El fiscal Luis Pacheco solicitó en la tarde de este martes a la Justicia el archivo del caso Gas Sayago. El abogado Juan Pablo Decia, defensor de dos exjerarcas de UTE indagados en la causa, confirmó la noticia a El País. El expediente se inició por denuncias de UTE y Ancap por supuestas irregularidades en la gestión.

En la investigación del caso faltaba como prueba un exhorto de Brasil, que ya llegó y no arrojó nada nuevo, según pudo saber El País.

"En suma, y siguiendo los conceptos doctrinarios y jurisprudenciales parcialmente transcriptos en el presente dictamen, la Fiscalía considera que no surge de autos que los funcionarios públicos indagados hubieran incurrido en actos arbitrarios -formal o sustancialmente contrarios a las normas que regulan el ámbito de la actividad funcional-, persiguiendo además una deliberada finalidad de causar perjuicio a la Administración o a los particulares; por lo que -entendiéndose suficientemente instruidos los hechos denunciados- puede Ud. disponer el archivo de las presentes, sin perjuicio de eventuales remisiones ulteriores de información por parte de las autoridades de la República del Brasil", dice el dictamen del fiscal Pacheco, según informó Fiscalía.

El 18 de noviembre de 2013, el Poder Ejecutivo otorgó a Gas Sayago -empresa que pertenecía a UTE (80%) y a Ancap (20%)- la concesión del gasoducto que conectaría la terminal de Puntas de Sayago con el Gasoducto Cruz del Sur, de Argentina. El plazo del acuerdo entre ambos países sería de 20 años después de que se concretara la obra de Puntas de Sayago. Debido a que Argentina perdió interés en el negocio, la obra quedó inconclusa.

Archivo Cazala

El 12 de diciembre de 2019, el directorio de UTE resolvió que se debían iniciar acciones para efectivizar el cierre y la liquidación de la planta regasificadora Gas Sayago . La decisión ocurrió cuatro años después de que se detuvieran las obras de uno de los proyectos más ambiciosos del entonces presidente de la República, José Mujica.

A mediados del 2021, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el abogado penalista Jorge Barrera presentaron en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado una denuncia penal para que se investigaran eventuales irregularidades en las inversiones y gastos de Gas Sayago. Poco después, el directorio de Ancap resolvió acompañar a UTE en la demanda judicial.

“En base a la evidencia del informe de Price (la consultora PricewaterhouseCoopers) está documentado que el proyecto no era viable desde su inicio y que hubo cuatro instancias clave en que el proyecto pudo detenerse”, dijo Emaldi a la prensa en el momento de la entrega de la denuncia.

La obra de la regasificadora representó pérdidas para el país de unos US$ 150 millones, según señalaron en su momento a El País fuentes de UTE.