieron los investigadores apuntaba a un presunto vínculo con la banda de los Albín en Villa Española, finalmente el caso tomó un giro. Indicios daban cuenta que los ahora condenados estaban colaborando con un grupo criminal de Colonia.
Consultadas por si podría haber existido una conexión entre estos dos funcionarios y el accionar ilícito de Yroa, fuentes del caso negaron esto a El País y señalaron que lo del exdirector de la Guardia Republicana constituyó un “caso aislado”.
Con respecto a los dos policías, uno de ellos cumplía funciones en la Dirección de Hechos Complejos, mientras que el otro lo hacía en el Grupo de Respuesta Táctica.
Según informaron en ese momento fuentes del caso a El País, una apertura de teléfono a uno de ellos fue clave para encontrar información que los incriminara en la actividad delictiva. Actualmente cumplen el tercero de los seis meses de prisión a los que fueron condenados.
Del relato fiscal de Raúl Iglesias durante la audiencia a la que asistió El País, surgió que uno de los condenados tomaba municiones de un depósito, en el que era jefe, para facilitárselas a bandas criminales. Su abogado, Pablo Casas, declaró en ese momento que se trataba de un policía “con más de 20 años de carrera”.
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